Según el más reciente Informe del Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), a octubre de 2024, hoy tenemos unos 24 mil asalariados privados menos que en agosto de 2012. Cuatro de cada cinco nuevos empleos generados en esos 12 años (2012-2024) fueron informales y el otro fue un funcionario, fondeado a través de préstamos.
En ese lapso, el tamaño de la economía se duplicó, pero hoy tenemos la mayor tasa de informalidad laboral de los últimos 20 años (49.3%), así como los niveles de endeudamiento ($52,374 millones) y déficit fiscal ($6,416 millones) más altos de nuestra historia. Más claro, imposible.
Atrapados entre la deuda, los eslóganes y las consignas
No hace falta ser un “genio de las matemáticas” para adivinar cuál es el problema del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ni tampoco para deducir que no lo podremos resolver con eslóganes y consignas.
La generalizada percepción de corrupción alrededor de la clase política ha servido de caldo de cultivo para la búsqueda de “culpables” y el logro de “justicia social” a través de un gasto público que no podemos financiar si no es con deuda.
Hemos creado una economía “artificial” que crece, pero solo genera informales y funcionarios, una economía de informales y funcionarios, financiada con plata prestada.
2012, el “antes” y el “después”
Las cosas no eran así. El 78% de los empleos generados entre agosto de 2004 y agosto de 2012 fueron asalariados del sector privado (cotizantes), 13% funcionarios y 9% informales.
En julio de 2012, el Banco Mundial publicó su informe “Mejores empleos en Panamá: el rol del capital humano”, donde señaló que cada $1 gastado en la expansión del Canal generó $0.64 de demanda interna, principalmente de construcción, y $0.36 en compras de bienes de capital.
Con una inversión de unos $5,250 millones a lo largo de 6 años, este indicador significó compras de unos $600 millones anuales a otros sectores de la economía. El reporte también indicó que el final de la construcción en el Canal de Panamá eliminaría un importante estímulo para la economía, generando desafíos para el crecimiento económico durante la década y presión para una rápida reasignación de mano de obra.
A partir de 2012, a pesar de un aumento en los niveles de inversión privada, el clima de negocios sufre de “incertidumbre postampliación”, dando como resultado la pérdida de 24 mil empleos asalariados privados (2012-2024), y que cuatro de cada cinco nuevos empleos generados por la economía hoy sean informales (el otro es un funcionario), telón de fondo para el proceso de precarización y estatización laboral más severo de la historia.
Existen ocho sectores que en conjunto representan siete de cada diez empleos en la economía (2024) y aportaron dos terceras partes de la expansión de la Población Ocupada entre 2012 y 2024. Estos sectores son Agricultura, Comercio, Construcción, Industria, Logística, Turismo (Hoteles y Restaurantes), Actividades Administrativas y Otras Actividades de Servicio.
Durante esos 12 años, dichas actividades, como bloque, aportaron 100% empleo informal a la economía.
Catástrofe laboral y pérdida de inversión privada
El reciente Informe del Mercado Laboral a octubre de 2024, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), reveló que se perdieron 54,107 empleos formales no agrícolas durante los 14 meses comprendidos entre agosto de 2023 y octubre de 2024, la mayor “catástrofe” laboral después de la pandemia, directamente relacionada al repentino cese de la operación minera y consecuente pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings en marzo de 2024.
La súbita interrupción de $888 millones de compras anuales de la operación minera a otros sectores de la economía ocurrió de manera concurrente con la reducción de $2,405 millones en nuevos financiamientos bancarios al sector productivo, debido al aumento de las tasas de interés, y del flujo de Inversión Extranjera Directa (IED), de $4,835 millones en 2019 a unos $3,000 millones en 2024 (estimado). Se perdieron $5,100 millones de inversión privada en 5 años (2019-2024).
Históricamente, por cada $1 que el Estado invierte en la economía, el sector privado aporta $5 o $6. El “chen chen” prometido por el presidente Mulino vendrá de la economía, no del Gobierno.
Enfrentamos un déficit de liquidez y contracción del consumo. Como vimos con la Ampliación del Canal, si inyectamos $5,000 millones a esta economía, “la ponemos a volar”. Pero si le sacamos $5,000 millones (cierre minero y pérdida del Grado de Inversión), la “asfixiamos”.
Urge transmitir confianza en que invertir en Panamá es buen negocio.
El autor es asesor empresarial.
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