Hay momentos en la historia de un país en los que todo lo que acontece pareciera cobrar un ritmo frenético. Septiembre de 2024 es uno de ellos para México. Acotado entre la toma de posesión del recién elegido Congreso el primero de septiembre y la de la nueva presidenta el primero de octubre el país ha vivido inmerso en un escenario definido por tres actos de naturaleza distinta pero claramente interrelacionados. El primero tiene que ver con el balance del gobierno del presidente saliente en un marco legislativo renovado. El segundo se refiere a la culminación de la agenda política presidencial. Finalmente, se encuentran las expectativas gestadas por la nueva mandataria. Todo ello se da en el marco de una notable polarización que viene erosionando la democracia. La polarización es fruto de factores estructurales, pero también de la actuación del locuaz presidente saliente que día a día en su comparecencia pública no solo ha marcado la agenda sino establecido patrones emocionales que han contribuido a la división social.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha caracterizado su mandato de poco menos de seis años bajo una lógica transformadora que él bautizó como de “la cuarta transformación” (4T) consistente en un ambicioso programa de reducción de la pobreza, mitigación de las desigualdades sociales, potenciación de la obra pública en al menos dos ámbitos como son las comunicaciones (un aeropuerto en las cercanías de la Ciudad de México en sustitución de otro cuyas obras estaban iniciadas y un proyecto ferroviario en Yucatán) y la energía (una refinería de petróleo), y cierta austeridad republicana proyectada en la eliminación de oficinas públicas consideradas innecesarias, en el bajo nivel de proyección exterior, así como en la reducción del gasto oficial. Con todo ello, no obstante, el déficit fiscal actual es de casi el 6% del PIB, el más alto de los últimos 35 años.
Con independencia de una evaluación más detallada del periodo, más de cinco millones de personas han salido de la pobreza y la imagen favorable del presidente saliente la tienen dos terceras partes de la población siendo la más alta de la región de entre los presidentes con andadura democrática. Sin embargo, desde una perspectiva crítica AMLO no llevó a cabo las transformaciones prometidas en cuestiones de corrupción e impunidad y los resultados en la lucha contra la violencia ocasionada por el crimen organizado donde se acumulan ya más de 100,000 desaparecidos son decepcionantes. 14 de las 50 ciudades más violentas en el mundo se encuentran en México, según datos de 2024 de la consultora World Population Review. Tijuana y Acapulco encabezan la lista. Durante el sexenio se han pertrechado 180,000 asesinatos, 30,000 más que en el de su predecesor Enrique Peña Nieto, y sigue sin esclarecerse la masacre de Ayotzinapa de hace diez años, también en un mes de septiembre, en la que fueron asesinados y desaparecidos los cuerpos de 43 estudiantes. La colisión existente entre las fuerzas de seguridad, el crimen organizado y las elites político-económicas forjada en los sexenios anteriores no ha sido desactivada por AMLO.
Fernando Barrientos ha sintetizado con precisión el paupérrimo balance del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En la celebración del 16 de septiembre, conmemoración de la independencia del país, una treintena de municipios de todo el país cancelaron sus propias celebraciones de las fiestas patrias. Detrás no había otra cosa que la violencia. Sin embargo, en la conmemoración principal en el zócalo de la Ciudad de México nadie se acordó de esa circunstancia.
En términos institucionales, la 4T se proyectaba en un ambicioso plan de reforma política que AMLO no pudo desarrollar plenamente por no contar con la mayoría constitucional requerida de los dos tercios en cada Cámara. Ello fue así como resultado de las elecciones legislativas de 2018 y de 2021 en las que si bien Morena, el partido del presidente, resultó vencedor sumando a sus aliados (PT y Partido Verde) no alcanzaban el umbral para propiciar el cambio. Sin embargo, en los comicios de junio de 2024 se alcanzó el mínimo de diputados requerido para la aprobación de las reformas en la Cámara de Diputados pero no de senadores.
Del paquete de 18 reformas constitucionales de gran calado que el mandatario envió en febrero al Congreso, solo tres estarán en su testamento político. Las enmiendas a la Carta Magna que intervienen al Poder Judicial, los derechos de los pueblos indígenas y el control total de la Guardia Nacional al Ejército han sido las únicas aprobadas por ambas cámaras del Congreso y por la mayoría de los congresos estaduales, como prescribe la Constitución, antes del 1 de octubre, fecha de inicio de la nueva Administración federal. El resto se quedarán a la espera. Para ello y dado que el Ejecutivo no tenía la mayoría cualificada en el Senado -a pesar de tener Morena y aliados un contingente sin precedentes de diputados (364 sobre 500) y de senadores (83 de 128) a lo que se une el control de 21 estados de la Federación- hubo de resucitar viajas prácticas para torcer la voluntad de senadores de la oposición.
Así, el senador del Partido de Acción Nacional (PAN) Miguel Ángel Yunes Márquez dio el paso al frente apoyando la primera reforma gubernamental atinente a la Justicia, en clave fundamentalmente de la elección popular de los magistrados, a la que siguieron las otras dos. Yunes Márquez escenificó la ruptura con su grupo con mayor dramatismo si cabe toda vez que el día de la primera votación solicitó licencia a su escaño, alegando problemas de salud en la columna, y dejó que tomase su lugar su suplente que es nada menos que su padre, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, uno de los más grandes enemigos de AMLO. Tras acudir al escaño, Yunes Linares se enzarzó en una bronca con Marko Cortés, senador y dirigente del PAN, con lo que dejó entrever el distanciamiento de su clan familiar respecto del bloque parlamentario opositor y el acercamiento a Morena a pesar de los severos enfrentamientos que tuvieron en los comicios para la gobernación del estado de 2018 y de 2024.
Septiembre concluye con la ascensión a la presidencia de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en la historia de México en alcanzarla gracias al apoyo del 59.7% del electorado en las elecciones de julio superando en 6.5 puntos porcentuales el resultado alcanzado por AMLO en 2018. El propio Yunes Márquez ha pedido a la oposición no promover más el enfrentamiento y en cambio allanar el camino a la Administración de Claudia Sheinbaum, que está por comenzar. “Todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente de estabilidad y de armonía”, señaló. Sheinbaum, una relevante tecnóloga que estuvo al frente de la Ciudad de México es la candidata apoyada sin reservas por AMLO y ha sido clara en su intención de implementar lo que ella denomina el “segundo piso de la Cuarta Transformación”. Una apuesta de continuismo con matices. De momento ello se ve reflejado en la composición del gabinete que asumirá el 1º de octubre que mezcla a servidores leales de AMLO con caras más afines a Sheinbaum. Por otra parte, en septiembre también Morena ha realizado su congreso quedando patente la sombra del fundador en la elección de su cúpula. Los tres dirigentes más relevantes tienen en común la juventud y la proximidad con él. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación saliente, es la nueva presidenta del partido, el segundo de los cuatro hijos del presidente saliente, Andy López Beltrán, ocupa la secretaría de organización y la secretaría general está reservada para Carolina Rangel, exfuncionaria del gobierno de Michoacán.
La tensión entre la autonomía y la dependencia de la nueva presidente con respecto a su predecesor será el hilo conductor del populista guion presidencial. A punto de darse la sucesión, parece que en septiembre se ha ratificado el predominio de la dependencia. Así lo indica la posición común con respecto al “asunto español”. El uso del rey Felipe VI como chivo expiatorio del malinchismo ha unido a ambos. La rabieta del populista locuaz AMLO condenatoria del “orgulloso colonialismo español” ha sido avalada con entusiasmo por la tecnopopulista Claudia Sheinbaum que tampoco parece querer distinguir las funciones de un jefe de Estado del papel que juega un Gobierno en un régimen parlamentario. Aun a pesar de la siempre ponderada amistad entre el pueblo español y el mexicano.
El autor es politólogo y director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP-Panamá.
