El consumo de tabaco es una de las principales causas de muerte debido a enfermedades pulmonares. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de tabaco produce la muerte del 50% de sus consumidores, lo que representa anualmente un promedio de 7 millones de personas. La presencia de sustancias altamente adictivas en el tabaco, como la nicotina en alta concentración, hace que dejar de fumar sea extremadamente difícil para algunas personas. Aunque la OMS indica que 780 millones de personas desean dejar de fumar, solamente un 30% de ellas tiene acceso a los recursos necesarios para lograrlo. Esta cifra tan baja justifica la necesidad de considerar métodos alternativos de autoayuda para dejar de fumar, como los vaporizadores, también conocidos como cigarrillos electrónicos. Estos dispositivos podrían brindar una opción viable para ese 70% de personas que carecen de acceso a los recursos necesarios para dejar de fumar.
El debate sobre si los vaporizadores son un mecanismo efectivo para dejar de fumar tabaco está lejos de acabar. Algunos países, como Panamá, han aprobado leyes que prohíben la comercialización de estos dispositivos bajo la convicción de que son nocivos para la salud. Estas medidas, sin embargo, desconocen la evidencia de que los cigarrillos electrónicos han contribuido a reducir significativamente el consumo de tabaco en otros países. Un informe de Property Rights Alliance titulado Vaping Works. International Best Practices: United Kingdom, France, Canada and New Zealand proporciona evidencia de una correlación entre la disminución de fumadores de tabaco y el incremento de usuarios de vaporizadores. Por ejemplo, dicho informe explica que el porcentaje de fumadores de tabaco en el Reino Unido disminuyó de 17.90% a 15.50% entre 2015 y 2019, mientras que los consumidores de vaporizadores aumentaron de 4.5% a 5.5% en el mismo periodo. De manera similar, el número de fumadores en Nueva Zelanda bajó de 14.2% a 11.60% entre 2016 y 2020, mientras que los usuarios de vaporizadores incrementaron de 0.09% a 3.50%. Con base en estos datos, el reporte Vaporizadores como alternativa al Tabaco: Un Derecho del Individuo de Fundación Libertad sostiene acertadamente que la prohibición de comercialización de vaporizadores no normaliza el consumo de tabaco, sino que contribuye a reducirlo.
Esto no significa que se deba fomentar el uso de vaporizadores en la sociedad, sino más bien permitir que se utilicen como una alternativa al tabaco para aquellos que tienen dificultades para dejar de fumar. Es claro que los vaporizadores también contienen productos nocivos para la salud y que lo ideal es elegir mantener hábitos saludables. Sin embargo, una investigación realizada por el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia de la Universidad King’s College London, publicada en septiembre de 2022, revela que los daños causados por los vaporizadores son sustancialmente menores a los producidos por fumar tabaco, toda vez que los usuarios se exponen a menores sustancias nocivas que producen cáncer, enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Por ende, consumir vaporizadores en vez de tabaco es una elección del mal menor que, a pesar de sus efectos negativos, continúa siendo menos nocivo que la alternativa legal de cigarrillos habituales o por combustión.
Las políticas públicas deben fundamentarse en evidencia, especialmente aquellas relacionadas con la salud de las personas. Si existen evidencias que demuestran que los vaporizadores contribuyen a reducir el número de fumadores o son menos perjudiciales que el tabaco, los gobiernos deberían reconsiderar las políticas públicas de prohibición de venta y uso de vaporizadores. Mantener dichas medidas, a pesar de esto, no solo carece de sentido, sino que también implicaría una limitación injusta a la libertad de las personas fumadoras que desean buscar una alternativa menos dañina y que posiblemente les ayude a abandonar el tabaco. Pero sobre todo, implicaría privar de la oportunidad de autoayuda a aquel 70% de personas más vulnerables que carecen de los recursos para dejar de fumar y a los que el Estado evidentemente no ha podido ayudar.
El autor es abogado y miembro de la Fundación Libertad
