La mesa tripartita del salario mínimo es una de esas instituciones que, por sus principios, debería llenarnos de orgullo. Grupos laborales, gremios empresariales y el gobierno se sientan cada dos años a discutir, basados en evidencia y sus poderes de negociación y persuasión, sobre una variable económica que influye significativamente en la calidad de vida de millones de personas y los costes de miles de empresas.
La mesa que decidirá sobre las más de 180 tasas de salario mínimo para 2024-2025 acaba de arrancar motores. Esto ocurre en un contexto donde, según la OIT, los trabajadores en Panamá reciben menos del 34% de los ingresos que generamos como país en términos del PIB (comparado a un 65% en Chile y 54% en Costa Rica). Vale la pena preguntar entonces, ¿está dando los resultados esperados esta mesa tripartita?
Como parte de un trabajo de investigación sobre desigualdad y productividad que realizo con la doctora Neidha Nadal y José Jauregui, de Quality Leadership University, exploramos los impactos de este proceso en los últimos 10 años. Ya sabemos que muchas veces estas negociaciones terminan sin lograr un consenso. Esto le cede el poder al Órgano Ejecutivo de decidir, unilateralmente, sobre las tasas de salario mínimo.
Aunque sería preferible que la mesa generase consensos, el valor de espacios donde grupos laborales y empresariales tengan el mismo poder de negociación solo fortalece nuestra democracia económica. Es en ese espacio donde se pueden desarropar en conjunto y públicamente las conflictuadas realidades de los diferentes grupos que conforman nuestro sistema socioeconómico, en particular los más marginados.
Y, ¿qué podemos decir de las mismas tasas de salario mínimo que se han decretado? El promedio de estas tasas aumentó aproximadamente un 26% entre 2012-2013 y 2020-21. Esto supera al indicador más simple de productividad (PIB por persona empleada), que aumentó un 18% en ese mismo período, según el Banco Mundial.
Igualmente, estas mejoras al salario mínimo están muy por encima de los indicadores principales del comportamiento de precios (IPC y la canasta básica de alimentos). Claro, si ampliamos la canasta básica para incluir otros derechos básicos como la vivienda, salud y recreación, ninguna de las tasas de salario mínimo brindaría una vida digna.
Por su parte, las empresas parecen no haber sido perjudicadas por los ajustes al salario mínimo. Estas reportaron un incremento en su patrimonio de alrededor del 16% entre 2012 y 2019, según la Encuesta de Empresas No Financieras del INEC.
Esta misma encuesta nos cuenta que, en ese periodo, las empresas experimentaron una mejora en sus ingresos promedio del 19%, beneficiándose de las mejoras salariales que influyen en el poder adquisitivo de cientos de miles de consumidores.
Pero, ¿qué podría explicar que el 66% de los ingresos que generamos sean repartidos entre dueños de capital y tierras? Una buena parte de la teoría y evidencia económica sugiere que estos factores de producción reciben más porque son más productivos. Sin embargo, teorías y estudios más recientes a nivel mundial indican que la productividad solo explica una parte de esta distribución.
El desbalance de poder económico entre grupos laborales y gremios empresariales, y la concentración industrial, influyen en gran parte en la distribución de ingresos dentro de una empresa. Vale explicitar que ambas dinámicas están presentes en Panamá y urge explorar de manera empírica su impacto tanto en la productividad y en la desigualdad.
Finalmente, mientras que la ley protege a los trabajadores formales en términos de los salarios y beneficios, la situación es diferente para los trabajadores informales. Estudios de la OIT sugieren que el sector informal se beneficia de los salarios mínimos al crear una expectativa social de cuál es un salario aceptable. Esto no parece suceder en Panamá.
Sabemos que el 77% de los trabajadores informales recibió un salario de menos de $600 al mes en 2019, según análisis de datos del INEC. Esta proporción fue de solo un 33% para todas las personas en el mercado laboral. La informalidad tiende a ser sinónimo de precariedad. Sin embargo, desconocemos de estudios empíricos de peso que exploren la relación entre la informalidad y los ajustes al salario mínimo en Panamá. Lo que sí está claro es que espacios como la mesa tripartita deberían exigir este tipo de análisis para informar no solo discusiones sobre el salario mínimo, sino también guiar políticas activas que incentiven la creación de empleos formales.
El autor es economista
