Con la excepción del agua potable, ninguna intervención sanitaria ha tenido tanto impacto en el bienestar socioeconómico de la humanidad como la inmunización contra las enfermedades infecciosas. Hace tan solo siete décadas, la expectativa promedio de vida del ser humano no pasaba de los 50 años de edad; ahora, la gente sobrepasa comúnmente el umbral octogenario. Desde 1990, gracias a la vacunación, la mortalidad de niños menores de cinco años se ha reducido en más del 50% a nivel mundial, pasando de 12.5 millones a unos 6 millones de fallecidos anuales. En la segunda mitad del siglo pasado, la poliomielitis mataba o paralizaba a más de 350 mil jóvenes anualmente en todo el planeta, mientras que en la actualidad solo 3 naciones (Afganistán, Paquistán y Nigeria) reportan casos esporádicos de esta terrible dolencia. Durante mi formación como pediatra (1983-1986), era frecuente observar a infantes panameños morir por sarampión, meningitis bacteriana y diarrea por rotavirus, algo que representa una rareza hoy en día. Aparte del rendimiento directo en materia de salud, las vacunas ofrecen beneficios económicos significativos a los Estados. Se estima que por cada dólar invertido en vacunación, se ahorra más de 20 dólares en gastos indirectos relacionados con la enfermedad evitada. Existen vacunas para prevenir unas 25 infecciones de relevancia, con algunas incluso disminuyendo la incidencia de ciertos tipos de cáncer (hígado, útero).
Desarrollar una vacuna tarda usualmente unos 12-15 años de investigación preclínica y clínica, etapas que evalúan seguridad, inmunogenicidad y eficacia. En este riguroso proceso, las empresas o instituciones fabricantes gastan más de 600 millones de dólares por cada producto estudiado. Cuando esa sustancia química sale al mercado, por tanto, hay mucha confianza en su inocuidad y efectividad preventiva. No obstante, el compuesto biológico continúa siendo vigilado de cerca por la aparición de raros eventos adversos sistémicos (estudios de fase 4), que ocurren posteriormente a la comercialización e introducción en los esquemas nacionales de inmunización. Además de la notificación local a los ministerios de Salud sobre reacciones indeseables de fármacos y vacunas, existen gigantescas bases de datos en FDA (Food and Drug Administration), CDC (Center for Disease Control), EMA (European Medicine Agency) y GVSI (Global Advisory Committee on Vaccine Safety) que colectan y escrutan minuciosamente las potenciales adversidades atribuidas a cualquier medicación. Tan pronto se detecta un incremento inusual de algún evento patológico específico de relevancia clínica (en comparación con su incidencia histórica en la población general o en individuos no vacunados), se disparan las alarmas para la indagación exhaustiva inmediata. Es así como algunos productos comerciales han sido retirados del mercado después de haber obtenido su licencia de venta. A principios de este siglo, por ejemplo, se suspendió la administración de la primera vacuna contra la diarrea por rotavirus (Rotashield, Wyeth), por la ocurrencia de un número inusitado de casos de invaginación intestinal, pese a que en el balance general había un muy favorable perfil beneficio-riesgo. Por preocupaciones muy recientes, la vacuna de primera generación contra el dengue (Dengvaxia, Sanofi), podría experimentar un destino similar.
Tristemente, las vacunas están siendo víctimas de su propio éxito. Los activistas antivacunas argumentan que son nocivas y que ya no hacen falta, pero lo que no parecen comprender es que si ya no morimos por algunas enfermedades es precisamente gracias a los programas de inmunización. Estas peculiares personas tienden también a ser “naturistas” que promocionan panaceas botánicas fraudulentas para curar malignidades o inmunodeficiencias y que se oponen también a los alimentos transgénicos, a las modificaciones genéticas de los mosquitos transmisores de malaria, dengue o zika y a las terapias moleculares de gestantes para prevenir la transmisión de taras hereditarias. Debido a la proliferación de estos irracionales grupos, ahora tenemos brotes frecuentes de sarampión, difteria y tos ferina en numerosos países de Europa y América. Las redes sociales, a través de noticias falsas (fake news) y bulos informativos, han favorecido los movimientos conspirativos basados en el miedo y la ignorancia. La salud pública mundial vive amenazada por la incultura del que se considera libre para ser estúpido.
Afortunadamente, como la salud colectiva es un valor ético superior a la autonomía individual, porque la libertad de uno acaba donde empieza la de los demás, las naciones afectadas están implementando diversas medidas punitivas para los padres que deciden no vacunar a sus hijos: multas económicas, cursillos periódicos de instrucción, dificultades en trámites de matrícula escolar, ausencia de beneficios en programas de puericultura, etc. La Ley 48 de vacunas de Panamá (2007) contempla la obligatoriedad de la vacunación en el territorio nacional, pero en la práctica, por problemas logísticos en áreas difíciles, desabastecimientos recurrentes, desidias familiares y razones espurias, nuestras coberturas no son del todo óptimas, por más que tengamos uno de los calendarios de inmunización más completos del mundo. No debemos bajar la guardia, porque por la elevada entrada de inmigrantes y turistas, corremos el riesgo de importar enfermedades largamente erradicadas del país.
Aunque un solo caso de adversidad provocado por alguna vacuna ya es demasiado, los beneficios de la vacunación compensan con creces ese mínimo riesgo. Recordemos siempre que la peor vacuna es la que no se administra…