La aprobación del Presupuesto 2025, junto con iniciativas como la reforma del sistema de pensiones, apunta a los objetivos de sostenibilidad fiscal, lo que ha generado expectativas positivas en el mercado. Sin embargo, la presión sobre las finanzas públicas persiste, por lo que resulta necesario incrementar la recaudación tributaria.
Según la Ley de Presupuesto, se proyectan ingresos tributarios de aproximadamente $8,240 millones para 2025. Si bien no se prevén aumentos en las tasas impositivas ni reducciones en las exoneraciones, el cumplimiento de esta meta dependerá en gran medida del fortalecimiento de la Dirección General de Ingresos (DGI).
La DGI enfrenta el desafío de combatir la evasión fiscal y optimizar la recaudación en un sistema que contempla múltiples exoneraciones tributarias. A pesar de los esfuerzos por modernizar la administración fiscal, la brecha entre los ingresos proyectados y los efectivamente recaudados sigue siendo un problema recurrente, como han señalado el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
Ante este panorama, se espera un incremento en las auditorías fiscales, especialmente dirigidas a grandes contribuyentes. La reciente reestructuración e integración de la Oficina de Grandes Contribuyentes al Departamento de Precios de Transferencia de la DGI evidencia esta tendencia.
La entrada en vigor del Código de Procedimiento Tributario en 2024 ha introducido nuevas reglas para combatir la evasión fiscal, pero también ha generado incertidumbre jurídica, especialmente en lo referente al sistema de compensaciones en los créditos fiscales. Es probable que en el futuro se presenten nuevas propuestas para modificar esta normativa.
Asimismo, en 2025 se prevé un aumento en las auditorías de precios de transferencia y en la verificación de los criterios de sustancia para los contribuyentes que gozan de tarifas reducidas en regímenes fiscales preferenciales. De no cumplirse dichos criterios, se aplicaría la tarifa del 25% del Impuesto sobre la Renta, lo que podría derivar en casos de defraudación fiscal conforme al Código de Procedimiento Tributario.
Por otro lado, los recientes cambios en la política tributaria de la administración de los Estados Unidos han puesto en pausa la entrada en vigor de los Pilares I y II de la OCDE, especialmente el Pilar I, que buscaba gravar los beneficios de las grandes empresas en la jurisdicción de mercado. Estos cambios podrían tener un impacto significativo en la política tributaria de Panamá. En este contexto, la creación del Consejo Fiscal en 2025 representa una oportunidad para enfrentar estos nuevos desafíos y promover un sistema tributario alineado con las mejores prácticas de la hacienda pública moderna.
El 2025 se perfila como un año crucial para el sistema tributario panameño. Si bien existen iniciativas positivas, persisten retos importantes relacionados con la evasión fiscal, la complejidad de las normas tributarias y la necesidad de adaptar la legislación a un entorno global cada vez más competitivo.
El autor es tributarista.
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