“Si analizamos las desastrosas reformas al Seguro Social de los últimos 50 años, podemos concluir que no se resolvió la crisis del Programa de Invalidez y Muerte; por el contrario, la situación se agravó”.
En los años 70, la dictadura militar tomó la decisión de reducir la edad de jubilación anticipada a 55 años. Esta medida afectó negativamente a las personas mayores de 40 años, ya que las empresas no querían contratarlas por temor a invertir en su capacitación y que luego se retiraran a los 55 años. Además, la institución se convirtió en la “caja chica” de la dictadura, siendo saqueada a través de proyectos de viviendas. Un exdirector de la época fue detenido en el Aeropuerto de Tocumen con varios millones de dólares robados de esta entidad.
En respuesta a esta situación, en los años 80 se propuso un proyecto paramétrico, supuestamente para fortalecer el programa de Jubilación, Invalidez y Muerte. Se aumentaron las cuotas obrero-patronales al 22% y se incrementó la edad de jubilación de las mujeres de 55 a 57 años, y la de los hombres de 60 a 62 años.
A finales de 1989, con la llegada a la presidencia de Guillermo Endara, las medidas paramétricas ya habían fracasado. Como resultado, el presidente reguló la jubilación máxima a mil quinientos dólares, eliminando las jubilaciones especiales que excedían este monto.
En 2005, el presidente Martín Torrijos aprobó una reforma que afectó gravemente al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), introduciendo un subsistema que aumentó las jubilaciones a dos mil quinientos dólares mensuales. Esto fue un error, ya que no había recursos para sostenerlo. Los futuros cotizantes bajo este subsistema tendrán jubilaciones muy bajas, ya que recibirán entre trescientos y quinientos dólares mensuales una vez agotados sus ahorros. En contraste, otros seguirán recibiendo hasta dos mil quinientos dólares mensuales. Es necesario revisar estas jubilaciones y reducirlas a mil quinientos dólares, ya que los beneficiados son, en muchos casos, personas que han ocupado cargos sin mérito en los últimos años.
Después de cuatro años, el programa de jubilación ya estaba colapsando. Los mandatarios posteriores no tomaron las medidas necesarias para salvar la Caja de Seguro Social, ya sea por temor al costo político o por incompetencia, corrupción e ineptitud. Uno de los problemas más graves ha sido el desfalco cometido por personas sin escrúpulos, que han jugado con la salud de la población. En los últimos años, ocho directores aumentaron la planilla en casi diez mil personas sin la preparación adecuada, politizando la Caja y debilitando sus finanzas en perjuicio de la salud.
Señor presidente Mulino, no castigue más al pueblo con medidas paramétricas que ya han fracasado ni con nuevos impuestos que afecten a los más humildes. Le sugiero aumentar del 25% al 30% los impuestos a las ganancias y destinar esos recursos al sistema IVM. Si los ingresos no son suficientes, se podrían implementar impuestos adicionales sobre los puertos, ferrocarriles y otros sectores que se benefician ampliamente.
En 2010, se redujo en un 5% el impuesto de renta a las personas jurídicas y se castigó al pueblo aumentando el ITBMS del 5% al 7%, un impuesto que benefició a las empresas.
Le aseguro, señor presidente, que si toma las decisiones correctas, en los próximos sesenta años sus nietos y las futuras generaciones le agradecerán por permitirles jubilarse dignamente.
El autor es corredor de bienes raíces
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