Panamá, un país libre de corrupción

El marco era inmejorable para la puesta en escena que había sido meticulosamente preparada. Se trataba del primer Consejo de Gabinete del año recién estrenado y la idea era hacerlo con estilo. Para ello, nada mejor que el entorno del imponente e histórico edificio de la Administración del Canal, desde el que se divisa el imparable avance de la panameñidad -incluyendo infames concesiones y desastres urbanísticos- en un territorio que estuvo vedado a los locales por un siglo.

Podría decirse que fue una visita de cortesía a las máximas autoridades canaleras, después de recibir de ellos $2,494 millones que, tras la foto protocolar -o tal vez desde antes- fueron engullidos por la caja central del gobierno y su insaciable sed clientelar.

Las noticias del evento ocurrido el pasado 5 de enero dan cuenta de lo que podrían ser importantes novedades en materia de acceso a medicamentos más baratos, lo que desde luego es muy buena noticia. Habrá que ver cuánto se demoran en implementar lo decidido y si realmente se trata de medidas eficaces.

También hubo regocijo entre los funcionarios que asistieron al Consejo de Gabinete debido al anuncio de que en 2022 el Gobierno logró una ejecución presupuestaria sin precedentes, lo que obviamente no incluye al Ministerio de Obras Públicas. Teniendo en cuenta que no existe una sola calle de la red vial del país que no esté destrozada, surge la pregunta: ¿quién se quedó con el presupuesto del ministro Rodolfo Sabonge?

Pero tras el regocijo vino la queja de parte del señor presidente Laurentino Cortizo, al lamentarse de que cinco años no alcanzan para hacer todo lo que el país necesita.

Obviamente tiene razón. Pero dejando de lado la suspicacia que podría deducirse del comentario -teniendo en cuenta que sentado a su lado estaba su delfín que, como todo el país sabe, pretende quedarse en el Palacio de Las Garzas pero cambiando de oficina-, el tema da para mucho.

Allí está la utilización de la planilla estatal como botín que implica la sustitución de los funcionarios cada cinco años, con la consecuente pérdida de experiencia, formación y pericia. Los nuevos emplanillados, militantes y activistas del partido en el poder, suelen producir estancamiento, retroceso, ineficacia -cuando no directa chambonada-, pérdida de recursos y un general debilitamiento institucional.

Para que los cinco años rindan y se logre trascender, es preciso contar con un servicio civil profesional y despolitizado, que pueda darle continuidad a las actividades que sean parte de políticas públicas que beneficien a las comunidades. Pero no hay manera de que los políticos del patio lo entiendan.

El dañido proceso incluye también el autoengaño. Y es que cada final de mandato, los departamentos de recursos humanos se embarcan en procesos de acreditaciones exprés, para intentar darle estabilidad a sus nombrados. Se trata de fórmulas que nada tienen que ver con los formalismos de un sistema de carrera administrativa, por lo que el siguiente gobierno se ríe de esas acreditaciones, reanudándose el dañino ciclo de descarte del funcionariaro. Lo hicieron los que hoy nos gobiernan y los anteriores.

Pero realmente la nota estelar del evento del 5 de enero la dio el señor contralor de la República, Gerardo Solís, quien empoderado por la recién aprobada Ley 351 de 2022, declaró solemne: “toda esta gestión se ha hecho sin corrupción”, poniendo punto final a cualquier controversia sobre el manejo de los recursos públicos en el país.

Según la citada norma que modificó la ley orgánica de la Contraloría, el señor contralor ha adquirido poderes discrecionales para decidir -sana crítica y buena fe mediante- si aprueba, cierra o archiva los informe de investigaciones que le presenten sus auditores. Dicha decisión la tomará, dice la Ley 351, “según a su criterio corresponda”. Y ya se sabe lo que sucede cuando el poder se ejerce de forma discrecional y sin tener que rendir cuentas.

Así, con el poder discrecional otorgado por la citada ley, el contralor Solís ha determinado que la corrupción está ausente de toda la administración pública panameña. En consecuencia, todas esas mediciones que hacen organismos internacionales como Transparencia Internacional, World Justice Project, Banco Mundial, etc., deben tener alguna falla, ya que todos concluyen que la corrupción es un grave problema en Panamá.

Obviamente, la corrupción no existe si se esconde bajo la alfombra. Allí está el caso de los famosos auxilios económicos que, también discrecionalmente, ha otorgado el director del Instituto para la Formació́n y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernando Meneses, a los nietos predilectos de aquella revolución. A pesar de los esfuerzos de Foco por revelar los nombres de todos los beneficiarios, ha sido imposible.

Alguien, discrecionalmente, eliminó ese dato de los informes que publicaba la Contraloría.

Y, por supuesto, tampoco hay corrupción si la cultura de opacidad que practican los funcionarios es bendecida por la Corte Suprema de Justicia. Es el fin de la discusión y el triunfo de la impunidad.

La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, TI Panamá