Estaba yo tomándome un café, cuando llegó un expat norteamericano, ahora residente en Panamá, y me preguntó qué estaba sucediendo en Panamá. Le dije que tenemos un gobierno que olvidó del todo sus discursos y promesas de campaña.
Un presidente que llegó a la butaca presidencial y, sin mediar palabra, de inmediato entregó la Presidencia al jefe de un combito de ministros jóvenes inexpertos (todos probablemente fracasados en el sector privado); estos se dedicaron no a gobernar, sino a hacer negocios afectando negativamente a la institución presidencial. Desde el inicio del gobierno, cualquier viso de la transparencia prometida se volvió oscuridad para darle paso a la corrupción.
El manejo presupuestario fue al revés de lo prometido: exceso de deuda en miles de millones dedicados a gastos , sobre todo en planilla política o “botellas”. El sistema de descentralización -nuevo e importante – se usó para entregas de millones a sus capitanes políticos, desprestigiando el importante sistema. Durante toda esta danza de millones, para el Hospital Oncológico decían “no hay plata”, al igual que para el Hospital del Niño. Ni hablar de la Caja de Seguro Social, donde no hay insumos básicos para los salones de operaciones, no hay medicamentos y el servicio al paciente es canalla.
En conclusión, robo y más robo de los funcionarios, mientras se burlaban (sí, burlaban) de los panameños más vulnerables que no tienen lo mínimo para una vida digna.
En pandemia, se cerró el país, más allá de todos los cierres que hubo en el mundo, destruyendo la economía, empeorando la vida de todos los panameños, especialmente los de a pie.
Luego de dos o tres comisiones presidenciales para estudiar el problema de medicamentos, que para el panameño son 10 veces más caros que en la vecina Colombia o en España, los funcionarios siguieron robando y asegurando que las licitaciones se las ganaran sus amigotes.
Durante cuatro años, la red vial del país siguió abandonada totalmente, hasta hacerla casi intransitable. Ahora, nueve meses antes de terminar su mandato, se licitan obras multimillonarias para recobrar lo que ellos mismos dejaron dañar.
Ahora, el presidente ausente impone la candidatura del ministro (y vicepresidente) más cuestionado de su gobierno e intensifica vulgarmente los fondos públicos hacia su campaña, procurando “comprar” su continuidad vía reeleción.
Todo esta robadera mientras se reían y burlaban del país necesitado, fue acumulando una rabia contenida de la población a todos los niveles.
Entonces, aparece un “nuevo” contrato para una mina que tiene ocho años de estar operando sin contrato, ya que un fallo de la Corte Suprema de Justicia fue engavetado.
El contrato tiene fallas fundamentales que la gente va señalado en reuniones de supuesta “consulta”. El gobierno los resumió en cuatro, que se corrigieron y devolvieron a la Asamblea Nacional y esta, en tres días, le da primer, segundo y tercer debate, el presidente sancionó la ley y se publicó en Gaceta Oficial un viernes en la noche. O sea, “va porque va y punto”. ¡Y este fue entonces el gatillo que hizo explotar la rabia acumulada por tanto abuso de un gobierno corrupto e inepto!
Así las cosas, como país tendremos que pagar el alto precio de la parálisis por lo que en esencia se ha convertido en un paro nacional.
Cuando la rabia es tan generalizada, todos se montan a la protesta: juventudes y estudiantes, sindicatos de ideología extrema, profesores y maestros, pueblos originarios, médicos y profesionales, empresarios chicos y medianos, y –por supuesto– se aprovechan maleantes, ladrones, pandillas (algunas hasta cobran peajes). O sea, casi que el país entero.
Estos momentos son peligrosos, pero tienden a producir cambios fundamentales que pueden ser históricamente positivos.
“La mina” genera pasión de los sectores ambientalistas (como hubiera generado la construcción del Canal si se construyera en estos tiempos), pero el problema fundamental es la rabia colectiva contra un gobierno corrupto e inepto. El contrato de la mina fue tan solo la gota que rebasó el vaso.
Pienso que la Corte Suprema de Justicia debe hacer su trabajo con una sentencia reiterativa para resolver ahora la crisis de rabia (hasta los obispos de la Iglesia católica se lo han pedido). El nuevo gobierno (que no será ni PRD ni Martinelli) puede sentarse a la mesa con la mina y armar un verdaderamente nuevo contrato que voltee la torta.
Eliminando todas las cláusulas inaceptables, y en lo económico, por ejemplo, 49% para nuestra república, 49% para First Quantum (los operadores de la mina) y 2% para los empleados y pueblos aledaños a la mina. Esto rectificaría la queja de soberanía si se logra que las cifras funcionen.
No dudo que habrá otras soluciones, pero lo que no es posible es pensar en cerrar esta mina. Por supuesto que sí se puede adicionar una moratoria de “no más minas”, hasta que por referendo decidamos todos sobre el futuro de la minería en nuestro país.
El autor es presidente fundador del diario La Prensa
