Sugiero al lector detenerse en la desesperación que Nicolás Maduro y otros altos capos del régimen -Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez- han mostrado públicamente en las últimas semanas: con argumentos desproporcionados y fuera de lugar están exigiendo, en tono casi amenazante, que la justicia argentina libere el avión venezolano, investigado por los servicios que ha prestado a organizaciones terroristas. En su delirio más reciente, Rodríguez ha condicionado el diálogo con la oposición a la devolución del avión y de sus pilotos y tripulantes. Este despropósito no es el primero y probablemente no será el último: ya sabemos que intentó condicionar estos encuentros cuyo destino es el mareo y el agotamiento de la oposición democrática, a la liberación del delincuente Alex Saab.
Maduro, por su parte, ha suplicado -patético- la movilización de sindicatos y movimientos sociales argentinos; Rodríguez ha anunciado que un grupo de diputados (de la ilegítima, ilegal y fraudulenta asamblea) se presentará en la embajada de Argentina en Caracas, con la misma presión. Pedro Carreño le ha dicho al presidente Alberto Fernández que demuestre que no es un pelele del imperialismo, lo que pone en claro la visión desde la que habla: el poder judicial debe ser una instancia que recibe órdenes del Ejecutivo. No se imaginan que, en Argentina, todavía se mantienen espacios de independencia entre los poderes públicos, a pesar de los esfuerzos del peronismo kirchnerista por colonizar la totalidad del Estado.
En el meollo de esta cuestión está el piloto iraní de la nave venezolana: un miembro de QUDS, brazo armado del totalitarismo iraní, organización terrorista, que ha acumulado un largo expediente de apoyo a Hezbolá, la organización política y militar chií libanesa, que los iraníes fundaron en 1982. Hezbolá, con el apoyo iraní, es responsable de decenas de atentados, secuestros y asesinatos.
Sus muertos se cuentan por miles. Entre ellos, la voladura de la sede de la embajada de Israel en Argentina, que mató en el momento de la explosión a 29 personas, dejo heridas y gravemente heridas a otras 250 y, esto es literal, destruyó por completo el edificio.
Este hecho ocurrió en marzo de 1992. Pero la necesidad de sangre no quedó saciada entonces: 28 meses después, en julio de 1994, diseñado por los iraníes y otra vez ejecutado por Hezbolá, volaron la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires. Mataron a 85 inocentes y causaron heridas, en algunos casos de extrema gravedad, a otras 300 personas.
Estos que he anotado hasta aquí son apenas unos mínimos datos de una política, la política del Estado iraní, que consiste en crear, entrenar, financiar y movilizar células y grupos terroristas en todo el planeta. Esta es la tarea primordial de la política exterior de Irán. Y para avanzar con ese objetivo fue creado en 1979 el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), adscrito al ejército de Irán.
A este IRGC pertenece, a su vez, la Fuerza QUDS, unidad de élite de la IRGC, autorizada para actuar internacionalmente. De esa Fuerza QUDS es miembro el piloto del avión retenido en Argentina.
Que quede claro: el piloto es integrante de una organización terrorista.
Tanto la IRGC como la QUDS fueron calificadas como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” en abril de 2019, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, luego de que, a partir de rigurosos análisis de expertos y de informes verificados de inteligencia, se demostró la participación directa de estas entidades en centenares de atentados y asesinatos en más de 40 países.
Pero la IRGC no es solo la más grande y siniestra organización militar del mundo especializada en la promoción y patrocinio del terrorismo (Al Qaeda es uno de sus aliados): es también el más poderoso y ramificado emporio económico, que domina casi todos los más importantes negocios de la economía de Irán. Como advierten los expertos, la IRGC es la gran corporación planificadora y financiera del terrorismo en el mundo, responsable de la movilización de dinero, y que en su expansión ha llegado al extremo, especialmente en América Latina, a desarrollar tentáculos hacia el narcotráfico: en Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y México, la estructura política y militar de Irán, con agentes propios o captados en otros países, participan en operaciones destinadas, tanto a ampliar sus ingresos, como a provocar políticas de desestabilización de las democracias. Recordemos: Irán ha financiado a Pablo Iglesias y a Podemos en España.
Desde hace dos décadas, cuando menos, numerosos informes vienen revelando y denunciando los programas iraníes cuyo objetivo consiste en penetrar y alcanzar presencia en América Latina. Esto significa, en lo esencial, lograr avances y beneficios en lo político y lo económico, también en lo militar y en su enloquecida aspiración de imponer un califato global: un totalitarismo eclesial y militar, que se propone erradicar las libertades humanas y políticas.
Cuando Maduro anuncia, sin consultar a nadie en Venezuela, que entregará un millón de hectáreas a Irán, para promover desarrollos agrícolas, la pregunta que los venezolanos debemos hacernos es: ¿quién puede creer que vendrán a producir alimentos y no a montar un parapeto agrícola, en el que ocultarán instalaciones y actividades militares? ¿Quién puede creer que un Estado, que tiene una política que consiste en exportar el terrorismo, que se ha propuesto conquistar espacios y presencia en América Latina, que se declara enemiga de los regímenes democráticos y de las libertades, no utilizará el territorio venezolano para sus fines declarados, es decir, establecer bases militares desde las cuales profundizar su guerra contra Estados Unidos y otros países, desde un territorio que no es el suyo? Contra ese anuncio, quizá el más grave emitido por el régimen en los últimos años, los partidos políticos y la sociedad deben organizarse y oponerse con todos los recursos legales a su disposición.
El autor es presidente editor del diario El Nacional de Venezuela.
