A través de una noticia de The New York Times, nos enteramos el 18 de febrero de la presencia de 299 migrantes, “deportados por Trump” y “atrapados en un hotel en Panamá”. Su realidad migratoria se encuentra en el “limbo”, según el Defensor del Pueblo. De esta cantidad, 171 personas aceptaron la repatriación voluntaria y el resto sería trasladado esa misma noche (del mismo día que supimos los panameños su presencia en el hotel), al campamento de San Vicente en Metetí, Darién.
Revisando el Memorando de Entendimiento de 1 de julio de 2024, entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, sobre asistencia y cooperación en asuntos migratorios, si bien no se especifica la creación de albergues temporales para la estadía de migrantes en Panamá, lo más cercano a esto sería el numeral 3 de la Sección 1 que dice así: “Apoyar a Panamá con los recursos adecuados, constantes y necesarios para dotar o mejorar las instalaciones que ofrecen los centros para administrar las medidas migratorias administrativas de personas que no son nacionales de ninguno de los Participantes (en adelante “extranjeros”) de conformidad con el derecho panameño, en cumplimiento del debido proceso y el respeto de los derechos humanos. Los fondos suministrados por los Estados Unidos en el marco del presente Memorando no se usarán para construcción”.
Si bien Estados Unidos contribuiría con recursos para dotar o mejorar instalaciones y no para “construirlas”, no ubico en la redacción algo cercano a gastos de estadía, manutención y alimentos, como tampoco servicios de seguridad y protección. Y es que Estados Unidos tampoco correrá con todos los gastos, según lo que se desprende del numeral 2 de la Sección 3, cuando expresa: “Toda acción que se pretenda emprender de conformidad con el presente Memorando estará sujeta a la disponibilidad de fondos presupuestados y la legislación y reglamentación de aplicación de ambos participantes“.
De todos modos, el ministro de seguridad panameño afirmó en una entrevista que Estados Unidos corre con todos los gastos; mientras que el presidente Mulino dijo en su conferencia de prensa que los asumen la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Todo esto es muy confuso, porque la estadía y las deportaciones le corresponden al Estado territorial que es Panamá y desconocemos si existe algún acuerdo sobre este punto con la OIM.
Ahora bien, el espíritu de este memorando rubricado por el gobierno estadounidense que antecedió al de Donald Trump, era sacar desde Panamá los migrantes que están llegando desde hace años, por la selva del Darién; y no recibir vuelos de éstos desde Estados Unidos porque así se deduce del numeral 4 de la Sección 1 que dice: “Apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística de extranjeros detectados de los flujos migratorios en contravención de las leyes migratorias de Panamá (en adelante, “flujos migratorios irregulares”) quienes estarán sujetos a medidas administrativas migratorias de conformidad con el derecho panameño”.
Como vemos, el mensaje está inclinado al flujo entre fronteras, es decir, que el espíritu de este memorando era sacar desde Panamá los que llegaban o llegan del Darién; en vez de atender y recibir grupos de migrantes traídos en aviones desde el norte. Esta llegada aérea, más que un flujo en base a una reciprocidad que es irreal, es un delicado relevo de responsabilidad que perjudica a Panamá.
Estamos frente al clásico memorando de buena fe, porque una vez han salido de territorio estadounidense, Estados Unidos se desvincula legalmente de la suerte de éstos migrantes de acuerdo al derecho internacional y humanitario. Tengamos muy claro también, que las mentiras y falacias que han repetido los Estados Unidos en torno a la injerencia china en Panamá o nuestra violación al Tratado de Neutralidad Permanente, diatribas fácilmente sustentables como tales, nos deben llevar a la desconfianza ante cualquier compromiso gringo, frente a recibir, albergar, mantener, alimentar y deportar migrantes, que salieron del ámbito de responsabilidad del país que nos ataca. Encima Donald Trump sigue espetando públicamente que retomará el Canal de Panamá, aún después de recibirle sus migrantes.
Parece que ya estamos conociendo el alcance de las amenazas de Trump, a saber, que los panameños le resolvamos sus problemas. Amenazas que llevan al chantaje, cuando la única contraprestación frente al principio de reciprocidad, parece ser evitar más provocaciones y embates mediáticos (esto no es reciprocidad sino intimidación). Y es allí donde se consolida la extorsión con la difamación pública, para obligarnos a actuar como al Tío Sam le conviene. Y a los que creen que exageramos, allí están los millones de dólares aprobados por la Autoridad del Canal de Panamá y el gobierno central, para contratar con nuestro pecunio, firmas de abogados y de cabildeo en Estados Unidos por los fuertes cuestionamientos, aunque falaces, del coloso del norte, relacionados con el manejo de la administración del Canal de Panamá, la inexistente injerencia china y la falaz violación nuestra al Tratado de Neutralidad.
El autor es abogado.
