El crecimiento económico sostenido no es producto del azar. Según las principales teorías del desarrollo, depende de la acumulación de capital, el avance tecnológico y la mejora en la productividad. Para que estos factores se traduzcan en bienestar, es necesario un entorno que favorezca la inversión, la innovación y la eficiencia. Ese entorno tiene un nombre: libertad económica.
Panamá ha sido, por décadas, un ejemplo regional de los beneficios de este modelo. La apertura comercial, la estabilidad macroeconómica y el protagonismo del sector privado han permitido al país triplicar su empleo desde 1990, elevar su ingreso per cápita por encima del promedio latinoamericano y alcanzar un Índice de Desarrollo Humano clasificado como “muy alto”. Más del 80% del Producto Interno Bruto nacional proviene de la producción de mercado. Este dato confirma que es el sector privado quien genera riqueza, empleo y oportunidades para la mayoría de los panameños.
Sin embargo, el país enfrenta desafíos estructurales que amenazan con frenar su avance. Uno de ellos es el descenso de la natalidad: en 1960 nacían 41 niños por cada mil habitantes, mientras que en 2022 la cifra se redujo a solo 17. Con una población que envejece y una fuerza laboral que crecerá más lentamente, la única vía sostenible de desarrollo es aumentar la productividad. Y eso requiere inversión, tecnología y capital humano. Pero también hay problemas más inmediatos. Una parte significativa de la economía opera en la informalidad. Esta realidad no se combate con controles de precios o subsidios masivos, sino creando empleos formales, mejor remunerados y más productivos.
Los países que han limitado la libertad económica en nombre de la igualdad han terminado sufriendo estancamiento, inflación, pobreza y migración masiva. Los casos de Cuba, Venezuela o Nicaragua deberían servirnos de advertencia. No hay desarrollo sin inversión, y no hay inversión sin reglas claras ni respeto a la libre empresa y la seguridad jurídica.
Panamá tiene la oportunidad de dar el siguiente salto. Para ello, debe apostar con decisión por el desarrollo de su sector secundario: manufactura, industria, servicios técnicos y tecnología. Estos sectores permiten diversificar la economía, mejorar salarios y reducir la dependencia de actividades de baja productividad.
La industrialización representa una de las vías más efectivas para elevar la productividad, diversificar la economía y generar empleos de calidad. A diferencia de los sectores tradicionales, la industria permite agregar valor a la producción nacional, reducir la dependencia de las importaciones y fomentar cadenas de suministro locales. Además, impulsa la transferencia tecnológica, estimula la formación técnica y crea empleos estables y mejor remunerados. Para Panamá, apostar por una estrategia industrial bien diseñada significa transformar su modelo económico hacia uno más resiliente, inclusivo y competitivo, capaz de sostener el crecimiento en un contexto de desaceleración demográfica y cambios estructurales en el mercado laboral.
El futuro no está en repartir la pobreza, sino en multiplicar la riqueza. Eso solo se logra fortaleciendo al sector privado, impulsando la productividad y asegurando un entorno de libertad económica. Panamá ya ha demostrado que este camino funciona. Ahora toca profundizar en él con visión, coraje y responsabilidad.
El autor es economista y miembro de la Fundación Libertad.
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