Para decirlo en lenguaje de la reciente JMJ, no se puede estar en la procesión y repicando la campana. Sin embargo, esta lógica no suele aplicarse por estos lares, donde el concepto de conflictos de interés es casi desconocido o simplemente ignorado.
Cuando se produce un conflicto de interés, el criterio y el proceso de toma de decisiones se encuentra indebidamente influenciado por un beneficio particular, frecuentemente económico o personal, así como por afectos y relaciones personales. Es decir, se produce un conflicto de interés cuando se actúa en beneficio propio o de un tercero, en lugar de hacerlo en beneficio general.
Los ejemplos abundan. Imaginemos un diputado que identifica un área en su circuito para hacer un parque público. Imaginemos que en vez de gestionar la realización de la obra a través del Municipio, logra que la tierra sea traspasada a un patronato que él preside, aprobado por sus colegas en la Asamblea Nacional. Imaginemos que en el proceso, el diputado en cuestión logra ocupar la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, desde donde gestiona las partidas requeridas para poner a andar el patronato. En otras palabras, dinero público que es utilizado para apuntalar el camino de reelección de un diputado, sin que las instituciones de fiscalización del Estado pongan freno al desenfreno.
Otro buen ejemplo lo conocemos gracias al aguerrido periodismo de investigación de este diario: la fascinación de los diputados por las organizaciones, directivas y ligas deportivas. Obviamente, la fascinación tiene una razón clara: los diputados no tienen que meterse la mano en su bolsillo para aparecer como mecenas del deporte, ya que la famosa “gobernabilidad” se ha convertido en la llave mágica que abre la pluma del presupuesto nacional para tal fin, alimentando el clientelismo y, de paso, facilitando el camino de la reelección.
En el tortuoso camino que se inicia con nuestros impuestos, continúa con el presupuesto general del Estado y termina en manos de fundaciones, patronatos y ligas deportivas de los diputados, aparece siempre alguna empresa cuya razón de ser nada tiene que ver con el servicio para la que es contratada, y que suele estar ligada al diputado en cuestión. Así, el círculo del conflicto de interés se cierra completamente, sin el menor sonrojo de los implicados.
Y como el dinero es efectivamente entregado, permitiendo la contratación de servicios y compras varias, se produce la ansiada “dinamización” de la economía, para alegría de vendedores y suplidores. Y justo por eso, todos callan.
También está el gerente de una empresa vinculada, por ejemplo, al sector eléctrico, que deja el cargo para pasar a dirigir la entidad pública reguladora de ese mismo sector, a través de la tristemente célebre puerta giratoria. La pregunta es obvia: ¿qué interés defenderá ese gerente reconvertido en funcionario? ¿Es posible que actúe de forma imparcial para beneficio de los consumidores? ¿Podrá enfrentar las presiones de las empresas del sector en el que trabajó? Difícilmente.
No falta, por supuesto, el diputado que forma parte de directivas de entidades públicas, o aquel que abandona su curul parlamentaria para convertirse en ministro o embajador, sin el menor sonrojo ante la evidente ruptura del principio de separación de poderes, gracias al salvoconducto “la ley no lo prohíbe”. La reciente decisión del Gabinete sobre los directivos de la Autoridad del Canal de Panamá es otra acción que contradice, por ejemplo, los principios del gobierno corporativo que tanta falta nos hace.
Los conflictos de interés son una fuente de corrupción, deterioran la institucionalidad propiciando la ineficacia del aparato estatal, el abuso de poder, el tráfico de influencias y el despilfarro de los recursos públicos. Es hora de ponerle un freno y hacer algo al respecto. Desde el sector público y desde el privado.
Requerimos un marco regulador muy claro en materia de conflictos de interés, protección de denunciantes, enriquecimiento no justificado, aumento de penas para los delitos vinculados a la corrupción, etc. La ruta a seguir está clara hace rato y todos debemos exigirla.
En este país de primos, parientes y compadres, urge enfrentar con herramientas eficientes el generalizado problema del conflicto de interés. No podemos seguir mirando para otro lado, mientras los más vivos aseguran estar tocando la campana, nos roban a todos en la procesión.
La autora es periodista, abogada y directiva de la Fundación Libertad Ciudadana
