En varios países de América Latina, como Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Uruguay, la licencia remunerada cuando nace un nuevo miembro de la familia no es exclusiva para las mujeres, sino también para los hombres. En Panamá esta iniciativa ya se ha elevado a discusión en el Órgano Legislativo. Si bien es cierto es una medida respaldada por la Organización Internacional del Trabajo, bajo el argumento de “igualar los derechos laborales de mujeres y hombres”, hay que tener en cuenta que más que algo que sea exigido por los hombres, es impuesto por los legisladores que apuestan al populismo para hacer crecer su capital político.
Se argumenta que la licencia por paternidad humaniza y fortalece el vínculo familiar, sin embargo, no es menester del Estado velar por el fortalecimiento de las familias, pero sí es su deber el establecer condiciones óptimas para que las empresas puedan establecerse, con seguridad jurídica y estabilidad financiera, para que la prosperidad les permita generar empleos.
Esta medida, como muchas otras relacionadas a las prestaciones laborales, afecta tanto a las grandes empresas como a las pequeñas y micros iniciativas privadas que, además de verse con un engorroso trámite burocrático para establecerse, se encuentran con muchos compromisos salariales impuestos, que retardan o impiden la expansión de sus operaciones.
Por otro lado está la respuesta de la sociedad que, en muchos casos, a cambio de recibir un beneficio cortoplacista puede mostrarse en defensa del populismo que tanto critica, pero sin apreciar “la foto completa”, en la que se refleja que estas acciones demagógicas, como un bumerán, se regresarán cuando las empresas retrasen su expansión, presenten negativas de aumento de salario o busquen ampararse en la ley para no aplicar estas medidas, ya que supera su capacidad de manejo de personal y recursos disponibles.
No es una acción en masa, podrán opinar algunos; tampoco son muchos días, ya que solo se contemplan cinco, pero ¿qué sucede con aquellos puestos clave? ¿Qué pasa con aquellas grandes industrias? ¿Y con las empresas con poco personal? Si usted no fuera empleado, sino propietario, ¿cómo vería la situación de planilla y logística diaria?, hombres y mujeres dejando sus puestos de trabajo por paternidad y maternidad. ¿Se dejará de producir esos días en esa empresa?
El Estado tiene una función regulatoria en cuanto a garantizar la ejecución de las leyes, el derecho a la vida y a la propiedad privada, pero no debe regular cómo los hogares manejarán sus tiempos ni su bienestar y, mucho menos, cómo se organizarán para la crianza y cuidado de sus hijos. Esta es responsabilidad única y exclusiva de los responsables que, en este caso, deberían exigir respeto a su privacidad y no alentar a que esta se vea violentada. Por el afán de establecer la “igualdad de derechos”, estos se colocan en posiciones muy vulnerables y, además, lejos de garantizar su ejecución, se promueve la violación a la ley, ya que las empresas llegan a acuerdos privados con sus empleados para no cumplir con lo establecido por el Estado cuando se afecta la operatividad.
La responsabilidad paternal y la estrechez que este vínculo tiene no se debe utilizar como un tema político, legislativo, ni de Estado, pues es una artimaña de la que hace uso una vez más el sector político para alimentar su discurso populista y hacer caer en ese dañino círculo vicioso a una sociedad que no ve más allá de sus intereses inmediatos, sin tener la visión de que la única que se afecta es ella misma y los hijos por los que aboga.