En 2006, el entonces Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, se despedía del cargo que había ejercido durante cinco años, afirmando en una entrevista aparecida en este diario, que el gran reto de Panamá era “poner el Estado a funcionar”.
Se refería a la necesidad de implementar una carrera administrativa que no solo asegurara la estabilidad de los funcionarios, sino que fuese una garantía de buen gobierno para el ciudadano. Y es que la ausencia de un servicio civil profesional, técnico y alejado de los vaivenes de la política es, sin duda alguna, una de las falencias más graves de esta democracia nuestra, algunas veces calificada de imperfecta, otras de deficiente, o simplemente identificada como una democracia electoral.
La institucionalidad panameña, salvo algunas excepciones, se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo humano sostenible que tanto requerimos. Se trata de una institucionalidad que propicia la corrupción y la impunidad, la falta de transparencia y el rendimiento de cuentas. Una institucionalidad que es poco más que un vulgar botín de guerra que se reparten los partidos que llegan al poder, provocando esa falta de funcionamiento a la que hacía alusión hace diez y siete años el ex Defensor del Pueblo.
Justamente en 2006 se produjeron dos trágicos acontecimientos que debieron provocar un cambio radical en el funcionamiento del Estado. Imposible olvidar las terribles imágenes de un autobús del servicio de transporte público en llamas, así como el momento en que el país supo que un medicamento para la tos distribuido masivamente por la Caja del Seguro Social resultó ser un veneno. Ambas tragedias tenían como trasfondo la ausencia de un sistema de gobernanza que incluyera los controles que hubiesen evitado su ocurrencia.
Solo un año después, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos decía con claridad en uno de sus informes, que “la pobreza, la desigualdad y la exclusión social son consecuencias de un cierto tipo de instituciones y de una cierta manera de hacer las cosas”.
Una “cierta manera de hacer las cosas” que ha echado raíces en Panamá y que provoca situaciones absurdas como el hecho de que el Gobierno aprobara un contrato de concesión minera usando un procedimiento calificado previamente como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, o que el ministro de Comercio consultara al Procurador de la Administración sobre el tema, para luego ignorar su opinión.
También se destruye la institucionalidad y se socava la democracia, cuando un Ministerio de Economía y Finanzas le quita recursos al Instituto Oncológico, mientras se muestra generoso con la Asamblea Nacional, para que cada diputado despliegue su particular estrategia clientelar. O cuando se destruye el proceso de descentralización tan necesario para el desarrollo local, convirtiéndolo en otra fórmula de rapiña política. Es una “cierta manera de hacer las cosas”, que nos mantiene como uno de los países más desiguales de la región.
Hace unos días, los amigos de IDEA Internacional presentaron en el Tribunal Electoral el último informe sobre el estado de la democracia en el mundo. Y las noticias no son especialmente alentadoras.
Panamá está en la región del mundo que ha visto erosionada la calidad de su democracia consistentemente por los últimos seis años, evidenciándose graves problemas en la eficacia del Estado de derecho con los consecuentes abusos en libertades y menoscabo de las garantías fundamentales. Y ya se sabe, si falla el Estado de derecho, la democracia peligra.
Afortunadamente, como ha destacado el informe y algo de lo que Panamá puede sentirse orgullosa, la democracia está siendo defendida en muchos países por la acción decidida y valiente de los ciudadanos y otras instancias como el periodismo, organizaciones de la sociedad civil, comisiones de derechos humanos, organismos electorales, etc. Lo que acabamos de vivir en este país -dejando de lado los excesos y abusos que nunca faltan- fue un ejemplo de ello.
La democracia, nos recuerda el Informe de IDEA, es control del poder por parte de los ciudadanos. Y justamente eso fue lo ocurrido en Panamá, sentando además un hermoso precedente en defensa de la naturaleza, justo cuando el mundo enfrenta las graves consecuencias del cambio climático.
Lo sucedido es una muestra de esos “pesos y contrapesos” que da título al informe de IDEA Internacional, y que se destacan como la esperanza para enfrentar o mitigar los embates autoritarios, en este momento difícil que vive la democracia por doquier.
El Informe de IDEA destaca algo que ha sido la misión de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana que me honro en presidir: sin una ciudadanía comprometida y participativa, la democracia peligra. Por ello, desde su nacimiento en 1995, hemos potenciado la participación e impulsado el poder ciudadano que, por supuesto, tiene un impacto nacional, pero que sobre todo tiene en el ámbito local el mejor escenario para desplegarse con eficacia en la defensa del espacio público, en el mantenimiento de las escuelas, el manejo de la basura, en la exigencia de un mejor sistema de salud, en pedir cuentas a los funcionarios, en denunciar la corrupción.
En informe anual de IDEA Internacional llegó en un momento muy oportuno y con un claro mensaje: en tiempos de erosión de la democracia, nos toca a todos cuidarla.
La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, TI Panamá
