Planificación sin gestión es solo elucubración

Una de mis mayores preocupaciones como funcionario municipal es la implementación y cumplimiento de la normativa urbana. Aunque ustedes no lo crean dicha preocupación la comparten activistas comunitarios, empresarios inmobiliarios, profesionales de la ingeniería y arquitectura, políticos y académicos que claman por decisiones justas, seguridad jurídica, fiscalización y certeza de castigo. Esto demanda del funcionario responsable que tenga respeto por la ley, respeto por los procesos, imparcialidad, efectividad y eficacia y sobre todo ser humilde pero firme en sus acciones y decisiones.

¿Como se come todo esto en un rol donde se deben tomar decisiones y asumir las consecuencias, pero al mismo tiempo hacerlo sin que nadie se sienta ignorado? No existe fórmula perfecta, si usted la conoce mándeme un correo y lo conversamos.

Cosas tan sencillas, como hacer respetar el espacio público, las normas de convivencia social, de aseo o las de uso de suelo, parecieran solo requerir de la mera voluntad política pero estas se vuelven dificultadas por un sistema político con garantías democráticas para los derechos de todas las partes interesadas muy generoso y además un sistema donde las responsabilidades están repartidas y muchas veces traslapadas entre distintas entidades del gobierno central y del gobierno municipal, ignorando al poder popular representado por las juntas comunales (que quedan como convidados de piedra).

Dichas garantías tan necesarias terminan siendo tergiversadas por ejemplo por mercenarios del “lawfare” criollo quienes se han prestado para debilitar la efectividad del municipio para hacer respetar el bien común en beneficio del interés de particulares y son una amenaza constante para la buena gestión pública. De triste recordación, para quienes defendemos el municipalismo y la descentralización administrativa, fueron la declaración de nulidad por ilegal del Acuerdo 94 de 2018 que creo el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de San Francisco o del Acuerdo 025-2019 “que modifica sanciones y multas impuestas aplicables en el Municipio de Panamá”.

En el primer caso mediante una cuestión de forma la CSJ echó al trasto más de medio millón de dólares y en el segundo la CSJ prácticamente le quito la potestad al municipio de sancionar a los autos que usurpen el espacio público. Ambos casos, sin embargo, no solo nos recuerdan de la importancia de las formas y ser quisquillosos en los detalles legales ante cualquier actuación administrativa que ejerzamos, sino de la importancia de la coordinación interinstitucional.

Además, existe la imperiosa necesidad por simplificar procesos y concentrar responsabilidades por ejemplo delegando la mayor cantidad de poder de fiscalización y sanción en los asuntos locales a las juntas comunales en coordinación con sus respectivos municipios quienes deben indicar las políticas públicas a seguir y coordinar las acciones y proyectos de sus juntas comunales. El rol del gobierno central debe centrarse en las macro políticas y macroproyectos de escala nacional y regional.

Un cuerpo numeroso de inspectores municipales adscritos idealmente a las juntas comunales debería poder tener el mismo nivel de eficacia sancionatoria que los inspectores de la Policía Nacional cuando imponen una boleta de tránsito, permitiendo al funcionario actuar de oficio y en el lugar de los hechos, patrullando el territorio, registrando digitalmente sus hallazgos y sanciones y de ser necesario remover al infractor o el elemento discordante con la norma o reponer lo robado o destruido a costa del infractor. De esta manera estimo, podremos aumentar la eficacia y transparencia en el cumplimiento de la ley.

Por último debemos hablar sobre la necesidad de financiar y administrar los proyectos públicos, en especial aquellos de infraestructura y de espacios públicos, (porque estos no son gratis) pero antes de llegar allí el gobierno central debe por fin delegar en los municipios la responsabilidad de administrar los espacios públicos y la infraestructura pública además de el poder de cobrar y manejar los impuestos, cánones y rentas que sean necesarios para mantenerlos además de la formación de empresas municipales que le permitan a la municipalidad generar ingresos propios suficiente sin recurrir necesariamente a generar nuevos impuestos para sostener sus funciones.

El gobierno central hoy por hoy se encuentra abrumado por la complejidad y extensión de sus responsabilidades como para atender asuntos locales y es por ello por lo que la descentralización debe ser radical, pero vigilada de cerca (más no operada) por el gobierno central. Para lograrlo necesitamos que la sociedad civil organizada y nuestros políticos comprendan la necesidad y simplemente confiar en el proceso de aprendizaje y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales profundizando y acelerando el proceso legalmente (en la Asamblea y el Concejo Municipal). ¡Para mañana es tarde!

El autor es subdirector de Planificación Urbana del Municipio de Panamá.