Uno de julio de 2024 marca el inicio de un nuevo quinquenio de gobierno, lo que trae consigo nuevos regentes de la cosa pública, especialmente en los órganos Ejecutivo y Legislativo. El reto que enfrentan es grande, al igual que las expectativas de la nación.
He aprendido y practicado que todo nuevo gerente de empresa, director, ministro de entidad estatal o presidente de la República requiere, al inicio de su gestión, una profunda revisión del ente a ser administrado para determinar su estado de situación. Esto es fundamental para evitar caer en el error de inexperto o neófito de hacer juicios a priori y tomar decisiones imprudentes.
En el análisis situacional del ente en cuestión, en este caso el país, es común determinar las prioridades de la nación a corto plazo. La dirección general para esto está consagrada en la Carta Magna del Estado, es decir, la Constitución Política de la República de Panamá, que es el documento que recoge el proyecto o la visión de país que debemos ser en el presente y que queremos ser en el futuro cercano.
Dicho esto, y haciendo una revisión de la estructura de la actual Constitución, como ciudadano, abogado y urbanista, veo que casi todas las prioridades de la nación panameña están presentes en el actual documento y concebidas como políticas de estado. Sin embargo, el desarrollo urbano nacional no se concibe o se expresa como un título constitucional, lo que considero una ausencia temporal.
Entonces, si las prioridades están planteadas y son de orden constitucional, ¿por qué no atenderlas en lugar de dar tratamiento expedito a otros aspectos del quehacer nacional que no lo tienen o no lo ameritan? Aunque también deben ser atendidos, solo que en el orden correspondiente. A modo de ejemplo, los asuntos de educación, salud, economía, trabajo, seguridad del estado, régimen agrícola, desarrollo urbano y administración de justicia son los primeros que deben ser atendidos en cada administración de gobierno.
Los asuntos políticos y el órgano legislativo no son prioridades de la nación; ellos se la han arrogado. Nunca ha sido su característica; solo que en distintos periodos de gobierno, estos le han restado atención administrativa, presupuestaria y política a las verdaderas prioridades de la República.
En cada nuevo quinquenio presidencial y legislativo se esgrimen cantidades de nuevas consignas sobre la atención de dichas prioridades, pero la costumbre y la cultura política de siempre domina a cuanto nuevo regente se escoja para atender o administrar la cosa pública nacional. Frente a situaciones como esta, siempre me surge la frase que digo, comento y tal vez acuño: “los pueblos o sociedades que son dominados por la costumbre están destinados a vivir en el subdesarrollo”.
Entiendo que hay prioridades que merecen atención inmediata y otras que requerirán tratamiento mediato, pero seguirán siendo todas prioridades de la nación. Un ejemplo de esto es la actividad migratoria en el país, especialmente el caso del Darién. Entonces, ¿por qué perder tiempo y otros recursos del estado en situaciones de menor relevancia? La Lotería Nacional no es prioridad de la Nación; el Hospital Oncológico Nacional y la Ciudad de la Salud sí lo son.
La calidad de la educación nacional en todos sus niveles es una prioridad impostergable; la seguridad pública en las ciudades del país también lo es. Pero los asuntos políticos de Venezuela son prioridad para aquel hermano país, no lo son para Panamá bajo ningún aspecto. Tampoco es prioridad de la nación el estado situacional legal de cualesquiera conciudadanos dentro del sistema nacional de administración de justicia. El aseo urbano y la disposición final de los desechos son una apremiante necesidad en nuestras ciudades; un hospital veterinario no lo es.
A todos los nuevos administradores responsables de la cosa pública, en sus distintos niveles, por favor hagan un examen franco y a conciencia de ella si bien quieren conocerla, de manera de no caer en el error mencionado de inexperto y neófito de la situación nacional y hacer juicios a priori. Pidan asesoría si es necesario, pregunten a las comunidades a través del sistema establecido por la Constitución para tal finalidad (juntas comunales), pero no a los circuitos electorales, ya que el propósito de su creación es otro. De modo que puedan atender de manera adecuada y en el corto plazo las reales necesidades y prioridades de la nación, según lo demanda o establece nuestra Carta Magna. No vaya a ser como en algún otro quinquenio de gobierno que daba la impresión de que el país parecía un barco en alta mar, con tempestad, con un capitán inexperto que perdió la brújula y con amotinados a bordo.
El autor es urbanista y abogado.
