Cuando uno llega a un centro de salud de la localidad observa la demanda que existe por los servicios de salud sexual y reproductiva. También podrá identificar las dificultades que experimentan los usuarios, y que requieren de un abordaje transversal y la debida atención de las autoridades. Pero más preocupante son esas personas sexualmente activas que no planean buscar asistencia médica por vergüenza, por desconocimiento de los servicios que de manera gratuita o de bajo costo, ofrecen las instalaciones de salud, por ser menor de edad o porque han escuchado experiencias negativas de otros.
Es una realidad que el sistema de salud no puede captar fácilmente a ese grupo de la población que no asiste a sus instalaciones, y es por esa razón que una educación sexual en las escuelas debería llenar ese vacío. Esta es la población que está en mayor riesgo de un embarazo no deseado, abortos provocados o una enfermedad de transmisión sexual (ETS), e incluso desconocer sus derechos ante situaciones de abuso sexual.
La educación sexual tiene el objetivo de conocer el funcionamiento del cuerpo, abordar de forma integral la sexualidad como parte inherente del individuo y brindar las herramientas para llevarla de manera responsable. También permite identificar y prevenir el abuso, y ayuda a planificar su futuro. Sin duda esta educación debe estar acorde a la edad y nivel de capacidad del individuo, pero estandarizada de una forma en que las personas indistintamente de su condición familiar y socioeconómica reciban la misma información que las prepare para la vida.
Sin embargo, las estadísticas han sido insuficientes para que nuestros gobernantes reconozcan que las infecciones de transmisión sexual y el embarazo en adolescentes son un problema de salud pública, y que cada hijo o hija de una niña o mujer que no ha finalizado su formación académica tiene el riesgo aumentado de repetir el mismo ciclo que perpetúa la pobreza y la desigualdad.
Esta ley es la deuda pendiente que nadie quiere asumir por las implicaciones políticas, la que atacan con conspiraciones sin fundamento, ignorando cifras y datos nacionales. Cada día que pasa, representa una generación perdida de oportunidades, un empeoramiento de la salud del país y un gran costo socioeconómico que nos afecta a todos. Necesitamos que el próximo gobierno asuma las responsabilidades y los cambios que necesitan introducirse en diferentes niveles e involucrar a todos los actores clave en esta discusión.
La autora es magíster en salud pública y miembro de Ciencia en Panamá