El año 2025 estará marcado por dos eventos de gran relevancia que influirán en el rumbo del país. Por un lado, el debate sobre la reapertura de las operaciones mineras en Panamá, centrado en la controversia con la subsidiaria de First Quantum Minerals, Minera Panamá. Por otro, el inicio de los programas nacionales de docencia sobre constitucionalidad y las reformas a nuestra Carta Magna. La trascendencia de estas reformas radica en el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la consolidación de nuestras instituciones democráticas, el aumento de la confianza en Panamá por parte de los mercados internacionales y la garantía de que la justicia no reconoce fueros ni privilegios.
Una Constitución consta de dos partes fundamentales: la sección dogmática y la orgánica. La parte dogmática establece los derechos y libertades fundamentales, las responsabilidades ciudadanas y los principios doctrinales que guían la gobernanza del país. En contraste, la sección orgánica define la organización del poder del Estado, regulando la institucionalidad y los procedimientos que afectan al territorio, la población y los órganos públicos.
La Constitución de Sudáfrica es un referente destacado en este ámbito. Su parte dogmática ha funcionado como un medio unificador y reparador en un contexto donde las instituciones sufrieron deterioro debido a la injusticia y la corrupción. Considerada una de las constituciones mejor elaboradas, ofrece un marco robusto de protección a las garantías fundamentales, permitiendo a los tribunales operar con verdadera independencia. Este modelo de gobernanza post-Apartheid aborda conflictos mediante principios de justicia restaurativa y asegura la protección de derechos humanos fundamentales.
El Tribunal Constitucional de Sudáfrica es un ejemplo clave. Garantiza la separación de poderes al evitar la intervención de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial en la interpretación de la Constitución. Sus decisiones vinculantes son finales e inapelables, y la designación transparente de sus jueces refuerza su independencia. Audiencias públicas abiertas y un diseño institucional robusto garantizan que el tribunal opere sin presiones externas.
En Panamá, resulta urgente la creación de una Corte Suprema Constitucional que cuente con magistrados independientes, íntegros y jurídicamente capacitados para proteger el orden democrático.
A pesar de que las leyes panameñas son claras respecto a la prescripción de los delitos de corrupción y contra la administración pública, es fundamental establecer comités judiciales especializados en investigar crímenes contra la nación. Un ejemplo inspirador es la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, que abordó las injusticias del régimen del Apartheid promoviendo la reconciliación nacional. Este logro fue posible gracias a un marco constitucional que combinó justicia restaurativa y certeza del castigo, garantizando el respeto a los derechos humanos, sociales, económicos y culturales.
En Panamá, la necesidad de reparación y de asegurar que ningún ciudadano esté por encima de la ley exige un marco constitucional independiente y robusto. Solo así será posible construir un país más justo, con instituciones fortalecidas y libre de privilegios.
El autor es internacionalista.
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