Menos privilegios y más servicio público de los diputados

Eliminar los privilegios de los diputados en Panamá no es una tarea sencilla; más bien, es un problema de voluntad política. Esta voluntad sigue siendo influenciada por una cultura política que prioriza el beneficio personal sobre el servicio público. Actualmente, los diputados reciben una remuneración de $7,000, que incluye gastos de representación, dietas y pago de combustibles. Esto plantea una pregunta crucial: ¿qué sucedería si la remuneración máxima fuera de $1,500? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a participar en una campaña electoral, demostrando así que lo hacen por vocación de servicio y no por interés personal? Es probable que el número de candidatos disminuya, pero la calidad de quienes aspiran a este cargo público aumentará significativamente.

En las últimas décadas, el oportunismo político ha tenido un impacto considerable en la gestión legislativa. Hoy en día, existe una creciente presión ciudadana que exige mejorar la imagen del poder legislativo mediante debates más sustanciales y respetuosos hacia los electores. Además, se observa una movilización significativa que exige la renuncia de los diputados a ciertos privilegios. Sin embargo, esta reforma legislativa requiere el respaldo mayoritario de los propios diputados, lo que representa un desafío considerable. Como órgano encargado de la creación de leyes y de la representación de toda la ciudadanía panameña, el poder legislativo tiene la responsabilidad ética de ser un modelo para los demás poderes estatales e instituciones.

Esta demanda también aboga por una mayor transparencia y rendición de cuentas, proponiendo la implementación de leyes que obligan a los diputados a justificar sus gastos, nóminas y otros beneficios. Estas buscan reducir los abusos y limitar los recursos asignados, generando así un ahorro significativo para el erario y controlando los excesos.

Entre las primeras medidas a implementar se encuentran la eliminación de la franquicia telefónica, telegráfica y postal; el pago de $2,000 para combustible; la importación libre de derechos de un vehículo cada dos años para uso personal y de sus familiares dependientes; y la asignación de un chofer para cada diputado. La placa vehicular debería limitarse al vehículo de uso personal del diputado, es decir, aquel que utiliza diariamente para acudir al órgano legislativo, sin extenderse a los vehículos de sus familiares. Asimismo, el uso del pasaporte diplomático debería restringirse exclusivamente a misiones oficiales. En estos casos, la cancillería y la dirección de pasaportes deben emitir un pasaporte diplomático con una duración limitada al tiempo de la misión. Este documento sería de uso exclusivo del diputado y no debería extenderse a sus familiares.

Es fundamental que todos los diputados y sus equipos de trabajo cumplan estrictamente con los registros de horario de llegada y salida. Además, ningún diputado debería ser reelegido por más de dos períodos consecutivos, con el objetivo de evitar la formación de una plutocracia legislativa y fomentar la incorporación de nuevas personas con ideas y perspectivas innovadoras. Un diputado tiene la obligación de cumplir con sus responsabilidades, esforzarse por dejar un legado positivo para las futuras generaciones y contribuir al progreso del país durante su mandato.

Un diputado que no asiste al pleno no debería recibir su sueldo completo al final del mes. También es necesario regular la figura del diputado suplente, de manera que no ocupe dos cargos simultáneamente, incluso si uno de ellos es eventual. Una persona debería ser diputado suplente o asistente parlamentario, pero no ambas cosas a la vez. Además, debería recibir remuneración únicamente cuando reemplace al diputado titular en el órgano legislativo. Esta debería ser su única fuente de ingresos, y si considera que es insuficiente, debería reflexionar antes de aceptar la carga.

La eliminación de la “prueba idónea”, del fuero electoral, la obligación de declarar bienes antes y después de ejercer el cargo, así como la asignación de responsabilidades por injurias e insultos durante los debates del pleno, son medidas necesarias para garantizar la integridad en el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, el uso indebido del logo, nombre y miembro de la institución para fines personales, así como la autopromoción mediante recursos públicos, deben ser regulados para combatir el clientelismo que ha afectado negativamente a nuestra democracia. Estos cambios son esenciales para fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el ámbito político.

Es crucial que la ciudadanía adopte una mentalidad que apoye estos cambios, recordando que los diputados son funcionarios públicos elegidos por voto popular. Aunque no son funcionarios de carrera pública, tienen las mismas responsabilidades y obligaciones que otros empleados públicos. No están por encima de la ley ni de las demás personas, y deben actuar con ética y responsabilidad.

El autor es abogado, investigador y doctor en estudios avanzados en derechos humanos.