En la noche del 16 de agosto de 2006 en el gran patio de la Cancillería, el presidente Martín Torrijos convocó a los sectores y fuerzas motores de nuestra sociedad, a integrarnos a la Concertación Nacional para el Desarrollo, como un gesto de buena fe que garantizaba, a la vez, las utilidades posibles que derivarían del tercer juego de esclusas, las que se utilizarían para erradicar la pobreza y marginación social, es decir, en obras y mejoramiento de los servicios básicos para todos los habitantes, con prioridad a los marginados de siempre, de los barrios pobres, en el interior de la república y a los 300 mil indígenas de las comarcas.
Se anunció también esa noche que esta trascendental decisión sería sometida antes a consulta popular o referéndum en el mes de octubre de ese año, obedeciendo así el mandato constitucional en su artículo 325.
Para entonces, los que ya se oponían al tercer juego, con razón o sin ella, argumentaban que los beneficios quedarían, como siempre, en los políticos y empresarios. Sinceramente, aquella noche de agosto de 2006, el joven presidente Torrijos hacía esfuerzos nobles y transparentes para neutralizar las aprensiones y dudas contra la obra, cosa que logró.
¿Qué ha ocurrido desde entonces, 11 años después, durante las administraciones Torrijos, Martinelli y Varela? Gran prestigio y garantía de honorabilidad a esta brillante idea se lo dio el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Brazo de la ONU, esta entidad acompañó a lo más representativo de nuestra sociedad, en la Concertación Nacional para el Desarrollo para determinar el mejor uso de las utilidades del nuevo Canal.
Sin embargo, quedó demostrado durante la administración pasada del expresidente Martinelli, que esas utilidades fueron usadas en obras públicas inconsultas en su mayoría, luego en el Metro (único acierto), con afán político electoral. Otras, mediante la trampa de los sobreprecios, fueron a parar en las cuentas personales de la mayoría de nuestros políticos desalmados, algunos en fuga por el mundo.
Los 300 mil paisanos indígenas comarcales nunca han recibido un beneficio del Canal directo para su educación y salud. Después del general Torrijos, a nadie le ha importado con la miseria y marginación de estos compatriotas, solo algunas Iglesias; otros acuden a las comarcas por los votos indígenas y los perfumados de María Farina en sus 4x4, ¡los bellacos de siempre!, a disponer de sus ríos para negocios de hidroeléctricas. Los ngabe bugle siguen muriendo antes de alcanzar los 65 años, acá el resto del país a los 80 y mas años; mueren sin registros de defunción en los caminos, por lo general a orillas de un río, otros con mas suerte en sus hogares tosiendo, algunos allí se pudren a consecuencia de desnutrición, tuberculosis, tosferina, tórsalo y parásitos, vemos cuadros humillantes en pleno siglo XXI.
Los panameños debemos oponernos al cuarto juego de esclusas que solo beneficia al ingeniero Jorge Quijano, en el cargo, y los de su entorno, hasta que el gobierno y la ACP nos indiquen de dónde vamos a tomar agua si el lago Gatún se esta contaminando y salinizando a consecuencia del error de diseño y construcción de las tinas de reutilización de las aguas en las nuevas esclusas por el consorcio español GUPC.
Por otra parte, la prioridad del río Indio y lago Bayano debe ser servir al pueblo y después al Canal. No como se está conspirando en la Asamblea Nacional por el diputado Elías Castillo y en la ACP por los ingenieros Roberto Roy y Jorge Quijano, con una ley madrugadora que a todos sorprenda, que ordena que las cuencas y los ríos Indio y Bayano pasen de inmediato a ser patrimonio exclusivo de la ACP, dizque por emergencia nacional y seguridad de la operación del Canal.
El autor es excomandante de la Guardia Nacional en retiro