¿Por qué y para quién?

La polémica demolición de la iglesia San Isidro Labrador en el pueblo de Capira, la reciente declaración de protección de varios edificios en el centro de Aguadulce y la destrucción –velada- del registro arqueológico de la catedral Santa María La Antigua y otros temas ya expuestos, amerita traer a lo público la discusión del tema institucional en la conservación patrimonial.

La iglesia de Capira se construyó en 1887 y tuvo 130 años de presencia en la comunidad de Capira. Surge la primera pregunta: ¿era la iglesia San Isidro Labrador patrimonio histórico para el pueblo de Capira y para Panamá? ¿Es parte de la historia de Panamá la alfabetización de Victoriano Lorenzo como monaguillo en la iglesia de Capira? ¿Son todos los eventos sociales y culturales de la comunidad de Capira parte de la memoria y la historia de Capira?

Parece que fue la Iglesia, junto a la diputada del circuito y la Asamblea Nacional de Diputados, quienes impulsaron las acciones de demolición del inmueble. ¿Puede la Asamblea pasar por encima del alcalde y usurpar las tareas administrativas que están bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Cultura (INAC) y la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico (DNPH).

¿Es la asignación de un millón de balboas de fondos públicos la fuerza que genera la acción de no conservación patrimonial de la iglesia de Capira? ¿Quiénes son los actores interesados en el beneficio de las obras civiles de la nueva iglesia de San Isidro Labrador?

Recientemente leímos con mucho interés que el H.D. Noriel Salerno ha promovido una Ley para la protección monumental de edificios en el centro del pueblo de Aguadulce. La justificación del proyecto de Ley reconoce que “el distrito de Aguadulce ha jugado un papel importante en acontecimientos que marcaron el futuro de Panamá. Por ejemplo, fue escenario de varias batallas de La Guerra de los Mil Días. Parte de esta historia se encuentra dentro del Museo Regional Stella Sierra, el cual es administrado por el INAC. Este museo fue instalado en un histórico edificio que data de inicio del siglo XX y que primero fue ocupado por la oficina de Correos y telégrafos de Panamá”. Lo que pasa con Aguadulce es diametralmente distinto a lo que ocurrió en Capira. Estas acciones son dos caras de una misma moneda que impactan de manera diferente a la conservación o destrucción de la memoria de este país.

Ahora pongamos el lente a las acciones de restauración de la catedral Santa María la Antigua. Información pública y notoria nos dice que desde la centralidad del Estado fueron asignados $12 millones para su intervención. La polémica sobre el cambio de los contratistas ha pasado desapercibida por la sociedad.

Lo reciente que circula en círculos de interés, es que el registro arqueológico de la catedral fue destruido por la instalación soterrada del equipo de aire acondicionado. ¿Cuál ha sido el nivel de supervisión por parte de la DNPH de los trabajos de restauración o destrucción de la catedral? ¿Por qué tanta prisa en terminar los trabajos y obras en la catedral? ¿Amerita por parte de los administradores del bien acciones de omisión y destrucción patrimonial? ¿Quién es responsable de estas acciones?

Vuelvo a la Constitución Política y a su artículo 85….. “El Estado decretará la expropiación de los que se encuentran en manos de particulares”. De lo anterior surgen más preguntas que no sé si valdrá la pena seguir formulando, pero que deberán ser respondidas en su debido momento.

Expongo la necesidad de la revisión de los procedimientos para la declaración patrimonial de bienes inmuebles, de la asignación de fondos para su conservación y finalmente la custodia y propiedad de dichos bienes patrimoniales que son concomitantes para su conservación.

En el caso de paisajes culturales como el cerro Trinidad en Capira —último bastión patrimonial de los capireños— y el cerro Ancón en Panamá, cierro la entrega con más preguntas de naturaleza técnica y administrativa sobre el carácter y futuro de este. ¿Constituye el paisaje cultural del cerro Ancón parte del Patrimonio Histórico Nacional? En una circunstancia de debilidad institucional por parte de los actores legales, el limbo administrativo en que se encuentra el cerro Ancón y los rumores que circulan de una contratación directa por parte del alcalde Blandón para la construcción de una torre de observación pagada con fondos públicos, pregunto, ¿cuál será el futuro de conservación patrimonial de los valores culturales, naturales e históricos del cerro Ancón? Urge una discusión sobre estos asuntos.

El autor es ingeniero