Desde la segunda quincena del recién finalizado mes de agosto, el gobierno nacional ha iniciado una serie de consultas con gremios empresariales, obreros, de educadores y políticos, sobre el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS).
Encabezadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, las consultas han puesto sobre la mesa la decisión y el interés de cada sector en resolver un problema que, por las razones que sea, no fue abordado en su momento respectivo por las administraciones anteriores, lo que ha dado paso a un peligroso deterioro de programas de la Caja, como el de Invalidez Vejez y muerte.
Cada encuentro ha permitido conocer las posiciones de parte y parte. Mientras que el mandatario ha dado paso a un intercambio franco y abierto, y ha sido tajante en que la privatización no está contemplada en el proceso, los distintos sectores consultados han expresado: 1/ su cuestionamiento a las reformas de 2005; 2/ su deseo de que se retorne al sistema solidario que caracterizó a esa entidad y que fue eliminado en la fecha señalada. 3/ que se revise el sistema de pensiones y 4/ la desconfianza que engendra en algunos la presencia en la nueva reforma de protagonistas de 2005.
Pero Mulino Quintero se ha pronunciado por evitar la prolongación sin límites de en un tema que, por años, parece estancado en las mismas preocupaciones o en los mismos intereses, en tanto que la Caja sigue su camino hacia el desastre. Sobre los protagonistas, que con seguridad se refiere al nuevo director de la CSS, Dino Mon, lo cierto es que este representa una propuesta política que corresponde al nuevo gobierno.
El presidente aspira a resolver el problema lo antes posible. Se ha discutido bastante, ha dicho, pero subraya la necesidad de profundizar en el debate, y sobre todo, de construir una posición lo más unitaria posible en base a las propuestas de los sectores involucrados. Eso sí, que cada apuesta implique señalar de dónde saldrán los fondos para aplicar lo que se propone. Que se diga “¿quién paga la fiesta?”. Ha advertido que el dinero debe salir de todos, no de un sector en particular.
Lo que Mulino Quintero pretende evitar es que el debate se estanque en temas sin salidas, o que deriven en otro tipo de consulta o forma de tratarse. El problema es resolver la situación de la entidad social, sin desviarse del objetivo. Si se trata del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que se resuelva ese problema. Si es el de pensiones, que se aborde eso en particular… si se trata del sistema solidario, que eso ocupe la agenda, y no caer en un pantano de acusaciones mutuas sin perspectiva alguna.
La franqueza con que se han llevado adelante las consultas subraya prioridades, en lugar de utilizar el tema para abordar otros que tienen mucho de estructurales, encuentran asidero en el tratamiento por separado. Obviamente, por lo años de lucha de que llevan varios de los actores del diálogo, aflora una constante, que en ocasiones impide que las partes se pongan de acuerdo: desconfianza, una categoría que solo se resuelve en el debate, con objetivos claros y con el respeto a los acuerdos.
La perspectiva inicial apunta hacia la amplitud con que Mulino Quintero se ha presentado. En consecuencia, las posibilidades de acuerdos consensuados podrán depender, más de los sectores representativos de la sociedad, que del propio gobierno. No significa esto que las autoridades vayan a renunciar a su responsabilidad histórica. Mulino Quintero se ha puesto al frente del problema, ha asumido su responsabilidad. Así que es evidente que la posición oficial ha abierto puertas para que cada quien aporte a la solución, no al problema.
El autor es vocero del presidente de la República, José Raúl Mulino.