El tema de las planillas de la Asamblea sigue dando de qué hablar. Todo empezó con las publicaciones del diario La Prensa sobre cómo muchos de los pagos por servicios profesionales (planilla 172) eran parte de una fachada para desviar fondos para los diputados y muchas de las donaciones terminaban en fundaciones lideradas por los propios diputados o por personas allegadas a estos. Los escandalosos detalles no han dejado de ser publicados por los medios, hasta ahora con muy pocos avances en la investigación y la negativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, de permitir la auditoría forense de la Contraloría General, actuando en contra de la Constitución y la ley.
El gasto de las planillas 080 y 172 en la Asamblea fue de $5 millones en 2015, $79 millones en 2016 y $81 millones en 2017. Lo más llamativo de esta historia es que ambas planillas han sido suspendidas este año y la Asamblea ha seguido operando sin dificultad y sin mayor protesta por parte de los más de 5 mil trabajadores supuestamente afectados.
Pero los escándalos no se han limitado a este período; la última entrega de La Prensa corresponde a pagos de la planilla 172 en 2011- 2012, cuando el presidente de la Asamblea era Héctor Aparicio y en el que los beneficiarios de los pagos fueron trabajadores eventuales de los establos del Hipódromo Presidente Remón.
Los trabajadores declararon haber cambiado múltiples cheques de la Asamblea Nacional, sin haber prestado los servicios y devolviendo, a la persona que los llevó a cambiar los cheques, la gran mayoría del efectivo. Un delito de peculado conocido como “cash back”.
Lo que más nos preocupa de todo esto ha sido la historia de Camilo Vallejos, alias Patilargo, un mozo que cobró varios cheques de la Asamblea. Patilargo narra cómo lo llevaron al banco a cambiar los cheques para que les entregara de vuelta el efectivo, recibiendo a cambio una pequeña comisión. En su declaración, señaló al excandidato a contralor Bernabé Pérez como el responsable de esta operación. Días más tarde, el 20 de julio, Patilargo fue amarrado y amordazado. El lunes 23 de julio, Patilargo se retracta de sus declaraciones en un documento que fue notariado en la Notaría Décimo Tercera. Posteriormente, el 25 de julio, Patilargo reitera sus declaraciones originales, esta vez ante el Ministerio Público (MP).
Amenazas a testigos, una línea peligrosa. Una práctica que se ha vuelto cada vez más violenta en casos de narcotráfico, pero que en Panamá pocas veces se ha visto en casos de corrupción. Esta amenaza debe prender una alarma que debemos atender sin dilación.
El MP tiene la enorme responsabilidad de investigar y procesar a todo aquel que resulte implicado en este caso, logrando un castigo expedito y ejemplar, para desincentivar a otros que puedan estar enfrentando investigaciones por corrupción.
Los ejemplos en países vecinos indican que estos actos de violencia van en aumento si no son enfrentados con determinación. En Latinoamérica no han sido pocos los casos de testigos, fiscales y jueces expuestos a la violencia para impedir las investigaciones y juicios. En Colombia tuvieron que usar jueces encapuchados para enfrentar el crimen. Todas estas experiencias deben alertarnos sobre las consecuencias que traería el no tomar acciones ante estos primeros signos de violencia frente a las investigaciones de corrupción.
La autora es miembro de Movin
