En los próximos días, el gobierno de Panamá presentará su propuesta de reforma a la Ley 51 de 2005, la cual se ha estado preparando con base en un mes de consultas con los actores principales. Este proceso debería abordar al menos dos dimensiones cruciales: los principios de la seguridad social, tal como los establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el trasfondo ideológico que determinará las soluciones y límites de la reforma.
Los principios fundamentales que deben guiar cualquier reforma del sistema de pensiones son:
Cobertura: Ampliar la cobertura de la población económicamente activa (PEA) es esencial, especialmente para incluir a los trabajadores informales, quienes suelen quedar fuera de los sistemas contributivos de pensiones.
Solidaridad social e igualdad de género: Es fundamental corregir las desigualdades tanto en el mercado laboral como dentro de los sistemas de pensiones. Las mujeres y los grupos vulnerables suelen recibir pensiones menores debido a su menor participación en el mercado laboral formal o a los sesgos estructurales en el sistema de seguridad social.
Suficiencia de las prestaciones: Las pensiones deben ser suficientes para garantizar una vida digna. En América Latina, las tasas de reemplazo, especialmente en los sistemas privados, suelen ser bajas. Un enfoque mixto podría mejorar las prestaciones aumentando la edad de retiro, ajustando las contribuciones y reduciendo los costos administrativos.
Administración eficiente: Mejorar la gestión del sistema de pensiones es clave para garantizar su sostenibilidad. Una opción es introducir administradoras públicas que compitan con las privadas, reducir comisiones y utilizar la tecnología para aumentar la transparencia y eficiencia.
Sostenibilidad financiera-actuarial: Cualquier reforma debe asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. Esto incluye aumentar la proporción de afiliados que cotizan, diversificar las inversiones y realizar estudios actuariales periódicos que mantengan el sistema en equilibrio, con mecanismos establecidos para el ajuste de medidas paramétricas.
Además de estos principios, el sistema de pensiones está condicionado por las concepciones ideológicas que definen la visión política de un país. En un extremo del espectro está el anarcolibertarismo, que promueve una intervención mínima del Estado. En este modelo, las pensiones se basan exclusivamente en el ahorro individual, con la creencia de que el mercado y la competencia ofrecen las mejores soluciones. Aquí, la responsabilidad del retiro recae completamente en el individuo, y el papel del Estado es secundario o inexistente.
En el otro extremo se encuentra el estatismo extremo, que defiende una intervención estatal total en el sistema de pensiones. Este enfoque propone que el Estado garantice una pensión mínima para todos los ciudadanos, financiada a través de impuestos. Se basa en la premisa de que el Estado tiene la capacidad redistributiva necesaria para ofrecer una jubilación digna a todos, independientemente de sus ahorros personales.
Ambos enfoques tienen ventajas y desventajas. El anarcolibertarismo fomenta la autonomía individual y reduce la carga fiscal del Estado, pero puede resultar en desigualdades profundas, ya que muchas personas no logran ahorrar lo suficiente para su jubilación. Por otro lado, el estatismo asegura una pensión mínima para todos, pero puede ser insostenible si no hay suficientes ingresos fiscales para financiar el sistema.
En el contexto de Panamá, una economía de alto ingreso con una baja carga fiscal, es evidente la necesidad de implementar un sistema que combine lo mejor de ambos enfoques. En gran medida, el actual sistema mixto, si se le aplican ciertos ajustes —por ejemplo, en el tope salarial para el componente de beneficio definido—, cumpliría con este objetivo, ya que permitiría complementar el ahorro individual con una intervención estatal que garantice una red de seguridad mínima para quienes no logren ahorrar lo suficiente. Esta combinación podría corregir las desigualdades de género y mejorar tanto la suficiencia de las prestaciones como la sostenibilidad financiera del sistema.
En la práctica, muchos países que optaron por sistemas de capitalización individual han introducido componentes estatales para corregir deficiencias en cobertura, desigualdad y suficiencia de las pensiones. Panamá debería tomar en cuenta estas experiencias y ajustar su sistema de acuerdo con los estándares internacionales y las realidades locales. Un incremento progresivo de la tasa de recaudación tributaria, de su actual 14% del PIB a un nivel cercano al 20%, como en el caso de Chile, permitiría garantizar la sostenibilidad del sistema sin comprometer el crecimiento económico ni la tasa de inversión extranjera. Con menos de un tercio de este incremento —que se podría obtener casi en su totalidad mediante la eliminación de la evasión fiscal y de gran parte de las exenciones tributarias que benefician a un número reducido de sujetos—, se dispondrían de los recursos necesarios para resolver la brecha existente en el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y asegurar una protección justa y equitativa para todos los ciudadanos panameños de manera sostenible y fiscalmente responsable.
El autor es salubrista
