El nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá pronto estará siendo discutido en la Asamblea Nacional, para su ratificación o rechazo. En las últimas semanas hemos visto a grupos ambientalistas, sindicales y religiosos expresar su inconformidad con aspectos del documento relativos a constitucionalidad, soberanía e impacto ambiental.
El Gobierno y la empresa están llevando campañas de divulgación para dar a conocer los detalles del acuerdo, mientras que varios gremios empresariales han manifestado su respaldo a la ratificación del mismo. Caben las preguntas ¿qué ganamos?, ¿cómo lo medimos?
En el contexto de la compleja coyuntura económica, social y laboral que enfrenta el país, los honorables diputados (as) deberán poner en la balanza los cuestionamientos de los colectivos antes citados, en contrapeso a los beneficios que plantearía el acuerdo en materia de empleo, aportes al fisco e IVM, grado de inversión y clima para la Inversión Extranjera Directa (IED), por tratarse del mayor inversionista foráneo en la historia del país.
No existe otra actividad económica que pueda reemplazar a corto o mediano plazo 4.8% del PIB, 40 mil empleos directos, indirectos e inducidos, aportar $375 millones anuales a las finanzas del Estado, incluyendo $190 millones al programa de IVM, y evitar la pérdida del grado de inversión de la deuda soberana panameña.
Nuestro grado de inversión depende de las exportaciones mineras, según las tres calificadoras de riesgo, Fitch con perspectiva Estable, además de Moody’s y S&P, con perspectiva negativa.
En materia de empleo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral pasó de tramitar 445 mil nuevos contratos laborales en el 2017 a 240 mil en el 2022. Es decir, 205 mil vacantes, contratos, salarios y cotizaciones a la CSS menos en 5 años, al tiempo que pasamos de generar unos 1,900 informales por mes- en 2017- a más de 10 mil en el 2022. La pandemia no creó el fenómeno, lo agravó.
Se generó empleo formal donde hubo inversión: minería, energía y educación, pero 90% de la contracción laboral ocurrió en 4 sectores: construcción (50%), turismo (19%), comercio (14%) e información y comunicaciones (7%), directamente relacionada a menores niveles de inversión privada.
En ese lapso la población en edad productiva creció en 178 mil personas. Se redujo la oferta (-205 mil empleos) y aumentó la demanda potencial (+178 mil).
Asumiendo que sólo 62% de ese incremento sea Población Económicamente Activa (PEA), en 5 años se creó un déficit de 315 mil personas que quieren trabajar y no encuentran un empleo formal. Agregar 40 mil trabajadores del ecosistema minero a la fila de desesempleados, ante un posible rechazo del referido Contrato, plantea un enorme reto social.
Nuestra crisis laboral no es de empleo, sino de confianza. Entre enero y abril 2023, se tramitaron 87,780 nuevos contratos laborales en comparación con 134,435 en el mismo periodo del 2019, y pasamos de generar 3,079 nuevos informales por mes en el 2019, a 10,008 en el 2022.
La economía está generando un tercio menos empleos formales y más del triple de los informales que antes de la pandemia.
El desempleo bajó a 8.9% (Censo INEC 2023) y no se conocerá el porcentaje de informalidad hasta el 30 de octubre 2023, pero es previsible que la reducción de la desocupación sea consecuencia del aumento de los informales.
Se menciona al turismo como alternativa al desarrollo minero, pero 62% de sus empleos son informales (INEC, abril 2022). Hace una década eran 25% (INEC, agosto 2012). Esto sugiere una dramática caída de la confianza de los inversionistas en este sector.
Por último, está la pérdida de competitividad de Panamá para atraer IED, luego de ser un destino favorito en la Región.
El flujo de IED en el 2022 cerró en $2,721 millones (39% a la Zona Libre de Colón y bancos de licencia general), $1,200 menor a los $3,921 millones que recibió el país en 2019.
Pero el reciente informe KPMG 2023 M&A in Latam Survey, señala que México, Brasil y Costa Rica lideran el atractivo para la IED en la región, relegando a Panamá a un noveno lugar, superado también por Colombia, Perú, Uruguay y Argentina.
El contrato con Minera Panamá y la lista gris del GAFI marcarán el futuro de la IED en Panamá.
No obstante, mientras “nos toma más de dos años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos”, otros países están agresivamente buscando oportunidades, atrayendo IED y generando empleos de calidad para su gente. Sin inversión privada, seguiremos produciendo informales.
El autor es consultor empresarial
