Costa Rica ha anunciado que no permitirá el paso a todos los migrantes irregulares que intenten cruzar su territorio para eventualmente llegar a Estados Unidos. “Nosotros podríamos procesar bien 250 a 400 migrantes diarios de sur a norte, pero no como sucedió en septiembre y octubre pasados, 4,000 diarios”, dijo a EFE el ministro de Relaciones Exteriores (La Prensa, 8 de mayo).
El ministro Tinoco hace esta advertencia en momentos en que el denominado Título 42, una disposición sanitaria estadounidense impuesta durante la pandemia con el propósito de frenar la entrada de irregulares a través de su frontera meridional, está próximo a expirar. La terminación del Título 42 presagia un aumento significativo en el número de personas que intentará entrar a Estados Unidos irregularmente.
¿Qué implicación tiene para Panamá el anuncio costarricense? Que la mayoría de los migrantes irregulares permanecerá en Panamá.
Según el Servicio Nacional de Migración, al 30 de abril de 2023 entraron al país 127 mil 687 “caminantes irregulares” (Swissinfo, 2 de mayo). En promedio, 1,064) personas diariamente.
Si los migrantes van rumbo al norte, forzosamente deben pasar por Costa Rica (a no ser que naden a Miami). Y si Costa Rica solo admitirá 400 migrantes diarios, ¿dónde se quedarán los 664 que no dejarán entrar? Evidentemente, en Panamá.
El gobierno nacional estima en 400 mil el número de irregulares que podrían entrar este año (La Prensa, 7 de mayo). Si Costa Rica deja pasar, como máximo, 146 mil (400 diarios por 365 días del año), el resto—254 mil personas—tendría que quedarse aquí.
Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), viven en Panamá unas 4.5 millones de personas. El número de migrantes que permanecería en Panamá sin seguir su ruta al “sueño americano” representa el 5.5% de la población istmeña.
No hay que ser demógrafo para colegir que estamos frente a una emergencia de marca mayor, quizá el principal reto inmediato—a corto plazo—que enfrenta el país. Sin embargo, mientras Roma arde, los avivatos mediocres que ambicionan dirigir los destinos del país siguen jugando a la política chapucera y clientelista. Lo más inteligente que alcanzan a decir es que la situación es “compleja”.
Faltan lucidez, creatividad y, sobre todo, patriotismo para coger el toro por los cachos. Lo primero que hay que entender es que las causas del fenómeno son, principalmente, económicas. Los migrantes no son, mayoritariamente, criminales o delincuentes; son trabajadores y valientes. Intentan mejorar sus condiciones de vida a través de los medios a su alcance.
No tiene sentido criminalizarlos, que es la tendencia entre un segmento apreciable de la sociedad, especialmente, en unos servicios de seguridad compuestos de personal muy elemental, que no reconoce la supremacía de la constitución, las leyes, la normativa internacional o el sentido común.
Muchos irregulares están desesperados y deben ser muy arriesgados para someterse a circunstancias tan peligrosas en busca de un mejoramiento socioeconómico. Según EFE, provienen de Venezuela (44% de los que entraron hasta el 30 de abril), Haití (22%) y Ecuador (12%), además de Colombia (3%), India (2%) y otros países como Afganistán, Camerún, China y Somalia.
¿Qué ha hecho Panamá para llamar la atención acerca de las condiciones de vida en esos países, sobre todo, en Venezuela, donde una dictadura corrupta y represiva se ha dedicado a saquear el país?
En vez de denunciarla, lo que vemos es a sectores turbios e impresentables del oficialismo afianzar sus vínculos con el narcochavismo, mientras miles de venezolanos siguen exponiendo sus vidas para salir del infierno en que los ha sumido ese régimen con el que la “tendencia” hace negocios.
Los migrantes entran a través de la frontera con Colombia, a ciencia y paciencia del gobierno colombiano. En los puntos cercanos a la frontera, el tránsito de migrantes está organizado y controlado por carteles criminales colombianos. Allí se esquilma a los caminantes, cobrándoles sumas descabelladas por alojamiento, comida y traslado.
El reportaje de CNN (16 de abril), destaca esta dimensión económica del tráfico de personas, que enriquece a los carteles más que el propio narcotráfico. Según Médicos sin Fronteras, en la ruta entre Capurganá (Colombia) y Canaán Membrillo (Panamá), “los migrantes han tenido que pagar desde $400 hasta $550″ a bandas criminales.
Si la mitad de los migrantes contabilizados utilizó esa ruta (hay otra que va de Acandí a Lajas Blancas), la ganancia para los carteles, tan solo en concepto de “peaje”, oscilaría entre $25 millones y $35 millones. ¿Cree usted que, con semejante nivel de ingresos, el negocio va a terminar así por así?
Los carteles son, a su vez, una de las principales fuentes de financiamiento político en Colombia, además de proveer copiosamente al enriquecimiento ilícito de funcionarios, desde los municipios hasta el gobierno nacional. Sobre el particular, es recomendable leer, entre otros, el informe de la Fundación Pares, “Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción”.
Los entronques de las mafias con la policía y el ejército en Colombia son ampliamente conocidos. Bajo estas circunstancias, pocas posibilidades hay de que termine la migración irregular, cuando enriquece significativamente a gente influyente en Colombia.
Por el contrario, aumentará mientras haya incentivos para migrar a Estados Unidos y mientras en Colombia, como también en Panamá, se siga lucrando de este tráfico inhumano. Porque acá ganan desde contratistas del gobierno y transportistas, hasta funcionarios que reciben su “salpique”. Ya es hora de que se investigue sobre el particular.
El autor es politólogo e historiador; director de la maestría en Asuntos Internacionales en FSU, Panamá, y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá
