La reciente convulsión callejera en Chile y otros países de la región nos impresiona a todos. Sin embargo, ya habían antecedentes. En el 2012, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “La protesta social en América Latina”, ubicó a Panamá como el país con la mayor conflictividad social por habitante en Latinoamérica, cuarto en número total de protestas anuales después de Bolivia (11 millones de habitantes, 3 veces la población de Panamá), Perú (30.3 millones, 8 veces) y Argentina (41.4 millones, 11 veces).
El reporte señala a nuestro vecino Costa Rica como el país menos conflictivo del Continente y a Chile con la mayor tendencia a la radicalización de los conflictos sociales (como hoy lo estamos viendo). En otras palabras, en Panamá hay muchas protestas, que (por ahora) no tienden a escalar.
Por diversos motivos (agua, vivienda, tierras, medio ambiente, condiciones laborales, empleo, transporte, seguridad, reformas constitucionales, etc., etc.), el cierre de calles y las protestas son parte de nuestro día a día, en una sociedad en la que parecen haberse agotado las vías para la solución pacífica de conflictos y se recurre a la acción de fuerza, sin considerar que nuestro derecho termina cuando comienza el ajeno.
Evitar el escalamiento de la conflictividad social ha llevado a países como Perú (segundo país latinoamericano en número de conflictos) a crear una Oficina Nacional de Diálogo y Gobernabilidad, dedicada a monitorear conflictos, recolectar información sobre conflictividad, proponer estrategias de diálogo, mediación y negociación, promover una cultura de paz, implementar mecanismos de alerta temprana, promoviendo el diálogo como mecanismo de solución por excelencia, coordinar con entidades de gobierno la atención a los procesos de diálogo, mediación y negociación, así como desarrollar metodologías para la gestión de las controversias, así como el reforzamiento de las capacidades de dialogo, mediación y negociación. Aún así, estas acciones tampoco han impedido la actual crisis política y social peruana.
La desigualdad alimenta la conflictividad, y Panamá, luego de 16 años de crecimiento económico sostenido, es el sexto país más desigual del mundo. En la última década, Panamá llevó a cabo la Ampliación del Canal, el tamaño de su economía aumentó en 76%, se crearon 456 mil nuevos empleos, los salarios se duplicaron, el Gobierno invirtió más de $15.5 mil millones en educación, implementó la Beca Universal y el país hoy tiene el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica.
Pero, a pesar de la multimillonaria inversión en educación, el número de graduandos en educación media aumentó 7%, pero hay 50% más desertores, 14 mil adolescentes abandonan las aulas todos los años y Panamá es el país latinoamericano con la mayor proporción de jóvenes que ve la educación como una “pérdida de tiempo”.
Más aún, los jóvenes menores de 30 años, que obtenían 1 de cada 4 nuevos empleos generados en la economía entre 2004 y 2009, sólo se beneficiaron de 1 de cada 15 empleos a partir de entonces. Luego de una década de “bonanza económica excluyente”, hoy enfrentamos la mayor crisis de desempleo juvenil de los últimos 13 años, el más alto número de “Ninis” en 14 y la peor epidemia delictiva de la historia, a la vez.
El 21 de enero del 2019, como parte de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Winnie Bianyma, Directora Ejecutiva de OXFAM, publicó “La alarmante verdad sobre la desigualdad de hoy”. OXFAM, fundada en la Universidad de Oxford en 1942, y que hoy opera en más de 90 países, a través de 20 organizaciones no gubernamentales, es una de las más importantes fuerzas en la lucha por la reducción de la pobreza y desigualdad en el mundo entero.
Alertando sobre lo que llama la “crisis de inequidad” a nivel mundial, Bianyma hace referencia al Informe de OXFAM, titulado “Riqueza privada o bienes públicos”, el cual alerta que en el 2018, la riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó un 12%, o $ 2.5 mil millones por día, mientras que la mitad más pobre de la humanidad, 3.800 millones de personas, vio disminuir su riqueza en 11%.
Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991, dijo una vez: “Si quieres poner fin a los conflictos, debes estar dispuesto a hacer compromisos”. En consecuencia, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto “vale” para nosotros la convivencia pacífica y la paz social?
El autor es asesor empresarial
