El 31 de marzo, el gobierno de Nicaragua emitió una extraña declaración en la que reitera al gobierno panameño la supuesta obligación de retirar la solicitud de alerta roja a Interpol contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Esto, a pesar de que Panamá finalmente rechazó el trámite por no ajustarse a los parámetros de 2014 y 2017 de dicho organismo, los cuales prohíben la emisión de alertas rojas sobre ciudadanos con estatus de asilados políticos.
En términos prácticos, cuando el malentendido parecía aclarado y en vísperas de la salida del expresidente panameño de territorio nacional, la opinión pública se ve sorprendida por una nueva exigencia del gobierno nicaragüense. Esta vincula el caso Martinelli con un problema diplomático que se arrastra desde 2023: la negativa del resto de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) a aceptar el candidato de Nicaragua para la Secretaría General del organismo. Ahora, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo condiciona la acogida de Martinelli en su territorio a que Panamá retire el veto a su postulación.
Para entender mejor el trasfondo del conflicto, es necesario repasar los hechos. En los últimos meses, el gobierno nicaragüense ha insistido en proyectar una imagen de crisis dentro del SICA, pero esta versión no se ajusta a la realidad. El sistema sigue operando con normalidad y ha implementado mecanismos para asegurar su funcionamiento, incluso ante medidas unilaterales adoptadas por Nicaragua. Desde sectores clave como la agricultura, la salud, las finanzas y la política, el SICA ha mantenido su operatividad basándose en marcos jurídicos sólidos que permiten la toma de decisiones estratégicas mediante consenso o mayoría.
Este fortalecimiento institucional ha sido clave para contrarrestar las maniobras de Nicaragua, que ha desconocido ciertas obligaciones del sistema. Irónicamente, el país centroamericano es el mayor deudor del SICA, con cuotas impagas que superan los $7 millones, lo que contradice las afirmaciones de su canciller, Valdrack Jaentschke, sobre el cumplimiento de sus compromisos financieros.
Recientemente, Nicaragua ha insinuado la posibilidad de retirarse del SICA, argumentando su reciente salida de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Sin embargo, esta decisión responde más a una estrategia política que a una medida racional. La CCJ fue históricamente un bastión de Nicaragua, beneficiando al régimen Ortega-Murillo con fallos polémicos. Gobiernos como los de Costa Rica y Panamá han evitado integrarse a la Corte precisamente porque la consideran un instrumento de Managua.
Además, la supuesta justificación de Nicaragua para retirarse de la CCJ —la falta de integración de otros países y la existencia del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), que no pertenece al SICA— parece ser una cortina de humo. En realidad, la intención de Ortega era que la Corte emitiera una opinión obligatoria para congelar el periodo de su país en la Secretaría General del SICA, cuyo mandato termina en agosto de 2026.
Tras la renuncia de Werner Vargas en noviembre de 2023, Nicaragua ha propuesto hasta 16 candidatos para ocupar la Secretaría General, sin éxito. Su falta de apoyo en la CCJ dejó al régimen sin una salida jurídica viable, por lo que ha recurrido a tácticas de presión política, como vincular el caso de Martinelli con su lucha por imponer su candidato.
En términos jurídicos, Vargas sigue siendo el Secretario General del SICA hasta que la Reunión de Presidentes formalice su renuncia. Además, la CCJ no tiene cláusula de denuncia en su estatuto, por lo que la salida de Nicaragua se rige por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece un plazo de 12 meses para hacer efectivo el retiro. No obstante, los magistrados nicaragüenses renunciaron de inmediato, lo que ha generado un vacío legal, especialmente considerando que la sede de la Corte está en Managua.
Más allá de la política, Nicaragua es uno de los países que más se beneficia del SICA en términos económicos y financieros. La integración regional le ha permitido acceder a mercados, cooperación y financiamiento clave. De hecho, el SICA es su segundo mayor socio comercial, con el 25.1% de sus exportaciones en 2023, solo detrás de Estados Unidos (39.8%). Además, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le ha otorgado alrededor de $3,500 millones en financiamiento en los últimos cinco años.
Si Nicaragua efectivamente abandona el SICA, perdería acceso a estos beneficios. A ello se suma el riesgo de que EE.UU. concrete su amenaza de excluir al país del CAFTA-DR, lo que aislaría aún más su economía.
El régimen también ha intentado presentar el respaldo de Honduras y El Salvador como un aval a sus reclamos, pero esto responde más a la degradación institucional de estos países que a un apoyo genuino. Su silencio frente a las maniobras nicaragüenses refleja la erosión de sus propios principios democráticos, no un alineamiento real con Managua.
Finalmente, aunque Nicaragua insiste en su derecho soberano a retirarse de organismos internacionales, el precedente de su salida de la OEA y otras instancias multilaterales demuestra que su conducta choca con el derecho comunitario centroamericano y con el derecho internacional.
En este contexto, Panamá no debe ceder al intento de Nicaragua de vincular dos asuntos completamente distintos: su insistencia en imponer su candidato al SICA y la acogida del expresidente Martinelli en su territorio. La diplomacia panameña debe mantenerse firme en la defensa de la legalidad y la institucionalidad regional, evitando caer en chantajes que buscan socavar el equilibrio del sistema de integración centroamericano.
El autor es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá.
