Nunca ha habido tanto contubernio Gobierno-Iglesia como en el periodo que afortunadamente concluye en dos semanas. En los Estados democráticos, las creencias personales de los funcionarios en el poder no deben influenciar el manejo de las políticas públicas. Jamás, en la historia, un presidente destinó tantos fondos a subsidiar actividades eclesiales, reparar parroquias, colaborar con escuelas religiosas, otorgar ayudas a misioneros foráneos y viajar con extensas comitivas a peregrinajes papales, además de recurrir a alegorías bíblicas para maquillar sus discursos oficiales. Para colmo, en clara burla a la transparencia fiscal, la JMJ todavía no ha emitido un informe detallado de gastos y retornos monetarios. Tristemente, para conseguir similar financiamiento en materia de ciencia y cultura, se requiere ensillar a un zopilote.
Como si fuera poco, en los últimos estertores de su gestión, el mandatario condecoró a dos presbíteros con la orden Vasco Núñez de Balboa, siguiendo procedimientos y motivos espurios. Lo único que le faltó, creo, fue usar sotana para sermonear al Gabinete. Las direcciones de numerosas instituciones, y hasta de medios de comunicación, se contagiaron del estilo teocrático. Policía Nacional y Ministerio Público, por ejemplo, exhiben frases beatas en vestimentas, paredes, resoluciones y comportamientos oficiales. Muchos periodistas entrevistan primero al obispo ante cualquier debate nacional. Ulloa, de hecho, apareció más veces en televisión que el propio presidente.
Pese a que nuestra Constitución pareciera ser laica (libertad de culto), la presencia de enunciados sobre moral cristiana o sobre mayoría católica, propicia la discrecionalidad preferencial de la clase política por una determinada religión. Una constitución debe ser lo más inclusiva posible, procurando que los derechos de todos los ciudadanos tengan amparo legal. Como, tácitamente, lo que no está escrito es permitido, menospreciar la moral de otras creencias tendría validez jurídica. El concepto de mayoría, por otro lado, puede variar en el tiempo, lo que obligaría a reformas recurrentes. La mayor parte de los panameños también cree en horóscopos o en panaceas naturistas y, no por eso, estas cualidades deben ser legitimadas por la carta magna. Es craso y pusilánime error de la Concertación Nacional haber dejado este tema intacto. Parafraseando a Benito Juárez: “Los gobiernos civiles no deben tener religión porque, siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”.
La Constitución debe dar más preponderancia ética a los DDHH que a la moral de un culto particular. Como dice Savater: “La ética se distingue de la religión en su objetivo [la primera quiere una vida mejor y la segunda algo mejor que la vida] y en su método [la primera se basa en la razón y la experiencia, la segunda en la revelación y la fe]. La ética es cosa de todos, la religión de fieles. Los creyentes también tienen intereses éticos, pero no toda persona con intereses éticos tiene creencias religiosas. La ética y la religión sirven para ejemplificar la diferencia entre principios racionales que todos podemos comprender, compartir y debatir frente a doctrinas respetables, pero cuyo misterio indemostrable no todos reconocen como válido”. Evolucionemos…
El autor es médico
