Entre otros distinguidos expertos en asuntos relacionados con el empleo, el consultor empresarial René Quevedo lleva largo tiempo instruyéndonos sobre la precaria situación que en este campo vive Panamá. Recientemente se refirió al informe de 2023 de la OIT sobre el panorama laboral para América Latina y el Caribe, y nos dejó ver una fulminante verdad: que el problema laboral que enfrenta el país es de crisis de confianza y de desarticulación del conjunto de medidas requeridas para el desarrollo humano. En adición, señaló que de poco sirve hablar del potencial turístico, industrial o logístico de Panamá si no somos capaces de atraer las inversiones necesarias para hacerlo realidad; que “potencial sin inversión es ilusión”.
En nuestro maltratado país, los intereses mezquinos en asuntos laborales tienen primacía sobre el Derecho Humano “de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y a contar con medidas oficiales adecuadas para garantizar dicho derecho” (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Tales objetivos se recogen también en lo esencial del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y las acciones deben ser “deliberadas, concretas, e ir dirigidas hacia la plena realización del derecho al trabajo” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 35º período de sesiones).
El resultado de la negligencia en esto es que la informalidad será pronto la base laboral del país, representando un costo alto para la economía, la sociedad en general y, especialmente, para el Estado porque reduce los recursos fiscales para financiar inversiones y programas de desarrollo social. Mientras, gobiernos faltos de previsión nos abruman con exposiciones sin conclusiones definitivas, obviamente porque no logran armonizar las múltiples variables que afectan el desarrollo de los diversos campos sociales y económicos, y seguramente también por condenables decisiones políticas.
Ahora bien, vista la existente bifurcación concepto/aplicación de la multiplicidad de normas y acuerdos, interesa entender que el derecho al trabajo no pertenece únicamente a cada individuo empleado, sino a toda la sociedad. Esto impone a los Estados la adopción de medidas dirigidas a propiciar el trabajo decente para la población entera, sin discriminaciones y con respeto a la dignidad humana, como claramente expone la Agenda 20-30 para el desarrollo sostenible. En lenguaje sencillo, este instrumento está dirigido a impulsar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y digno “para todos”, con punto de partida en la sólida formación de las personas a efecto de prepararlas para el trabajo productivo.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en un análisis coyuntural del observatorio del mercado laboral (2021), textualmente afirmó lo siguiente “La combinación de ambos fenómenos (desempleo e informalidad) representa no solo un colosal desperdicio de recursos productivos (bien ociosos, o bien ineficientemente utilizados), sino también una condición nefasta para la lucha contra la pobreza y la aspiración de mayor equidad en la sociedad. En efecto, altos niveles de desempleo e informalidad son característicos de los grupos de menores ingresos, que son además castigados por la baja calidad del recurso humano del que disponen, y que trasiegan por ello su vida entre desocupación, oficios de rebusque o empleos mal remunerados. Los grupos más pobres tienen una alta tasa de desempleo, una alta tasa de informalidad, poca calificación y una remuneración media muy inferior a la del promedio de la sociedad”.
Conozco dos mediciones usadas por algunos para registrar la informalidad: (1) los empleados de particulares, los que trabajan por cuenta propia (con excepción de los profesionales independientes) y (2) los patronos y empleados que laboran en establecimientos de Pymes amparadas por características informales, con baja productividad y sin capacidad para crear nuevos empleos. Si ninguna de estas dos mediciones califica como empleo formal, entonces, ¿no deben tener calidad de desempleo para efectos estadísticos y económico-sociales, aunque sean consideradas parte del “proceso productivo’” del país? Citando nuevamente al Mitradel, desempleo e informalidad se combinan para crear “una condición nefasta”; ergo, tienen enlaces comunes.
La informalidad, advierten, reduce la productividad de toda la economía, en oposición al aumento que genera el sector formal. Siendo así, asustan las cifras del Mitradel y de la Contraloría General, si las comprendemos bien: la tasa de ocupación informal en abril de 2022 era de 48% y la del desempleo 9.9%, de una población económicamente activa de dos millones de personas. Si los informales también son “no empleados”, ambas condiciones en conjunto representaron el 57.9% de la población económicamente activa. Trágico.
Pareciera estar claro que lo que hagamos requiere también tener en cuenta la futura e inevitable condición de dependencia de estas gentes cuando vayan llegando a la tercera edad. Considerando que la mayoría de los empleados formales tienen ya obligaciones accesorias que limitan su poder adquisitivo, que tenemos una tasa de pobreza general de 25%, y que los jubilados actuales viven en la precariedad o han tenido que migrar a nivel inferior al que tenían, está claro que una enorme población estará, en tiempo que vendrá, en un ámbito de severa vulnerabilidad. Ello constituye riesgo no solo para su salud, vivienda, alimentación y otras cosas, sino también para la calidad de vida de quienes tienen que cargar con su atención. Estamos hablando de situaciones que provocarán un profundo malestar social y político.
Abultar subsidios y planillas estatales como válvulas de escape para paliar brevemente esta crisis -o para comprar adeptos electorales- va a contrapelo de la función de largo plazo del Estado y de la equiparación constitucional y legal de todos los panameños. Lo que apunta René Quevedo de la encrucijada inédita de Panamá es real; igualmente lo es que el país debe enfrentar la transformación de su política de desarrollo, para lo cual necesita inversión en variados campos. Esto no se dará sin orientaciones públicas integradas que tiendan a la transformación productiva de la población en todas las áreas, y generen real valor público con proyección a futuro.
El autor fue vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
