Hace algunos días tuve acceso al informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd, presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas de conformidad con la resolución 46/7 del Consejo de Derechos Humanos. El mismo se titula “Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos”. Sus hallazgos son, sin duda alguna, sobrecogedores, pues expone cómo el proceso secretista de solución de controversias entre inversionistas y Estados se ha convertido en un obstáculo para la adopción de las medidas necesarias para responder a la crisis climática y la de derechos humanos que enfrenta nuestro planeta, pues los reclamos por sumas exorbitantes por parte de la industria extractiva, coacciona a los Estados demandados, conllevando así a un enfriamiento normativo.
Dicho informe tiene fecha del 13 de julio de 2023 y plantea una serie de medidas concretas que pueden adoptar los Estados para evitar demandas de esta naturaleza y cumplir con sus obligaciones medioambientales y de derechos humanos. Tales recomendaciones dejan al descubierto el falso discurso ambientalista promovido por la administración del presidente Cortizo ante distintos foros internacionales, y que los negociadores del contrato minero y quienes lo aprobaron y promulgaron, le otorgaron, en el mejor de los casos, un carácter residual al medio ambiente y a los derechos humanos.
Luego de recapitular una serie de situaciones en las que se ha puesto a prueba la máxima del derecho internacional ambiental, “el que contamina paga”, el informe formula una serie de recomendaciones importantes que, de haber sido atendidas por el gobierno, sus negociadores y la Asamblea Nacional, al momento de concluir, aprobar y refrendar el contrato ley con Minera Panamá, hubiesen permitido un abordaje integral de la materia salvaguardando el medio ambiente y los derechos humanos. Entre tales recomendaciones se encuentran la de renegociar o enmendar acuerdos internacionales de inversión con el objetivo de: proteger los derechos humanos y el medio ambiente, salvaguardando así la capacidad de Panamá para adoptar medidas climáticas y ambientales ambiciosas y eficaces; incorporar definiciones claras sobre términos como expropiación, trato justo y equitativo y expectativas legítimas; e impedir la interposición de demandas cuando se vulnere la legislación nacional, se violen derechos humanos y normas ambientales, o se incumpla de otro modo con normas nacionales, regionales e internacionales, limitando o, incluso, eliminando, la indemnización a las empresas en casos de graves afectaciones ambientales. Igualmente, recomienda incluir en estos acuerdos internacionales de inversión el acceso oportuno y asequible a la justicia para las comunidades y personas cuyos derechos humanos se vean amenazados o afectados por inversionistas extranjeros, promoviendo también la transparencia y la rendición de cuentas.
Evidentemente, tales recomendaciones no fueron atendidas por el Gobierno Nacional previo a la celebración del contrato minero. Una causal lógica de terminación del contrato negociado y aprobado debió haber sido la ejecución sostenida de actos, por parte de la empresa, con graves afectaciones y consecuencias medioambientales. No obstante, es preciso señalar que el tratado bilateral de inversión con Canadá contempla en su artículo XVII, una excepción para que las partes (Panamá y Canadá) adopten, mantengan o apliquen disposiciones que consideren apropiadas para asegurar que las actividades de los inversionistas, en su territorio, se ejecuten de modo que respeten la protección del medio ambiente, incluyendo aquellas necesarias para proteger la vida humana, animal, vegetal o la salud, y las relativas a la conservación de recursos renovables y no renovables. Estas y otras herramientas son las que deberá utilizar el Estado (futuros gobiernos) para la gallarda y justa defensa del interés nacional expresado en las calles.
En 2021, el propio presidente Cortizo celebró ante la COP 26 de Glasgow, el hecho de que Panamá fuese un país carbono negativo. Sostenía que la clave para tal éxito era el respeto del país hacia sus pueblos originarios y bosques, protegiendo el 33% de la superficie del país y cuidando los océanos. Hizo, también, un llamado a otros Estados a pasar de las palabras a la acción, a que ejecutasen acciones concretas para ayudar a la madre tierra, solicitando apoyo verde para incentivar a quienes lo hacen bien (Panamá). Pidió una hoja de ruta a corto plazo para dotar de recursos a países como Panamá, para “la sostenibilidad de nuestras contribuciones al planeta”. Concluyó, ante un auditorio casi vacío, “o actuamos ahora o vamos rumbo a más desastres”.
Dicho discurso parecía más bien una proclama de un nuevo componente medioambiental en la política exterior panameña. Irónicamente, las palabras quedaron solo en eso, las acciones nunca llegaron. Informes como el que abordo en este artículo, jurisprudencia como la relativa a los pueblos originarios Kuna y Emberá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o acuerdos internacionales como el de Escazú, acompañados de acciones concretas y un abordaje serio y diligente le hubiesen permitido a nuestro país liderar con acciones en un momento clave en la historia planetaria. En cambio, nunca actuamos, y fue precisamente el clamor a la protección del medioambiente y los derechos humanos lo que desencadenó la actual crisis política y social.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
