Se inicia, en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, la discusión en primer debate del proyecto de ley 375, que promueve el empleo juvenil sostenible, propuesta por el sector privado, a través del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae), en colaboración con gremios y entidades como Mitradel, Ampyme, Mides, INAC y otras, e introducido a la Asamblea por el H.D. Iván Picota el 12 de julio de 2016.
El proyecto de ley cobra importancia ante el continuo deterioro de la participación de los jóvenes en la expansión del empleo. A pesar de los continuos estudios, programas y buenas intenciones, el número de jóvenes desocupados sigue aumentando en la región y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pronostica que en 2018 el desempleo juvenil en Latinoamérica llegará a 19.6%, la tasa más alta en 14 años.
En Panamá, hace 10 años, la proporción entre adultos y jóvenes que encontraba trabajo era de 3 a 1. Hoy, por cada 11 adultos que consigue trabajo, 1 joven lo pierde.
Un importante factor en este fenómeno es el cambio en el patrón de crecimiento económico y su impacto sobre el empleo. La década 2004-2014 se caracterizó por la realización de importantes proyectos de infraestructura, en particular la expansión del Canal, con una inversión superior a los $6 mil millones, concentrada principalmente entre 2010 y 2014.
Estas inversiones trajeron como consecuencia que el 52% de la expansión del empleo viniera de la construcción, el comercio y la agricultura (2004-2014). Pero a partir de 2014, la logística, el turismo y la industria aportan más de la mitad de las nuevas plazas de trabajo, en lo que será el patrón en la “economía posampliación”.
Aunado a esto, las transformaciones que la tecnología está trayendo al entorno laboral plantean un escenario que amenaza con alienar aún más a la población joven, particularmente los más humildes, en el país con el mayor ingreso per capita de Latinoamérica, pero la décima peor distribución de la riqueza en el mundo.
Una deserción en educación premedia y media del 56% y el hecho de que el 95% de los graduandos humildes se ve forzado a buscar trabajo, han creado las condiciones para que la mayoría de los jóvenes humildes incursionen prematuramente a un mercado laboral para el cual no están preparados.
De hecho, dos de cada tres trabajadores panameños tiene 12 o menos años de escolaridad. Estas debilidades educativas representan la principal barrera para su ascenso laboral y movilidad social, al “condenarlos” a trabajos manuales, repetitivos y automatizables por los avances tecnológicos, lo cual agravaría las ya existentes brechas sociales.
El proyecto plantea varios aspectos importantes. El primero es la creación de una alianza público privada por el empleo juvenil sostenible.
A través de un patronato, se crea una instancia conjunta entre el Gobierno y la empresa privada en materia de promoción del empleo para jóvenes, en una economía en la que el 84% del empleo es generado por el sector privado, 48% de este asalariado.
Se espera que el proyecto sea enriquecido con los aportes de los diferentes actores públicos y privados.
Sin embargo, lo más importante de esta iniciativa legislativa es que surge del sector privado, que genera la gran mayoría de los empleos en el país, con lo cual quiere formalizar su compromiso con la generación de empleo juvenil, la inclusión y la estabilidad social del país, de la mano con el Gobierno, en un entorno donde el emprendimiento, las competencias “blandas” y la tecnología marcarán el futuro del trabajo.
El autor es consultor empresarial
