Finalmente ocurrió: Panamá perdió su calificación de grado de inversión. Este hecho, que está por convertirnos en un “ángel caído” si alguna de las otras calificadoras nos retirara también el grado, no solo resuena en los corredores políticos y las mesas de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, sino que también tiene un eco profundo en las calles y hogares de nuestro país. Que Fitch Rating nos haya quitado la calificación, es un hecho que impacta a todos, y tiene implicaciones fuertes, directas, y tangibles en el día a día del ciudadano de a pie y de las micro, pequeñas, y medianas empresas (Mipymes).
Para entender bien todo esto, pensemos en Panamá como una gran empresa que, hasta hace poco, tenía un letrero muy atractivo que decía: “Aquí se hacen buenas inversiones”. Dicho letrero, que nos lo colocan las calificadoras de riesgo como Fitch, atraía a muchos inversionistas locales e internacionales dispuestos a prestar dinero a nuestro país bajo términos y condiciones favorables. Sin embargo, con lo ocurrido, Panamá ahora se ve como un lugar menos atractivo para invertir, con diferentes consecuencias de mucho impacto.
Para los ciudadanos de a pie, esto se traduce en significativas amenazas y retos. Dado que el financiamiento se vuelve, en general, más difícil y costoso, los intereses que se pagan en préstamos, ya sean personales, hipotecarios o de autos, probablemente aumentarán. No hay que ser un matemático para saber que esto impacta de manera directa en el órgano más sensible que tiene el ser humano, su bolsillo. Esto dificulta la compra de nuevas viviendas, el financiamiento educativo, y los proyectos y sueños personales que cada uno de nosotros alberga.
En cuanto a las Mipymes, que según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) constituyen más del 97% de todas las empresas, contribuyen 17% del PIB, y generan cerca del 57% del empleo en nuestro país, la situación es tétrica. Su operación y expansión depende, en gran medida, del acceso al crédito de tasas accesibles, probablemente se van a enfrentar a un escenario complicadísimo ya que dicho crédito será más caro y/o más limitado en su obtención. Esto atentaría contra su capacidad de crecimiento y desarrollo, pegándole a los propietarios de las empresas, sus empleados, los dueños de los locales en los que alquilan, sus proveedores, en fin, a todos los que directa, o indirectamente, dependen de estas; es decir, a toda la economía del país.
Y, aprovechando que estamos hablando del empleo, que ya ha venido muy golpeado desde hace varios años, todo lo antes expuesto se puede traducir en una reducción en la capacidad de nuestras empresas de mantener o crear nuevos trabajos; incluyendo, los potenciales nuevos trabajos perdidos al no poder atraer aquellas multinacionales o empresas extranjeras que ya no nos considerarán como un destino seguro para establecerse. Esto exacerbará la informalidad, empujando a la baja la recaudación tributaria, que reduce el potencial de invertir en educación y salud pública, y creando potenciales escenarios donde se aumente la delincuencia general, abriéndole aún más las puertas al narcotráfico.
Lo que nos toca preguntarnos es qué viene ahora. Sin lugar a duda, y como bien lo ha señalado Fitch en su comunicado, es la disciplina fiscal, la reducción del excesivo gasto público (particularmente el gasto en planilla de las botellas y garrafones que tenemos en los distintos órganos del estado, y en los intereses de la deuda que debemos pagar), y el enfrentar los grandes problemas de estado de derecho que tiene el país, lo que nos ayudará a salir adelante. Desde el sector privado, el único que realmente crea riquezas para el país, tenemos una gran tarea, y es la de recoger la bandera, y salir a la recuperación de la institucionalidad, la seguridad jurídica, y la libertad empresarial. Tenemos el deber de ser promotores de nuestro país y trabajar, tanto fuera de este, como a lo interno, en retomar el camino del desarrollo sostenible y de un destino seguro para las inversiones.
La pérdida de la calificación de grado de inversión es equivalente a perder una invaluable recomendación en un mercado cada vez más competitivo e interconectado. Esto, no obstante, nos debe servir como una oportunidad para darnos cuenta de que estábamos caminando por un camino muy equivocado, en lo que se refiere a nuestras políticas públicas, económicas, y de finanzas nacionales. El momento de comenzar a adoptar las medidas y políticas correctas, que contribuyan a recuperar la confianza internacional y local, y a tener una república próspera, lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 5 de mayo. De ahí en adelante nos corresponde, a ti y a mi, trabajar por el Panamá que todos queremos.
El autor es financista
