En general, el manejo de las cuencas hídricas del del país se lleva a cabo de forma inadecuada, asociado a un manejo depredador e insostenible del ambiente. Muchas veces se presenta a la ahora “cuenca del Canal” como ejemplo a seguir, sin embargo, esta evidencia la tónica en cuanto al manejo ambiental de todas las cuencas hídricas del país.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a pesar de tener un título constitucional, una amplia infraestructura y muchos recursos económicos y humanos, no ha realizado el mejor trabajo para preservar la cuenca, ejemplo de ello fue el fenómeno de “La Purísima”, un temporal que más que un evento aislado fue provocado por el efecto acumulativo de la mala gestión ambiental por décadas, la tala no controlada y la erosión producto de esta, así como de los asentamientos humanos informales y el aumento urbanístico, mal planificado y regulado.
Nuestros recursos naturales son finitos, no podemos hablar de que se le entreguen más tierras a entidades, como la ACP, o se piense en la ampliación de la cuenca occidental, cuando el manejo, la supervisión y protección han sido deficientes en la cuenca actual. Ejemplo de ello es la fragmentación de los bosques, la disminución de la calidad y cantidad del agua, así como el aumento de la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos.
Es común escuchar a estas autoridades con discursos rimbombantes, cuñas y propagandas en pro de la conservación y protección ambiental, tanto dentro como fuera del país, pero por desgracia una cosa es la teoría y otra la práctica, no son cónsonos con lo que predican. Lamentablemente, las normas y sanciones legales existen, pero no son aplicadas, a pesar de la gravedad que lleva implícita la comprobación del daño infringido en este patrimonio natural de todos.
En cuanto a la justicia, los vacíos administrativos–legales y la apatía para la implementación de las leyes por parte de los organismos encargados, Ministerio de Ambiente, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Idaan, Ministerio de Economía y Finanzas y demás, nos llevan a un estado de indefensión e impunidad, ya que la Corte Suprema de Justicia no ejerce el rol correspondiente y oportuno en la aplicación de la ley. Notorios son los casos en los que no se sanciona o dichas sanciones son tan exiguas o extemporáneas, que carecen de objetivo.
Necesitamos entender la problemática de la cuenca del Canal como parte de un complejo problema que representa la debilidad institucional ambiental en todas las entidades públicas; que el tratamiento de temas, como el cambio climático, no pasa de ser más que una apariencia durante la implementación de sus actividades y únicamente son contemplados en periodos de crisis.
Esto debe cambiar, no solo por los daños, a corto plazo, sino por las implicaciones que tendrán en las futuras generaciones. Debemos rectificar la falta de conciencia colectiva en la protección de nuestro patrimonio natural para no circunscribirlo a intereses económicos miopes.