La decisión que tomemos los panameños sobre el futuro del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), como se denomina nuestro sistema de pensiones, determinará no solo la viabilidad de las jubilaciones para las futuras generaciones, sino la propia viabilidad financiera del Estado. De allí que deplore las prematuras declaraciones de líderes laborales que se precipitan a oponerse a la aún desconocida propuesta del gobierno, alegando que intentan privatizar el programa de IVM. Ello, a pesar del reiterado desmentido tanto del presidente de la República, José R. Mulino, como del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon.
El presidente dio un categórico desmentido a la tesis de un segmento de la fuerza laboral en la habitual reunión informativa de los jueves, cuando anunció el inicio de conversaciones con distintos sectores sobre la crisis del programa IVM. Al responder a una pregunta sobre el tema, dijo categóricamente que “no privatizaré la Caja de Seguro Social bajo ningún aspecto o concepto”.
El compromiso de no privatizar el programa IVM lo reiteró Mon cuando compareció el 29 de agosto ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Al responder a una interrogante en tal sentido, dijo: “el presidente José Raúl Mulino ha sido claro en decir que el proceso de reforma no incluye privatización”. Y para terminar con la infundada tesis, afirmó no creer en la privatización para un servicio tan importante para el panameño, prefiriendo en su lugar medidas que optimicen y mejoren el sistema.
Otro tema que genera inquietud entre líderes sindicales es el de la revisión de las medidas paramétricas (edad de jubilación, mínimo de cuotas y contribuciones del estado), tema sobre el cual el gobierno ha señalado que no existe una posición definida, advirtiendo que solo se llegarán a considerar una vez agotadas otras opciones. El propio Mon señaló que lo primero que se hará es una exhaustiva revisión interna, a fin de lograr importantes ahorros, y se hará un gran esfuerzo para perseguir la evasión obrero-patronal.
El problema consiste en que la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, que reformó la ley orgánica de la CSS, comprometía a los futuros gobiernos a aplicar al fondo de reserva 2.25 veces por cada dólar gastado cada año en el pago de pensiones a fin de mantener su sostenibilidad, pero ningún gobierno ha honrado ese compromiso. El resultado, advierte el consultor Jorge Nicolau, es que tanto la OIT como la Junta Técnica Actuarial coincidieron en que en 2024 se agotarían las reservas del Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), o sistema solidario. Para fines de 2024 ambas “cifraron el déficit en $1,100 millones…”.
Cabe observar que el sector laboral tiene una presencia importante en la junta directiva; en efecto, de sus once miembros, cuatro representan a los trabajadores. Además, hay un representante de los pensionados y jubilados, y un representante de los profesionales y técnicos de la salud. Todos ellos son corresponsables, junto a los gobiernos que se han sucedido en el poder después de 2005, de la grave crisis que enfrenta el SEBD.
Y es que, históricamente, la CSS ha sido víctima de la irresponsabilidad, no solo de quienes la han usado como botín político, sino de buena parte de los miembros de su junta directiva. Sobre la abultada burocracia, el economista Fernando Aramburú Porras deploró que la CSS destine $1,100 millones anuales de su presupuesto al pago de 35,000 empleados. En cambio, los asegurados se quejan de mal trato, demora en citas con especialistas y de la mora en cirugías. Ese desorden, resultado de la politización de la agencia, lo reconoció el exdirector Enrique Lau cuando admitió que diputados lo habían llamado para exigirle que cumpliera con “los 70 nombramientos a los que tenían derecho”.
Honrando la palabra empeñada en campaña, Mulino abrió un periodo de consulta con los sectores interesados para buscar una solución consensuada, de ser posible, antes de fin de año. Pero los representantes de los trabajadores insisten en acusar al gobierno de intentar privatizar el programa IVM y en rechazar cualquier fórmula que modifique las paramétricas (edad de jubilación, cuota obrero-patronal y mínimo de cuotas necesarias para jubilarse).
Concluido el periodo de consulta, han surgido varias propuestas, las cuales fueron sometidas a un proceso de homologación del que surgirá la propuesta que será presentada a la Asamblea Nacional. La clave, según lo ha reconocido el director de la CSS, será lograr una fórmula que garantice la sostenibilidad al sistema durante el futuro previsible.
Los gremios sindicales y profesionales han propuesto regresar al sistema solidario y fortalecer el programa IVM con aportes anuales de la Autoridad del Canal de Panamá (10% de sus excedentes), un aporte anual del gobierno equivalente al 3% del producto interno bruto, y el 10% de los dividendos de las empresas mixtas. Además, exigen un vigoroso esfuerzo de recuperación de la cartera morosa ($310 millones) y penas de prisión contra quienes evadan el pago de cuotas. Los gremios empresariales coinciden en recomendar tres pilares: el primero diseñado para quienes no han cotizado suficientes cuotas, parecido al programa “120 a los 65″, pero incrementando el monto para quienes hayan pagado cuotas; el segundo basado en cuentas individuales de ahorro para pensiones con mejores rendimientos y administración eficiente; y el tercero sería un sistema contributivo adicional, similar al Siacap, para quienes deseen mejorar su jubilación.
Ninguno menciona cambios en las paramétricas, pero a juicio de expertos estos serán necesarios para asegurar la sostenibilidad. Lo cierto es que nuestro sistema de pensiones es uno de los más generosos del mundo. De hecho, mientras que aquí las edades de jubilación son de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, en la mayoría de los países exitosos oscila entre los 65 y 67 años. En Holanda, con el mejor sistema del mundo (según la consultora Mercer), un ciudadano comienza a recibir su jubilación a los 66 años y 4 meses, edad que va incrementando según el año de nacimiento, hasta llegar a los 67 años para los nacidos en diciembre de 1958.
En el proceso de elaboración de la propuesta final, valdría la pena tomar en cuenta los sistemas más exitosos del mundo. Según el ranking global, los países con los mejores sistemas de pensiones son Holanda, Islandia, Israel, Dinamarca, Finlandia y Australia. La mayoría de ellos sustentan su sostenibilidad y suficiencia en la pensión pública básica, muy parecida al SEBD nuestro, el sistema de pensiones de empleo y las cuentas de ahorros personales, capitalizadas a través de planes privados. ¡No hay que inventar el agua tibia!
El autor es periodista
