Siguiendo con el análisis al proyecto de ley No. 43 que dejamos inconcluso en la primera parte de este escrito, publicado en la edición del diario La Prensa del 2 de agosto de 2017, pareciera que el alcalde de la capital está en contra de mantener las exoneraciones en los inmuebles de uso comercial, y pretende gravar con impuestos más altos segundas propiedades o residencias de playa o campo que posea una persona o familia. De “lujo” como les encanta afirmar a ciertos funcionarios recaudadores con hostilidad manifiesta. Reiteramos que esta particular visión o manera de ver los tributos nos parece equivocada, pues parte nuevamente de la premisa ideológicamente contaminada de castigar la inversión y la superación personal producto del incremento del patrimonio familiar, como si la superación personal que se deriva de la acumulación de riquezas producto del trabajo y el esfuerzo honesto, responsable, laborioso y sostenible, sea un pecado o algo que condenar. Además, se podría estar violando el artículo 19 de la Constitución al establecer fueros y/o privilegios al pretender gravar propiedades con impuestos diferentes por el simple hecho de que no sea la residencia principal del contribuyente.
Esta afirmación puede que no les guste a aquellos que pregonan por un Estado interventor y en el colectivismo social, pero la única forma de sacar a la gente de la pobreza es promoviendo políticas públicas, las cuales se financian con los impuestos de los contribuyentes, deben promover la superación personal individual de cada panameño y convertirlos así en ciudadanos que contribuyan a la sociedad, para así no tener que estar cargando con subsidios y prebendas populistas, que abultan planilla, burocracia y el despilfarro. Comprobado está que estas iniciativas no sacan a nadie de la pobreza, por el contrario, crean una especie de subclase social, que vive electoralmente secuestrada y adicta a las toallas de los políticos de turno, siendo condenados así a la pobreza eterna.
A mi criterio, la solución está en bajar la tasa al 0.25%, como lo establece el proyecto de ley No. 43; que se le cobre el impuesto a todas las fincas que deban pagar impuesto; y eliminar toda nueva exoneración de cualquier naturaleza. Eso sí, debe quedar claro que aquellas exoneraciones ya otorgadas son derechos adquiridos que no podrían eliminarse.
Otra sugerencia que le he escuchado al alcalde decir es que en lugar de subir las exoneraciones en las viviendas de interés social de $30 mil a $60 mil, se exoneren las viviendas usadas para habitación personal hasta un valor de $120 mil. En este sentido, no me queda muy clara la misma, pues a mi humilde entender pareciera que al llegar al valor tope se tendría que pagar de golpe, lo cual es otra especie de castigo al éxito. En este punto lo planteado en el proyecto de ley No. 43 nos parece una medida mucho más justa hacia el contribuyente, pues se exonera del impuesto a los inmuebles cuya base imponible no exceda el monto mínimo para calificar como viviendas de interés social para los efectos del valor vigente límite, para el rango del beneficio de los intereses preferenciales.
Pero si hay algo positivo luego de más de tres años de discusiones estériles, descalificándose a los dueños de fincas y propiedades de especuladores, promoviéndose de esta forma una lucha de clases innecesaria, ante el apetito voraz que ha despertado en los municipios nuestras propiedades ahora con el cuento de la descentralización, es que el ciudadano común está empezando a darse cuenta de que el poder lo tiene él y no el burócrata de turno.
Igualmente es muy positivo ver a la clase media profesional despertar al fin del letargo en que se ha mantenido sumergida en los últimos 25 años, y exigir, de una vez por todas, que se corrijan las distorsiones que crea el régimen impositivo actual, pues está afectando el patrimonio y ahorro individual y familiar al subsidiar a los gobiernos de turno, a la Capac y al Suntracs, mediante la pérdida de valor de sus viviendas en el mercado secundario, porque la estructura legal actual, y que busca corregir el proyecto de ley No. 43, está diseñada para favorecer la construcción de viviendas nuevas, en detrimento de las ya construidas. Positivo igual es que por fin la clase política se ha dado cuenta, a raja tabla diría yo, de que este tema, como otros, es potencialmente explosivo y puede hacer y destruir carreras políticas, y esto se llama poder ciudadano.
El autor es abogado
