En dos acciones separadas, el expresidente Ricardo Martinelli y la exdiputada Zulay Rodríguez han presentado querellas por el delito de “abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos” contra magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por sus actuaciones en distintos procesos judiciales.
Querella de Ricardo Martinelli
La querella de Martinelli, presentada el 25 de octubre de 2024 ante la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, fue interpuesta por los abogados Alejandro Pérez y Carlos J. Navarro contra la magistrada presidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias. La acción se centra en su condición de ponente de una acción de inconstitucionalidad relacionada con el fallo del caso New Business, en el que Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones.
Según la querella, el 21 de agosto de 2024, el abogado Carlos Eugenio Carrillo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la sentencia emitida por la jueza Baloisa Marquínez, del entonces Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales. La acción buscaba declarar inconstitucional la sentencia por la supuesta violación del principio de especialidad. La querella señala que, transcurridos más de dos meses, la magistrada López Arias no había dado curso al proceso.
Como parte de la querella, se solicitó una compensación de $20 millones por los daños supuestamente causados. Sin embargo, el 19 de diciembre de 2024, la CSJ anunció que no admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por Carrillo. Dado que la diputada Shirley Castañeda, presidenta de esta comisión, fue parte del equipo de defensa del exmandatario, se plantea que debería apartarse del conocimiento de esta querella.
Querella de Zulay Rodríguez
El 30 de octubre de 2024 quedó registrada la querella de la exdiputada Zulay Rodríguez contra las magistradas Ariadne García, María Cristina Chen Stanziola y María Eugenia López Arias. Esta acción se basa en su participación en el proceso penal relacionado con las láminas de oro, presentado por Juan David Penagos Ríos contra Rodríguez.
La querella detalla un conjunto de supuestas irregularidades cometidas por la magistrada Chen Stanziola, quien fungió como fiscal, y la magistrada García, quien actuó como juez de garantías. Según la querella, estas actuaciones fueron parte de un plan para afectar la trayectoria política y electoral de Rodríguez. Asimismo, se menciona a la magistrada María Eugenia López Arias como superior jerárquica en el sistema penal acusatorio, vinculándola con la negativa de una solicitud hecha por otro abogado.
En el documento, también se señalan supuestas enemistades entre Rodríguez y figuras como el exprocurador general Javier Caraballo y el diputado Raúl Pineda. Además, se menciona al periodista Mauricio Valenzuela como parte de intentos por dañar la reputación de Rodríguez. La querella establece una compensación de $100 mil por los daños alegados. El caso Penagos concluyó mediante un acuerdo extrajudicial entre las partes.
Delitos señalados en las querellas
Ambas querellas acusan a las magistradas de la presunta comisión de los siguientes delitos establecidos en el Código Penal:
Artículo 355: “El servidor público que, abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana”.
Artículo 356: “El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana”.
Proceso en la Comisión de Credenciales
Si la Comisión de Credenciales considera que alguna de estas querellas tiene fundamento, se iniciará un proceso contra las magistradas involucradas. En este contexto, se aplicará el principio de la prueba idónea, y la comisión deberá designar a tres de sus miembros como jueces de garantías. Por su parte, el pleno de la Asamblea Nacional tendrá la responsabilidad de nombrar a un diputado como fiscal de la causa. Desde 2015, cuando se procesó al magistrado Alejandro Moncada Luna, la Asamblea Nacional no ha juzgado a ningún miembro de la CSJ.
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