El sistema de pensiones de Panamá, gestionado por la Caja de Seguro Social (CSS), enfrenta un desafío existencial de sostenibilidad debido al creciente déficit y la presión demográfica. La falta de seguimiento y atención por parte de las cuatro administraciones de gobierno desde que se implementó la reforma de 2005 bajo Martín Torrijos, hasta llegar a la crisis actual de virtual insolvencia, ha generado la imperiosa necesidad de encararlo de frente e implementar reformas profundas que aseguren su viabilidad a largo plazo.
El flamante gobierno de José Raul Mulino se ha propuesto ponerle el cascabel al gato como prioridad número uno, actitud valiente que podría representar un desgaste significativo de su capital político a puertas de iniciar su administración. En este artículo nos proponemos examinar con la mayor objetividad posible las alternativas de solución y las difíciles decisiones que marcarán un diálogo nacional potencialmente díscolo y conflictivo en el corto plazo, tomando en cuenta los impactos económicos y sociales que podrían generar.
Aumento de la edad de jubilación: esta es una de las propuestas más comunes para mejorar la sostenibilidad del sistema. Actualmente, los hombres se jubilan a los 62 años y las mujeres a los 57, pero se ha planteado equiparar la edad de jubilación a 65 años, como en otros países. El impacto positivo sería reducir la presión financiera sobre la CSS, ya que los trabajadores cotizarían durante más tiempo y recibirían sus pensiones durante menos años. Además, permitiría aumentar el número de cotizantes activos en relación con los jubilados, lo que aliviaría el déficit del sistema. Por otro lado, los oponentes aducen que sería un medida impopular, especialmente entre aquellos con trabajos físicamente exigentes o que ya están cerca de la edad de jubilación. Retrasar el acceso a la jubilación podría generar malestar social y resistencia política, lo que dificultaría su implementación.
Incremento de las contribuciones: otra solución es aumentar las tasas de contribución al IVM tanto para los empleadores como para los trabajadores. Actualmente, el empleador aporta el 12.25% y el empleado el 9.75%, pero estas cifras podrían incrementarse para mejorar los ingresos de la CSS. Esta medida generaría un aumento inmediato en los ingresos de la CSS, lo que permitiría cubrir el déficit actual y reducir la dependencia del financiamiento estatal. Un aumento de las contribuciones también ayudaría a evitar la insolvencia del sistema a corto plazo. Por otro lado, el principal riesgo de aumentar las contribuciones es el aumento de los costos laborales, lo que podría desincentivar la creación de empleo formal. Las empresas podrían reducir su contratación o recurrir al sector informal, donde no se realizan contribuciones a la CSS, lo que agravaría el problema de la informalidad laboral en el país. Además, el incremento en las contribuciones disminuiría el poder adquisitivo de los trabajadores, afectando el consumo y el crecimiento económico.
Fortalecimiento del sistema de capitalización individual: el sistema de pensiones panameño es mixto, combinando un esquema de reparto con uno de capitalización individual, producto de la reforma de 2005. Una parte de la solución sería fortalecer el pilar de capitalización individual, incentivando a los trabajadores a ahorrar más para su jubilación. En lo positivo, si fuese bien estructurado, esto permitiría a los trabajadores tener un control más directo sobre sus ahorros para la jubilación. Además, podría reducir la presión sobre el sistema de reparto, ya que una mayor parte de las pensiones provendría de los ahorros personales y no del fondo común. Sin embargo, el problema con este enfoque es que los fondos de capitalización individual en Panamá han mostrado un bajo rendimiento y no cubren adecuadamente a todos los trabajadores, especialmente a aquellos con ingresos bajos o trabajos informales. Esto podría generar una mayor desigualdad en los ingresos de los jubilados, ya que los trabajadores con salarios más altos serían los más beneficiados.
Inyección de fondos públicos: otra alternativa es que el Estado aumente su financiamiento al sistema de pensiones. Actualmente, Panamá destina alrededor del 4% de su PIB a las pensiones, monto compuesto principalmente de los fondos asociados al sistema de reparto, que financia directamente las pensiones de los jubilados actuales mediante aportes de los trabajadores activos. Además, el Estado realiza aportes adicionales para cubrir este déficit y equilibrar las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS). Una proporción menor se destina a la administración del sistema de capitalización individual. También se incluyen fondos para garantizar pensiones mínimas(120 a los 60) a aquellos que no alcanzan los requisitos de cotización. Incrementar el aporte estatal permitiría mantener el nivel de las pensiones sin aumentar significativamente las contribuciones de trabajadores y empleadores, lo que reduciría los efectos negativos en el mercado laboral. Además, podría evitar una crisis social a corto plazo, manteniendo las pensiones de los jubilados actuales. No obstante, esta solución implicaría una mayor presión sobre las finanzas públicas, lo que podría derivar en un aumento de la deuda pública o en la necesidad de incrementar los impuestos. Esto, a su vez, podría tener efectos negativos en el crecimiento económico y la inversión, afectando la estabilidad fiscal a largo plazo.
Hay otras propuestas como eliminar el sistema mixto y volver a un ùnico esquema solidario, pero como bien afirma APEDE, la unificación de los dos subsistemas de pensiones implicaría la apropiación de los ahorros personales acumulados en el sistema mixto y no sería sostenible en el tiempo. En su lugar aboga por la inclusión de un pilar verdaderamente solidario que garantice un jubilación mínima para la población más necesitada.
En resumen, las reformas al sistema de pensiones de Panamá son necesarias para evitar un colapso financiero de la CSS, pero cada opción trae consigo tanto impactos positivos como negativos. Un aumento de la edad de jubilación y las reformas paramétricas ayudarían a mejorar la sostenibilidad del sistema, pero podrían generar resistencia social. Por otro lado, un aumento en las contribuciones fortalecería las finanzas de la CSS, aunque podría afectar el empleo formal y el crecimiento económico. Finalmente, un fortalecimiento del sistema de capitalización individual podría ofrecer una solución a largo plazo, pero requiere mejoras significativas en su administración y rentabilidad.
En última instancia, cualquier reforma debe ser parte de una estrategia equilibrada que combine varios enfoques para asegurar un sistema de pensiones justo, eficiente y sostenible para las futuras generaciones.
Hagamos votos para que las mesas de diálogo convocadas el 16 de setiembre por el Presidente de la República logren navegar estas turbulencias de manera positiva y fructífera. El futuro del país y la paz social están en juego.
El autor es salubrista.
