Difícil alejarse del tema de los medicamentos. Especialmente cuando a uno le toca estar en medio del enredo que se ha armado alrededor de lo que supuestamente iba a solucionar (o por lo menos reducir) el problema, y que ha terminado enredándolo más y más.
Un decreto que “ordena” la reducción del 30% de los precios de 170 medicinas de uso común, en un titular, no suena mal. Donde todo se fastidia es cuando se trata de entender cómo se va a lograr ese descuento.
Supuestamente, el descuento debe reflejarse en lo que paga el usuario final (el enfermo), cuando lo compra en la farmacia. Lo que nunca se definió exactamente es quién tiene que comerse ese descuento y reducir su margen de ganancia. Los fabricantes difícilmente serán, pues el gobierno de Panamá no tiene forma de presionarlos para que cumplan con una disposición que sólo afecta a los panameños, lo que deja todo en manos de los distribuidores y las farmacias. Aplicar esto no es tan fácil, especialmente cuando se decreta su entrada en vigencia prácticamente “desde ya”, sin tomar en cuenta que hay inventarios que fueron comprados a precios mayores y que otorgar el descuento afectaría directamente la subsistencia de las farmacias. Solo las farmacias de cadenas grandes, que suelen ser dueños también de las distribuidoras y cuyas ventas en alto porcentaje no proviene de los medicamentos, tendrían la capacidad para despachar estos medicamentos, cumpliendo con las normas establecidas por el dichoso decreto de la discordia.
La otra medida, que ya estaba contemplada en la ley hace mucho tiempo, es la de la importación libre por parte de cualquiera, lo que, en principio, reduciría los precios. Pero esto no es tan fácil como parece, porque los fabricantes tienen libertad para decidir a quién quieren o a quién no quieren venderle sus productos. De ese modo, si hay un contrato con un distribuidor, donde se establece algún grado de exclusividad, el fabricante puede negarse a venderle a otro agente comercial, pues pudiera violar los términos de contratos ya establecidos o por simple presión de los distribuidores.
Como siempre, estos polvos traen estos lodos... La improvisación que se percibe en la medida ocasionó todo tipo de respuestas por parte de los afectados, que finalmente suena más una decisión de cara a la gradería que una para realmente resolver el problema.
Las farmacias, especialmente las que no pertenecen a grandes cadenas, optaron por cerrar dos días, como protesta a la medida, mientras se buscaba alguna solución. Las cadenas optaron por no despachar los 170 medicamentos que están en la lista del 30% de descuento obligatorio. Esta medida fue adoptada por todas las farmacias, a partir del tercer día de entrar a regir el decreto.
En lo personal, pienso que este tipo de medidas no debería aplicarse en temas tan sensibles como la provisión de medicamentos a los enfermos. Además, al ser los medicamentos afectados los de la lista de marras, resulta que no hay disponibilidad de tratamiento para las enfermedades más comunes.
Entiendo todo el aspecto comercial relacionado a los costos, inventarios, precios de venta y márgenes de ganancia. Y no pretendo que nadie quiebre su negocio. Pero, como médico, no me parece correcta una medida que condena a los pacientes a no recibir su tratamiento. Los pacientes simplemente no tienen forma de adquirir sus medicamentos y mantener su tratamiento.
Hace un par de días, hice este comentario en las redes sociales y las respuestas eran más o menos las esperadas. La más obvia: que “entonces, los médicos den consulta gratis para que todos tengan acceso a médicos”, específicamente a cardiólogos. Ese comentario me hace gracia, porque muchos de los que lo utilizan como argumento no tienen idea de la cantidad de atención gratuita que se hace en las clínicas privadas. Aún así, creo que la analogía no aplica en este caso. Estamos hablando de un tema de accesibilidad a atención y a medicamentos. La existencia de la medicina privada no choca con la opción de recibir atención médica si se requiere. El sistema público de salud justamente hace eso: contar con profesionales que atienden pacientes, no gratis, pero sin que se requiera un desembolso directo por parte del enfermo y en ningún momento se priva al paciente del acceso a atención, lo que sí ocurre cuando la farmacia decide no despachar medicamentos, bien sea porque los sacan de circulación o porque lo devuelven al distribuidor.
Lo que puedo decir es que esta semana me han llamado no menos de 10 pacientes, diciéndome que no consiguen sus medicamentos para la presión, la diabetes y el colesterol en ninguna parte. Lo cual, si se prolonga, puedo asegurar tendrá repercusiones tanto en la salud pública, como en la salud individual de las personas.
En la clase de ética de la Facultad de Medicina, nos enseñaron que “los médicos nunca hacen huelgas”. Pueden protestar, pero hay que garantizar la atención de los enfermos. Igualmente, pudiera aplicarse ese principio deontológico a los policías, los bomberos, los paramédicos, las enfermeras y muchas otras profesiones que suplen necesidades primarias.
Dejando claro que no quiero que quiebre nadie ni que tengan que cerrar las farmacias, sí pienso que es necesario encontrar alguna fórmula para que los enfermos puedan acceder a sus medicinas. Son productos de primera necesidad...
El autor es cardiólogo.
