Reformar o desaparecer: el dilema de la CSS

El debate sobre las reformas al sistema de seguridad social en Panamá no solo es urgente, sino ineludible. Durante décadas, el modelo ha mostrado signos de agotamiento, poniendo en riesgo a millones de personas que dependen de él para su bienestar. Ante este panorama, las propuestas presentadas por el gobierno central han generado un intenso debate, no exento de críticas, pero merecen un análisis justo y, sobre todo, honesto.

El presidente José Raúl Mulino, consciente del impacto social y político que estas reformas implican, ha tomado una decisión que pocos se atreverían: enfrentar un desafío histórico que presenta acciones inéditas para mantener la estabilidad financiera del país, a pesar de poner en riesgo su propio legado político. Este es un ejemplo de liderazgo que, aunque polémico, muestra una valentía que debe ser reconocida.

Las propuestas del gobierno abarcan varios aspectos fundamentales:

Incremento gradual de la edad de jubilación: Una medida que ha generado resistencia, pero que responde a un contexto demográfico ineludible. La esperanza de vida ha aumentado significativamente en las últimas décadas, y un ajuste gradual permitiría equilibrar los años de aportes con los años de beneficios sin desproteger a quienes están cerca del retiro.

Aumento progresivo en las tasas de cotización: Aunque puede parecer una carga adicional para trabajadores y empleadores, esta medida busca fortalecer los ingresos del sistema de forma sostenible. Es un sacrificio compartido que asegura que el programa de pensiones pueda mantenerse sin depender excesivamente de los aportes del Estado.

Modernización en la gestión de fondos: La creación de un comité técnico independiente para manejar las inversiones del seguro social es una de las propuestas más innovadoras. Al diversificar las inversiones y buscar mayores rendimientos, se garantizaría una administración más eficiente y transparente de los recursos.

Incorporación de trabajadores informales: Más del 40% de la población laboral de Panamá está en la informalidad, lo que significa que no contribuyen al sistema de seguridad social. Integrar a este sector, con esquemas adaptados a sus realidades económicas, no solo amplía la base de contribuyentes, sino que también genera equidad.

En una época en que los líderes a menudo buscan soluciones populistas o temporales, el enfoque del presidente Mulino merece atención. Estas reformas no son populares ni generan aplausos inmediatos. Sin embargo, son necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Es innegable que estas medidas traerán incomodidades iniciales. Ajustar expectativas y asumir nuevos compromisos no es sencillo. Pero, al final, estas decisiones buscan evitar un escenario catastrófico: un sistema de seguridad social incapaz de cumplir con sus obligaciones, dejando a miles de jubilados y trabajadores en la incertidumbre.

Mulino, al asumir este desafío, demuestra que su prioridad no es la popularidad, sino el bienestar del país. Es fácil criticar desde la comodidad del presente, pero es mucho más difícil mirar hacia el futuro y actuar con la responsabilidad que exige el momento.

Es fundamental que el gobierno acompañe estas reformas con un amplio proceso de consulta y diálogo. La transparencia será clave para ganar la confianza de la ciudadanía. Explicar los porqué de cada medida, mostrar los datos y proyectar los beneficios a largo plazo permitirá que la población comprenda la magnitud del problema y la necesidad de las soluciones propuestas.

Por otro lado, la sociedad panameña también debe asumir su rol en este proceso. La seguridad social es un pacto intergeneracional que requiere el compromiso de todos. Más allá de las ideologías o los intereses particulares, el debate debe centrarse en cómo garantizar un futuro digno para las generaciones presentes y futuras.

El camino hacia estas reformas también enfrenta desafíos, agravados por grupos que, autoproclamados defensores populares, siembran incertidumbre y adoptan un enfoque antagónico. Desde el ámbito digital, actúan como milicias virtuales, distorsionando los objetivos de las propuestas, exacerbando tensiones y dificultando el consenso.

Es inevitable pensar igualmente en el impacto del cierre de la mina Cobre Panamá sobre la economía y el desempeño fiscal del país. Surge entonces una interrogante crucial: ¿podrían los recursos generados por esta operación, gestionados de manera responsable, convertirse en la tabla de salvación para el programa de IVM del Seguro Social?

No hay decisiones fáciles en momentos de crisis, y las reformas al Seguro Social no son la excepción. Sin embargo, este es un momento para pensar en el bien común, más allá de los costos inmediatos. Si bien el Presidente podría optar por postergar este problema y trasladarlo a futuras administraciones, ha elegido “enpantalonarse” y actuar ahora, asumiendo el costo político que esto conlleva.

Es tiempo de reconocer que estas reformas, aunque difíciles, son un paso necesario para asegurar el futuro de todos. No se trata solo de proteger el presente, sino de construir un sistema que resista los desafíos del tiempo. Panamá merece un sistema de seguridad social fuerte, justo y sostenible, y estas medidas, aunque imperfectas, son un comienzo hacia ese objetivo, de ahí la grandeza de ser panameños.

El autor es gestor cultural.