¿Con paso firme? Me pregunto si realmente es así. Según ONUSIDA, las nuevas infecciones por VIH han disminuido a nivel mundial. Sin embargo, esa no es la realidad que enfrentamos en Panamá. Implementar y sostener campañas de prevención ha sido un desafío constante para el Ministerio de Salud (MINSA), mayormente obstaculizado por prejuicios religiosos y temores políticos. Mientras tanto, la sociedad civil lucha con recursos limitados, haciendo esfuerzos titánicos por brindar respuestas a nuestras comunidades. Un trabajo que el MINSA rara vez reconoce o incluye en sus informes oficiales.
Es justo señalar que el MINSA ha logrado avances significativos en asegurar el acceso a medicamentos para personas viviendo con VIH. Años de articulación con la sociedad civil y los grupos de personas con VIH han dado como resultado altos índices de acceso a tratamientos, incluso en medio de problemas esporádicos de desabastecimiento. Según las autoridades, el servicio es generalmente satisfactorio, y en ese aspecto, es importante reconocer los logros alcanzados.
Pero la prevención cuenta una historia diferente. En Panamá, clínicas comunitarias clave han cerrado debido a la falta de financiamiento, mientras que otras enfrentan el mismo destino. Por más de un año, no hemos tenido acceso a condones, lubricantes ni materiales educativos esenciales para la prevención. La única clínica que ofrecía servicios específicos para la población trans cerró hace dos años, y otras dos que atienden a poblaciones vulnerables con pruebas rápidas han visto sus servicios paralizados, víctimas de la falta de recursos y decisiones de la administración de Laurentino Cortizo. En Chiriquí, la única clínica comunitaria que brinda atención a indígenas y poblaciones clave cerrará sus puertas en diciembre por las mismas razones.
ONUSIDA destaca que la respuesta al VIH debe estar arraigada en las comunidades. Sin embargo, el MINSA no valida este planteamiento y, en cambio, ha optado por tercerizar servicios. Esta estrategia ha debilitado aún más la respuesta nacional a la epidemia.
El pasado 4 de julio, durante una recepción, tuve la oportunidad de acercarme a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. Le estreché la mano y, en nombre de la comunidad LGBTIQ, le pedí la reactivación de la Comisión Nacional del VIH (CONAVIH). Ella me aseguró que su equipo estaba al tanto de esta tarea, pero han pasado cinco meses y aún no hay fecha para la primera reunión bajo el actual gobierno.
Mientras tanto, las cifras no paran de subir: Panamá ocupa el primer lugar en Centroamérica en porcentaje de nuevas infecciones por VIH. Además, los casos de sífilis, tuberculosis y gonorrea han mostrado incrementos alarmantes.
La clave está en la sociedad civil. El MINSA debe apostar por trabajar con nosotros. Somos quienes vivimos y conocemos de cerca las realidades de las poblaciones clave. Llegamos a los lugares donde muchos funcionarios públicos no pueden o no quieren ir, ya sea por la hora, el entorno o el riesgo. Promovemos la salud en espacios complicados, con empatía y entendimiento, algo que solo se logra estando inmersos en estas comunidades.
Sin embargo, el MINSA nos ha dado la espalda. Los espacios de diálogo y decisión entre la sociedad civil y las autoridades sanitarias han desaparecido, cerrándose uno a uno.
Sra. Maricel Cohen de Mulino, con respeto le solicitamos: las poblaciones clave necesitamos de su liderazgo para garantizar nuestra salud frente a las infecciones de transmisión sexual.Esperamos con urgencia la reactivación del CONAVIH, un espacio fundamental para coordinar y fortalecer la respuesta nacional. Solo así podremos avanzar con paso firme.
El autor es activista por los derechos humanos y la salud de la población LGBTIQ.
