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Panamá y el futuro del derecho del mar

Panamá y el futuro del derecho del mar
Con el inicio de operaciones de las nuevas esclusas, aumentó el tránsito de buques de mayor tamaño por el Canal. Se evalúa cómo hacer más eficiente el tránsito. Archivo

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), el principal instrumento internacional que regula el uso y la explotación de los océanos, celebrará su cuadragésimo aniversario en diciembre. Esta será una oportunidad para resaltar los logros de la CNUDM en la gobernanza de los océanos en estos 40 años, así como para reflexionar sobre los nuevos retos que enfrentará el derecho del mar en este siglo y como pueden ser abordados por Panamá.

En su informe “CNUDM: El derecho del mar en el siglo XXI”, la Cámara de los Lores del Reino Unido agrupó tales retos en cinco categorías: seguridad marítima, cambio climático, derechos humanos en el mar, vehículos marítimos autónomos y recursos económicos en el mar.

Dicho informe destaca los registros abiertos de la marina mercante y la reconfiguración de las normas establecidas en la CNUDM como amenazas a la seguridad marítima. Puesto que Panamá cuenta con la marina mercante más grande del mundo y es un país dependiente del comercio internacional, nuestra política marítima debería seguir enfocándose en el ejercicio eficaz de nuestra jurisdicción sobre los buques que abanderamos, así como en la adopción de un papel de liderazgo en la defensa de las reglas establecidas en la CNUDM.

Una política marítima basada no solo en las ventajas competitivas de la bandera panameña, sino también en el fortalecimiento de los mecanismos de sanciones debido al incumplimiento de las normativas internacionales, nos permitirá continuar siendo líderes mundiales en abanderamientos, mientras defendemos el argumento de que los registros abiertos no tienen que ser sinónimos de incompetencia o evasión de responsabilidades.

Adicionalmente, dado que Panamá contribuyó a la creación del orden marítimo internacional y que nuestra economía de servicios tiene mucho que ver con los negocios marítimos, se debería promover activamente la defensa de la CNUDM. Normas como la libertad de navegación y el derecho de paso inocente, que han sido recientemente desafiadas por potencias emergentes, son la razón de existir de los servicios de abanderamiento y del tránsito por el Canal de Panamá. La erosión del orden marítimo internacional tendría, por ende, consecuencias directas y negativas para nuestra economía de servicios marítimos.

Por otro lado, en cuanto al cambio climático, el informe destaca el incremento del nivel del mar como un riesgo existencial para los Estados costeros e insulares. En efecto, las inundaciones provocadas por el incremento del nivel del mar podría tener graves consecuencias para la integridad territorial panameña, ya que la extensión del territorio nacional podría reducirse, lo cual además afectaría nuestros derechos en las respectivas zonas del mar.

Aunque la CNUDM no dice nada sobre cómo mitigar los efectos del cambio climático en el mar porque no era una cuestión relevante durante la negociación de la misma, el establecimiento de las líneas de base para medir el mar territorial y las demás zonas marítimas podría ser útil para preservar la extensión del territorio y los derechos de los Estados sobre el mar.

Panamá estableció sus líneas de base mediante la Ley 47 de 28 de agosto de 2018. Sin embargo, como no existe un criterio global sobre si las mismas tienen efectos fijos o ambulatorios sobre los límites marítimos, deberíamos prestarle atención a los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional sobre el incremento del nivel del mar y, cuando sea el momento, presentar nuestra posición jurídica sobre cuál de los dos criterios adoptamos como país. Lo ideal sería que nuestra posición fuera la misma que la del Foro de las Islas del Pacífico, según la cual las líneas de base son fijas y, ante el incremento del nivel del mar, producen estabilidad en los límites marítimos.

Estos son dos de los aspectos del derecho del mar que deberían ser considerados seriamente y ser incluidos en nuestra política marítima si queremos mantenernos relevantes en la materia. En otro artículo explicaré el resto de los desafíos mencionados en el informe de la Cámara de los Lores.

El autor es abogado y profesor de derecho internacional


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