Es propio de todas las cosas tener en sí mismas un tanto de blanco y un tanto de negro. Ningún proceso social y político avanza perfecto, como un logro definitivo, sino que por el contrario cada paso dado implica reconocer nuevos retos y cosas por enmendar. Este es el caso de la ley que regula situaciones de conflictos de interés en las oficinas públicas de Panamá. Es una iniciativa que tardó muchos años en concretarse y, por eso, es una victoria importante. Pero al tiempo es una oportunidad para reconocer sus límites y sus desafíos.
En cuanto a la victoria, los logros y aquello que hay que celebrar, es imperativo que cada país democrático reconozca los riesgos que existen de tener un Estado capturado por intereses particulares. No es posible mantener una democracia en buen estado de salud en un contexto en que lo que es de todos termina siendo de unos pocos, porque eso deslegitima gravemente el apoyo que los ciudadanos dan al sistema. En Panamá, donde según la última Encuesta de Ciudadanía y Derechos del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) el principal problema del país es la corrupción y tan solo el 46.8% de las personas apoyan la democracia como mejor forma de gobierno, era urgente comenzar a tomar medidas al respecto.
Específicamente, es un avance en la limitación de las puertas giratorias, el fenómeno en que los funcionarios que transitan y tienen cercanía entre la empresa privada y el Estado crean situaciones en que es difícil estimar si las acciones obedecen a intereses públicos o privados, desdibujando el ideal de la función pública. También hay que aplaudir que ahora exista la obligación de presentar una declaración jurada de intereses para la mayoría de altos cargos del Estado, que en las instituciones públicas se exija un Manual de Conducta que identifique procedimientos en caso de posibles conflictos de interés, y que se dote a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) con herramientas para investigar y sancionar los casos en que se viole la nueva ley. Después de muchos años de perseguir una ley de este tipo, Panamá se pone a la altura de países como España, Chile y Argentina en materia de legislación sobre estos temas.
En cuanto a los retos que se abren, lamentablemente el problema es más complejo que lo que aborda la ley. En términos de corrupción el principal desafío que enfrenta Panamá no es el de promulgar leyes que reconozcan y castiguen las conductas que se apropian de lo público en beneficio particular, ni el dotar de nuevas funciones a organismos de control y transparencia. Esto es importante, sí, pero no es suficiente, tal y como lo demuestran los escándalos y denuncias sobre cómo los organismos de control también terminan, por omisión o acción, siendo ejemplos de corrupción en sí mismos.
La batalla principal, el quid de la cuestión, está en comprender que el problema de la corrupción no es de unos pocos que se han desviado de las normas, sino de unas lógicas de uso de lo público en beneficio particular que históricamente han penetrado en las instituciones públicas, la empresa privada y la sociedad misma. Panamá, como otros países de la América Latina, no solo necesita enfrentar la corrupción de quiénes se desvían, sino también confrontar su idea del Estado como garante de lo público, de lo que es de todos.
Todo eso implica un arduo trabajo en distintas dimensiones. Para comenzar, de presencia y mantenimiento material de los bienes y servicios públicos. Por ejemplo, que el servicio de recolección de basuras funcione, porque es imposible reconocer y defender como algo de todos lo que no se puede ver en la práctica. Por otro lado, es necesario un trabajo de sensibilización mediática en torno a lo público, que se difunda e interiorice lo que significa y pesa que alguien se apropie de recursos públicos, que, por poner de nuevo un ejemplo, podrían ir a mejorar la actual calidad de la atención en salud de los panameños. Finalmente, un trabajo en las garantías y protección de un sistema institucional y social de control y sanción de la corrupción, de modo que no sea más costoso denunciar que callar.
Esta batalla es más lenta y más costosa. Pero hay que darla, porque es en ella donde realmente se juega que los recursos públicos estén mejor protegidos frente a la corrupción, algo que permitirá un mayor bienestar para los panameños y panameñas.
El autor es politólogo, doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS)
