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Protección de datos, ¿responsabilidad o cumplimiento?

En la era digital, la privacidad de la información se ha convertido en una preocupación creciente para ciudadanos y organizaciones. En nuestro país, la entrada en vigor de la Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales representa un importante paso para garantizar el derecho de los individuos a controlar el uso de su información. Sin embargo, aún existe un desconocimiento generalizado sobre las implicaciones de esta normativa y el impacto que su incumplimiento puede tener tanto en el sector público como en el privado.

Los datos personales son un activo valioso, utilizados en todos los ámbitos de la sociedad, desde transacciones financieras hasta registros médicos y procesos gubernamentales. La transformación digital ha optimizado estos servicios, pero también ha incrementado los riesgos de acceso indebido, mal uso y filtraciones de información. En este contexto, la legislación panameña establece principios claros para el tratamiento de datos, entre ellos: el consentimiento informado, la finalidad específica y la seguridad de la información.

A pesar de contar con este marco normativo, el cumplimiento efectivo de la ley sigue siendo un desafío; principalmente porque muchas organizaciones aún carecen de políticas internas claras para el manejo de datos personales, lo que las expone a posibles vulneraciones de seguridad. Además, el desarrollo de políticas y mecanismos de supervisión son claves para garantizar que la normativa sea efectiva.

En el ámbito internacional, la regulación de la privacidad de datos ha cobrado gran relevancia. La Unión Europea, a través del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), ha impuesto estándares rigurosos que sirven de referencia para múltiples legislaciones, incluida la panameña. No obstante, la diferencia radica en el grado de aplicación. Mientras que en otras jurisdicciones se han impuesto sanciones millonarias a empresas por incumplimientos, en Panamá aún estamos en una fase de implementación, de cara al cumplimiento de la Ley 81 sobre Protección de Datos Personales.

Frente a esto, el sector empresarial juega un papel fundamental, precisamente porque la adopción de buenas prácticas de ciberseguridad y gobernanza de datos contribuye al cumplimiento legal y fortalece la confianza de los clientes. Las empresas que priorizan la protección de datos personales mitigan riesgos legales y reputacionales, y a la par generan un valor diferencial en un mercado cada vez más competitivo.

Por su parte, el sector gubernamental enfrenta el reto de garantizar que las entidades públicas cumplan con la normativa, entendiendo que los ciudadanos confían su información personal a diversas instituciones estatales. Por ello, es necesario que estas implementen medidas de seguridad adecuadas para evitar accesos no autorizados o usos indebidos.

En la misma medida que la transparencia, la rendición de cuentas, educación y concienciación son esenciales para reforzar la confianza en las instituciones; hay que promover una cultura de privacidad en la sociedad, donde las personas comprendan la importancia de leer términos y condiciones antes de proporcionar su información, así como exigir a las entidades públicas y privadas el debido cumplimiento de la ley. Del mismo modo, las empresas e instituciones gubernamentales deben invertir en la capacitación de sus colaboradores para garantizar un tratamiento adecuado de los datos que manejan.

La protección de datos personales no debe ser vista como un obstáculo para la innovación ni para el desarrollo tecnológico; al contrario, es un elemento clave para consolidar un entorno digital seguro y confiable. Panamá tiene la oportunidad de fortalecer su marco de protección de datos y posicionarse como un país que valora y respeta la privacidad de sus ciudadanos. Para lograrlo, es fundamental la colaboración entre el sector público y la sociedad civil, garantizando que la normativa se traduzca en acciones concretas que resguarden la información personal de todos.

El cumplimiento de la Ley 81 de 2019 no debe verse como una mera obligación legal, sino como una inversión en seguridad y confianza. Solo mediante una implementación efectiva y un compromiso real con la privacidad construiremos juntos una sociedad digital más segura y respetuosa de los derechos individuales.

El autor gerente general de SISAP Panamá.


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