La mayoría no siempre tiene la razón, especialmente en el sufragio. La falta de educación, el desconocimiento del funcionamiento del Estado y las obligaciones establecidas por la ley de los funcionarios públicos empujan a las mayorías a elegir, en la mayoría de las ocasiones, gobernantes que carecen de razón, inteligencia, capacidad o valores para administrar la cosa pública. Los controles y balances en la administración pública son vitales para la buena gobernanza, pero estos se vuelven casi imposibles de lograr cuando el engranaje mismo de la sociedad carece de integridad, buena educación y de la razón acompañada de valores éticos y morales.
Aun cuando fueron elegidos 23 diputados que no pertenecían al partidismo tradicional, varias unidades han comenzado a desvincularse de la razón que solo se encuentra en la necesidad de hacer de la política un oficio distinto al que siempre se ha practicado en este país, puesto que, de otra forma, el electorado que los eligió hubiese optado por votar por algún partidista que buscaba la reelección. Más allá de ser decepcionante, las malas prácticas de los diputados de la República prueban que no siempre la mayoría tiene la razón, ya que, en varios casos, el elector no votó por los independientes por un discurso, su carisma o su hoja de vida, sino por el hartazgo continuo o el respaldo de figuras políticas con mejor credibilidad como Juan Diego Vásquez. No obstante, el descontento respecto a la participación de diputados de Vamos y MOCA en el almuerzo con el presidente ha sido causado por el constante deterioro de la confianza pública en nuestras instituciones.
Para entender el concepto de corrupción, es importante observar los comportamientos de la sociedad panameña a través de patrones de conducta y la interacción de los individuos con las instituciones y la cultura. Puesto de otro modo, desde un punto de vista sociológico, no se puede hablar de que la corrupción está únicamente engranada en la política cuando se han normalizado comportamientos permisivos de los actos que afectan negativamente la institucionalidad y sus controles y balances. Es común escuchar a los ciudadanos decir que todos los políticos mienten y roban, pero no proponen una respuesta de rechazo a esas situaciones o al “juega vivo” mismo que existe tanto en la clase política como en la sociedad. Otro ejemplo claro es la manera en la que diputados, alcaldes y representantes utilizan los fondos públicos para contratar personal, quienes llevan uniformes con sus nombres estampados de una manera que hace imposible ignorarlos para quienes los vean.
Históricamente, el clientelismo político ha sido parte de nuestros procesos electorales y del mantenimiento de los índices de popularidad de los políticos, quienes, en sus ansias de perpetuarse en el poder, hacen fiesta con el erario público y sus influencias. Sí, el sistema en el que vivimos es parte de un contexto evolutivo en el que, como país, hemos establecido dichas actitudes que nos permiten ser funcionales, o por lo menos que el sistema funcione. Sin embargo, la realidad es que ni los funcionarios funcionan ni los servidores públicos sirven, y esos eventos orgánicamente se han vuelto normas sociales justificables bajo el “todos roban, pero por lo menos este hace algo”.
Nuestro país ha pasado por múltiples periodos de cuestionables favores políticos. Frente a nuestra independencia de España, nos unimos a la Gran Colombia para evitar una reconquista; frente a la separación de Colombia, Estados Unidos nos ayudó a garantizar la no intervención colombiana a cambio de la concesión de la zona del Canal; durante la dictadura militar, la delicada interacción entre Estado y ciudadanía se vio empañada por favores y prácticas corruptas entre la cúpula del gobierno, los dirigentes sociales y el poder económico, creando un sistema para nada pragmático en donde la meritocracia era inexistente.
En conclusión, la asistencia de diputados independientes y del partido MOCA al almuerzo convocado por el presidente José Raúl Mulino, más allá de ser reprochable para sus electores, es un atentado contra los balances del poder del Estado, porque le resta transparencia y credibilidad al Estado de la ya enferma política panameña, desgastando aún más una sociedad que pierde justicia, equidad y libertad de pensamiento con cada elección que pasa.
El autor es internacionalista.
