Vivimos días estelares, con convulsión y luces del indispensable asentamiento de una ciudadanía democrática y plena, que está llamada a impulsar el progreso moral, social y económico de una patria con rastros humanos desde hace 15 siglos.
La lucha es por una Patria robusta con una organización de iguales, en una dimensión contemporánea, participativa, frente a prácticas y6/o sustratos de sociedades tribales y sociedades jerárquicas que imponen desigualdades ‘naturales’. Que supere cleptocracia, plutocracia e ineptocracia.
Con vergüenza, describimos que compartimos techo con humanos enlodados en una comunidad con los más altos índices de corrupción y de desigualdad en el continente americano, no equidistante de Haití, estado fallido y dominado hoy por las narcomafias.
Tarea titánica es desmontar ese andamiaje sin fuerte institucionalidad y con estructuras que blindan la impunidad.
Esos desafíos los afrontamos gracias a la ciudadanía activa, que la construimos y la desarrollamos en atención a aquello que tenemos en común, como lo simbolizado en nuestra bandera, el Himno Nacional, el panañol y demás expresiones culturales particulares. La riqueza del ser panameño está en nuestras semejanzas y en aquello que vaya más allá de nuestras individualidades. Nuestro progreso no está signado por las diferencias, la radicalidad o la intolerancia, sino igualando, bajo la panameñidad, derechos y deberes. También deberes.
Factor crucial en nuestro devenir y del ejercicio de la ciudadanía plena es la juventud que ha protestado contra la decisión oficial de aprobar el contrato minero 406 a favor de una empresa transnacional y ha defendido el valor sublime de la Patria. Se ha unido a la protesta de fuerzas docentes, indígenas y sindicales.
Nuestras identidades (personales o grupales) se seleccionan y se crean mutuamente y se manifiestan en un espacio público de debate, rebate y de preocupaciones. Ese espacio, con grados y acentos diversos, se ha expresado en todo el territorio nacional, desde Bocas del Toro hasta Darién; de occidente a oriente; de norte a sur.
Panameños somos iguales en atención a una Carta Magna, que todos estamos obligados a respetar y conocer, sobre todo quienes ejercen autoridad y poder; iguales en derechos y deberes consignados en esa ley. Cuando asumen sus cargos, los altos jerarcas juran cumplirla.
El ciudadano sustenta el sentido político de una comunidad; no al revés. Recibe las garantías políticas y la asistencia social. Ese poder está para acatar las leyes, como el derecho de protesta y la libre circulación de los ciudadanos.
La represión a trocha y moche, como se ha evidenciado, y el impedir el libre tránsito, violentan esos derechos y deberes.
No vivimos solos; vivimos en armonía, y enfrenta esa ley indispensable quien se sobrepone con la imposición, desde la aprobación de una ley, de forma exprés y contra la voluntad de una gritante mayoría. Una ley que violenta muchos artículos de la Constitución, como lo han identificado expertos.
La ciudadanía actuante está obligada a ser vigilante del acatamiento de derechos y deberes, así como de los principios y valores establecidos en nuestros símbolos patrios, que datan de hace 120 años cuando nos organizamos como república ante el concierto de naciones.
Ha habido mucho abuso e injusticia oficial, corrupción e ineptitud, que no deben quedar en la impunidad y ante lo cual están llamados a actuar los personeros de los órganos correspondientes.
Estallido social en defensa de la soberanía (y emula campañas acaecidas de hace 80 años), contra la corrupción crónica, la defensa de la Naturaleza, por el buen gobierno y un manejo racional y probo de las finanzas públicas.
El autor es docente, periodista y filólogo.
