La situación del personal de enfermería del Hospital Regional Luis Chicho Fábrega es alarmante y constituye un claro reflejo del abandono al que han sido sometidos por las autoridades de salud. Estos profesionales, quienes desempeñan una labor crucial para la atención de los pacientes, llevan más de cuatro años trabajando en condiciones extremadamente precarias, con contratos temporales que caducan constantemente y, peor aún, sin recibir sus salarios de manera puntual.
Es inaceptable que quienes cuidan de la salud de la población deban trabajar sin la seguridad de un contrato formal, sin ingresos regulares y con la constante incertidumbre de si serán pagados por su trabajo. La demora en la renovación de contratos y en la recepción de los salarios es un atentado que no puede continuar. Estas prácticas no solo afectan la estabilidad de los trabajadores, sino que también comprometen la calidad del servicio de salud que se brinda en el hospital, ya que un personal desmotivado y agotado por la falta de reconocimiento laboral difícilmente puede mantener la excelencia en su desempeño.
El Código de Trabajo de Panamá, aunque aplica de manera general a todos los trabajadores, establece que el salario debe pagarse puntualmente. En su artículo 161, menciona que el empleador está obligado a pagar el salario completo y a tiempo según lo estipulado en el contrato de trabajo, y cualquier retraso en el pago puede dar lugar a sanciones o a reclamos legales por parte del trabajador. La Ley 66 de 1947 sobre la Carrera Sanitaria regula aspectos de la relación laboral y profesional del personal del Ministerio de Salud y otras instituciones relacionadas. Esta ley incluye disposiciones relacionadas con los derechos de los trabajadores, y aunque no trata directamente el tema de los salarios, establece la base legal para el reclamo de condiciones laborales adecuadas, incluyendo la puntualidad en los pagos.
El Minsa debe establecer mecanismos de planificación adecuados para evitar que se repitan estas situaciones. Es urgente implementar una mayor transparencia y organización en la gestión de contratos y pagos, evitando que se afecte a los profesionales de la salud por negligencias administrativas. Un sistema de monitoreo continuo puede ayudar a prever estos problemas antes de que lleguen a situaciones críticas.
Es inadmisible que se siga retrasando el pago de lo que les corresponde por derecho. Además, no se pueden tolerar más demoras en los trámites de renovación, los cuales deberían ser automáticos para evitar interrupciones y retrasos en los pagos. Es necesario acabar con la incertidumbre de los contratos temporales y brindar estabilidad laboral a estos profesionales, quienes merecen contratos permanentes que les garanticen seguridad y tranquilidad.
El incumplimiento en el pago de sus honorarios genera consecuencias devastadoras. Afecta gravemente la calidad de vida de estas personas, muchas de las cuales dependen de sus ingresos para mantener a sus familias y cubrir necesidades básicas. Esta situación de precariedad laboral provoca estrés, agotamiento mental y físico, lo que puede traducirse en un deterioro de su desempeño profesional.
¿Cuándo el Ministerio de Salud le dará prioridad a la firma de los contratos pendientes de manera urgente? Acortar los plazos excesivos propuestos para su formalización es fundamental. No solo para garantizar el pago de los salarios, sino también para asegurar los derechos laborales de las trabajadoras. Acelerar este proceso administrativo debe ser una prioridad, implementando más recursos humanos si es necesario.
Es moralmente ineludible que los trabajadores de la salud tengan condiciones justas y dignas para poder desempeñar su labor con seguridad y tranquilidad, y es deber del gobierno garantizarlo. El incumplimiento de estas obligaciones tendrá consecuencias graves no solo para los trabajadores, sino también para el sistema de salud en su conjunto, afectando la calidad de la atención y la confianza pública en las instituciones.
La falta de pago constituye una violación flagrante de los derechos laborales de estos profesionales. El trabajo no remunerado socava su dignidad y los deja en una posición de vulnerabilidad, obligándolos a seguir laborando sin garantías, mientras que la institución que se beneficia de sus servicios incumple con sus obligaciones contractuales.
La autora es bibliotecaria, narradora y poeta.
