La corrupción es el principal problema y preocupación de los panameños (21.8%). https://cieps.org.pa/wp-content/uploads/2022/03/informe_encuestaCIEPS2021.pdf
Es un problema transversal. En el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional Panamá obtuvo la calificación de 36/100 (siendo 0 lo más opaco/corrupto y 100 lo más transparente/limpio), ocupando la posición 105 de 180 países. 18% de los panameños señalan haber pagado sobornos para recibir servicios públicos, según el Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el Caribe 2019.
La corrupción que es pública y privada se combate con medidas preventivas y de castigo. Las preventivas incluyen establecimiento de controles, adopción de programas de integridad eficientes y eficaces, y transparencia. Las de castigo conllevan investigaciones previas, debido proceso e imposición de sanciones disuasorias.
La transparencia, palabra prostituída, es “el deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, el manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos.”
Panamá muestra un estancamiento en la lucha contra la corrupción. Hace falta voluntad política y mucho mayor involucramiento ciudadano. En materia de transparencia hay tendencia formal a un aumento en la adopción de medidas más cosméticas que de fondo. Las causas del estancamiento obedecen principalmente a falta de voluntad e interés genuino.
La falta de voluntad no es casual. No se tiene voluntad ya que de combatirse efectiva y eficazmente la corrupción pública y privada se vería afectado el modo de operación clientelista del sistema gubernamental actual (y tradicional), el cual está capturado por prácticas corruptas públicas y privadas. La captura es mayormente materialista (sobornos, donaciones).
También es una captura cognitiva o no materialista en casos más técnicos, como por ejemplo reguladores sectoriales.
Un reflejo ejemplar se da en la contratación pública. La ley 22 de 2006 de contrataciones públicas ha sufrido 14 reformas en 15 años.
El problema medular es el abuso en la contratación pública de los procedimientos especiales o excepcionales (entre ellos la antes denominada contratación directa).
Se desvirtúa completamente, en la propia ley, el principio de libre competencia y de amplia oportunidad de participación y de búsqueda de mejor proponente, producto y/o servicio. Se opta por la contratación que favorece directamente a partes relacionadas, socios, copartidarios, etc. El sistema legalmente favorece la corrupción y el clientelismo.
La contraparte en este proceso de contratación (el contratista) se encuentra necesariamente en el sector privado que tolera, y hasta favorece, por acción u omisión, que se desvirtúe la ley de contrataciones públicas. Ante esta situación identifico dos oportunidades. Las nuevas generaciones acostumbradas a la inmediatez y solución oportuna que les brinda la tecnología actual presionan para cambiar la forma y tiempos como se trata la corrupción y la transparencia en Panamá hoy.
La presión internacional que requiere que Panamá sea un país realmente colaborador en la lucha contra la corrupción internacional favorece la adopción de medidas por la transparencia y contra la corrupción local, aun contra la voluntad de los corruptos.
El autor es abogado
