Con las primarias presidenciales de algunos partidos políticos al rojo vivo y el horizonte de las elecciones de mayo de 2024 cada vez más cerca, es imposible no sentirse preocupado por los signos de deterioro democrático que vemos por todas partes.
Como se sabe -aunque algunos no lo tengan claro-, en estos tiempos las rupturas democráticas no las provocan soldados ni generales, sino las autoridades electas. Una vez llegan al poder, transforman las reglas del juego democrático, se toman las instituciones de control, al tiempo que logran apoyo popular gracias a estrategias populistas.
Quienes analizan este fenómeno aseguran que desde la caída del comunismo en los años 90 del siglo pasado, el sistema democrático no se había enfrentado a un enemigo tan poderoso. La fuerza del populismo no solo ha hecho mella en democracias frágiles o con pasados dictatoriales recientes como Brasil, Hungría oTurquía, sino también, como sabemos, en sistemas consolidados como Estados Unidos y el Reino Unido.
El tantas veces citado libro Cómo mueren las democracias, de Steve Levistky y Daniel Ziblatt, explica el fenómeno: los populistas se benefician de las promesas incumplidas de la democracia y, tras alcanzar el poder, van desmantelando todas las instituciones que sustentan el sistema de libertades y garantías.
Analizando el caso panameño en ese contexto mundial, surgen los contrastes. Yo no diría que el presidente Laurentino Cortizo llegó a la Presidencia adoptando un agresivo discurso populista ni explotado emociones primarias como el miedo o el odio al otro. Por el contrario, mantuvo siempre un tono respetuoso y conciliador.
Sin embargo, el resultado de su gestión -como sucede con los populistas- ha sido el debilitamiento de las instituciones de control, la ausencia de transparencia y el uso abusivo de los recursos públicos para beneficio de los miembros de su partido, el PRD. En conclusión, es otro caso de debilitamiento de la institucionalidad democrática, pero a la panameña.
La última noticia nos llega fresquita gracias a una investigación de esta casa: el reparto desigual y arbitrario de los recursos públicos destinados al desarrollo de los gobiernos locales, beneficiando de forma escandalosa a los alcaldes y representantes del PRD, con el objetivo de que puedan reelegirse. No voy a repetir las cifras que están en la investigación de la periodista Sol Lauría, pero son un escándalo. O deberían serlo.
A pesar de ello, no preveo cambio alguno en la descarada gestión del gobierno. Saben que cuentan con el fiscal electoral, Dilio Arcia, un viejo militante del PRD que, en caso de investigar -que lo dudo-, encontrará la leguleyada necesaria para justificar lo injustificable.
El reparto discrecional del dinerito lo gestiona Edward Mosley Ibarra desde la Autoridad Nacional de Descentralización. Se trata, obviamente, de un militante del PRD y defensor de la opacidad, ya que no fue capaz de dar la cara y responder las preguntas de la periodista.
Han destruido un proyecto fundamental para la democracia, acabando con el potencial de desarrollo sostenible de los gobiernos locales para beneficio de la gente. ¡Imperdonable!
Frente a este desbarajuste, uno se pregunta dónde está la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. Es, claro está, una pregunta retórica. Sabemos que está multando a medios de comunicación, cumpliendo su papel de operadora política -fue candidata a diputada por el PRD-, en lugar de actuar con el carácter técnico que su cargo exige.
Podría decirse que la joya de la corona de la destrucción institucional es la Contraloría. En realidad, hay poco que decir a estas alturas: Gerardo Solís decidió ser un militante a tiempo completo del partido en el poder, en vez de cumplir su obligación constitucional de velar por el buen uso de los recursos públicos. Como se dice, “con los tuyos, con razón o sin razón”.
Esa escandalosa designación de militantes del partido en el poder en las instituciones de control, fue parte de la toma completa de las instituciones por el PRD desde el día uno. Es una vieja y dañina práctica que, sin embargo, ha tocado fondo en esta administración. Tras 10 años en el desierto, llegaron con sangre en los ojos, y así siguen.
El último capítulo de esta nefasta práctica está sucediendo estos días en el Tribunal Electoral, donde el nuevo magistrado salido también de la incubadora PRD, está reclamando sus espacios en la planilla, sin que la cercanía del proceso electoral lo detenga.
Un completo y peligroso desbarajuste.
La lista de arbitrariedades sigue y sigue, e incluye el uso de la planilla para garantizar el triunfo del candidato de Palacio en las elecciones primarias, el abultado presupuesto de los diputados, los negocios, los contratos, Etelvina y su planilla universitaria, Yanibel Ábrego y su exitosa navegación en varias aguas, o la asignación arbitraria de la propaganda oficial.
En este último tema, es imposible tener datos concretos, pero basta revisar los diarios para verificar el descarado incumplimiento de la Declaración de Chapultece a la que se comprometió el presidente Cortizo.
Curiosamente, quienes criticamos lo que está suciendo contamos estos días con apoyos en las filas PRD, como el exdiputado y exsecretario general del partido, Pedro Miguel González, o el expresidente Martín Torrijos, quienes están denunciando también las dañinas prácticas clientelares que se han impuesto en su partido.
Es que la cosa es muy obvia: pretenden quedarse en el poder, cueste lo que cueste. Incluso, a costa de la democracia.
La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana (TI Panamá)
Usado Toyota RAV4 2016
Usado HYUNDAI H-1 2018
Usado Nissan KICKS 2019
Usado Toyota Hilux Cabina Sencilla 4x2 2019 CT3160
